El Gobierno también desdeña el CIS de Tezanos y niega que el órdago de Sánchez tenga impacto electoral

En Moncloa no consideran que los cinco días de abril de Pedro Sánchez vayan a tener efectos electorales a corto plazo, como sí apunta el CIS. El parón para reflexionar sobre su dimisión y, finalmente, tomar la decisión de seguir adelante con el objetivo de impulsar un plan de regeneración democrática y movilizar a los sectores progresistas contra la “máquina del fango” tiene para los socialistas una lectura más a largo plazo. “No creo que vaya a tener demasiado impacto”, apunta uno de los ministros del círculo de confianza de Sánchez. Echando manos de las encuestas reconoce que “no se ven grandes diferencias”.

Su impresión es que el impacto del “punto y aparte” anunciado por el jefe del Ejecutivo “será algo más lento”. Necesita instalarse el debate y, sobre todo, “que los ciudadanos vean que no todos somos iguales”, en referencia a la estrategia política de PP y Vox. De ahí que esperen a que acabe instalándose un “reproche social” frente a la actual forma de hacer política a través de los bulos y las campañas de acaso.

Tanto en Ferraz como en Moncloa contradicen las críticas de la oposición que detrás de la decisión de Sánchez haya un cálculo político. Sus más cercanos colaboradores coinciden en insistir que en las horas previas a su encierro vieron al presidente del Gobierno emocionalmente “tocado” y que su carta a la ciudadanía fue un descargo de sinceridad por los ataques a su esposa, Begoña Gómez.

La tesis de que no se buscaba un impacto electoral y que, en cualquier caso, tampoco se reflejaría en las encuestas, choca con los resultados del sondeo flash del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Según la encuesta realizada dos días después de que Sánchez difundiese su carta a la ciudadanía, este hecho habría provocado un terremoto en las expectativas de voto. El PSOE sacaría 9,4 puntos al PP, cuando el barómetro electoral publicado por este organismo público dos semanas antes situaba a Alberto Núñez Feijóo con la ventaja de un punto sobre los socialistas.

El PSOE se dispararía así hasta el 38,6% de los votos, seis puntos más que en el último barómetro, mientras que el PP caería hasta el 29,2% de los sufragios, cuatro puntos menos que a principios de mes. Un vuelco que desdeñan en el Ejecutivo, si bien centran sus expectativas para las europeas al “efecto moral” de conseguir empujar un cambio de ciclo en Cataluña. A contribuir a que se pase página del ‘procés’ con una contundente victoria de Salvador Illa frente al bloque independentista.

Si los partidos independentistas no logran sumar mayoría, se ratificaría su hoja de ruta sobre la amnistía y las alianzas parlamentarias justificadas en aras de la “convivencia”. Una forma de impulsarse para las europeas e intentar darle la vuelta al cambio de ciclo que busca Feijóo con unos comicios plebiscitarios.

Campaña catalana

Sánchez se está volcando en la campaña de las catalanas y tras recuperar su agenda el pasado pasó tres días en Cataluña. Esta semana acudirá el cierre de campaña, como estaba previsto, y ha añadido un acto más el jueves para arropar a Salvador Illa durante un mitin en Vilanova i la Geltrú.

Aunque los socialistas niegan un impacto en las expectativas de voto del movimiento de Sánchez, el debate abierto sí se está utilizando como elemento de movilización electoral. Además, en pleno ciclo electoral, Sánchez no solo ha neutralizado el arranque de la campaña catalana acaparando todos los focos, sino resituado la agenda. Con menos foco sobre el caso Koldo y más centrado en debate dicotómico entre democracia y degeneración política.

Marcaje a PP y Vox

En este contexto se ha intensificado también el marcaje a los gobiernos regionales de PP y Vox, agitando la batalla cultural. Una denuncia de las “tesis negociacionistas” que Vox buscaría “imponer” al PP en sus gobiernos de coalición. Comenzando por la derogación de las leyes de memoria democrática, como han cuestionado en un informe conjunto tres relatores de la ONU, y poniendo pie en pared ante posibles recortes en materia de derechos LGTBI o contra la violencia de género.

El Ejecutivo ya activó una comisión bilateral con la Comunidad de Madrid para negociar que se reviertan algunos de los cambios introducidos el pasado mes de diciembre en la ley trans y contra la LGTBIfobia. Este mismo marte hizo lo propio con el Gobierno de Aragón por su ley de concordia, paso previo a la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional.