El arquitecto técnico detenido en Sant Josep tasó el terreno para las VPO de los Don Pepe
Un informe de la dirección general balear de Territorio pone en duda los criterios seguidos en la memoria redactada por el arquitecto técnico Miguel López para compensar al propietario de los terrenos donde deben construirse las viviendas para los afectados de los Don Pepe
Terrenos previstos para construir las VPO para los afectados de los Don Pepe. / Vicent Marí
Miguel López, el arquitecto técnico que fue detenido a mediados del pasado mes de junio por la Guardia Civil en la operación por corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Sant Josep, en la que también fueron arrestados el alcalde, Ángel Luis Guerrero, la abogada del Consistorio, dos letrados particulares y un constructor, es el autor de la valoración y cálculo para compensar al propietario de los terrenos en los que se pretende construir las VPO para los afectados por el desalojo de los apartamentos Don Pepe. Un informe posterior de la conselleria balear de Territorio y Paisaje, remitido el pasado 19 de junio (una semana después de las detenciones de ese caso) al Consistorio de Sant Josep, pone en duda los cálculos realizados en esa memoria por López, a quien el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de San Vicente del Raspeig acordó posteriormente dejar en libertad provisional.
En el pasado pleno del Consell, el equipo de gobierno aseguró que ese informe del Govern «tumba» el acuerdo de pleno del Ayuntamiento de Sant Josep adoptado en la sesión del 27 de abril de 2023 para dar salida al nuevo edificio de los Don Pepe. La consellera popular Marilina Ribas afirmó que el informe redactado desde la dirección general de Territorio y Paisaje balear contiene «observaciones que cuestionan la legalidad de la compensación al propietario del terreno en el que se proyecta el nuevo edificio».
Concretamente, entre las «observaciones» realizadas por el jefe del servicio de Estudios Territoriales de la dirección general de Territorio balear, Andreu Fuster Amer, figura el cálculo relativo al valor del terreno «rural» (reclasificado por un Decreto ley como suelo urbanizable para construir en él las VPO), que ascendía, según la memoria, a 3.083.624 euros, así como la superficie necesaria para compensar al propietario actual de los terrenos («de forma que la adquisición del suelo para la construcción de VPO no tenga coste monetario para las arcas públicas»), que fue estimada en 4.525 metros cuadrados de suelo neto. En esa superficie se podría materializar una edificabilidad de 3.167 metros cuadrados.
Regulación estatal
El informe del Govern observaba que esos cálculos se habían hecho «aplicando la Orden ECO/805/2003 de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y determinadas finalidades financieras, en concreto el método residual estático». En ese sentido, el jefe del servicio de Estudios Territoriales recordaba que la valoración del suelo es una materia regulada en la normativa sectorial estatal, en concreto en el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana y, específicamente, en el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo: «Es por ello que llama la atención que en la documentación aportada no haya ninguna mención expresa a esta normativa», indica el responsable de los Estudios Territoriales, que añade que, según se indica en el artículo 2 de la Orden ECO/805/2003, esta se aplica para aquellas tasaciones destinadas a una de las finalidades que prevé, que son tres, si bien ninguna parece encajar en este caso.
En el informe, Fuster señala además que «se echa a faltar en la documentación tramitada [en la memoria realizada por Miguel López] alguna explicación sobre la normativa aplicable o los motivos de exclusión de la normativa estatal del suelo, como también un análisis más exhaustivo sobre la situación básica del suelo que, según parece, se encontraría en una situación de suelo rural».
Concluye su informe señalando que estas «observaciones» se emiten con la finalidad de trasladarlas al Ayuntamiento de Sant Josep y «para su consideración en la tramitación del expediente». Aunque son «observaciones», no dejan en buen lugar a la memoria redactada por el arquitecto técnico.
El primer informe de Roig
Posiblemente, este sea el primer informe que Vicent Roig leyó como alcalde, pues tomó posesión del cargo el sábado 17 de junio y el documento llegó a su despacho el lunes 19. Poco tiempo después, Roig encargó a Miguel López que respondiera al informe emitido por el Govern, trabajo que no entregó hasta el pasado 10 de marzo, hace 17 días. Titulado ‘Anexo informe de valoración de parcela recalificada para VPO y cálculo de la superficie a incluir en ámbito para compensar su valor’, en él justifica los métodos de valoración empleados. De ese texto, desde el Consell destacan el siguiente párrafo, pues, a su juicio, es como si negara que se estuviera recalificando un terreno: «A nuestro juicio, no estamos en un proceso de transformación urbanística ni tampoco estamos en un proceso de expropiación o cualquier otra figura urbanística que obligue a la aplicación del Reglamento de Valoraciones [estatal]; dicho reglamento será de aplicación, por ejemplo, en el futuro proyecto de reparcelación a realizar, en nuestro caso; lo que se solicitó fue únicamente determinar cuánta superficie había que ampliar el ámbito de gestión determinado en el Decreto ley 10/2022 para poder compensar al propietario actual de dicho suelo».
‘Agustinet’: «El informe no se carga nada, es inocuo»
«Lo que contiene ese documento del Govern no son más que observaciones que, a mi entender, no tenían ni que contestarse. El PP, tanto el alcalde como desde el Consell, nos lo echan ahora en cara a Francina Armengol [expresidenta del Govern] y a mí en el sentido de culparnos de habernos cargado el acuerdo con los vecinos. Leído y releído ese informe, no entiendo que sea así de ninguna de las maneras», apunta el socialista Josep Marí Ribas, exconseller de Vivienda balear y ahora conseller insular: «Es un argumento falaz. Ese informe no se carga nada, en absoluto», subraya.
Marí asegura que la primera vez que tuvo conocimiento de ese texto fue el pasado viernes, durante el pleno, cuando Marilina Ribas le preguntó si «no sabía de la existencia» de ese documento cuando era titular de la cartera de Vivienda: «Yo tuve acceso por primera vez a ese informe el lunes [25 de marzo]. Se lo pedí al alcalde [Vicent Roig] y me dijo que lo solicitara por escrito. No tenía ni idea de que hubiera ese informe, que no partió de mi conselleria, sino de la de Territorio, que llevaba Miquel Mir. Busqué ese informe desde el viernes porque si era verdad que Armengol y yo nos habíamos cargado la operación, teníamos pecado, pero no es verdad», afirma.
Durante el fin de semana, Marí contó a la exdirectora general de Territorio y Paisaje, Magdalena Pons Esteva, sobre lo sucedido en el pleno del Consell: «Me respondió que aquel informe era totalmente inocuo y que sólo observaba que había otros métodos para hacer la valoración del terreno».
«Y el arquitecto —comenta— ha justificado ahora su valoración. Y ya está. No hay más. ¿Dónde está el problema para seguir con la operación? ¿Qué impide seguir con la hoja de ruta trazada [para realojar a los propietarios de los Don Pepe]? ¿Dónde ponía el Govern trabas, impedía o se cargaba algo? En ningún lugar. Ahora, el PP argumenta que tiene que hacer un nuevo decreto y que se tiene que esperar a las normas subsidiarias provisionales… Eso son excusas, no hay que esperar nada. El informe no tumba nada».
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