Solo los casos más graves de dependientes totales consiguen entrar en las residencias públicas en Baleares

El déficit de residencias públicas deja fuera en Balears a miles de personas con dependencia total o severa. Ahora mismo solo logran plaza en residencia los casos más graves de dependencia total o grado III, personas que tienen, por la gravedad de su estado, un mínimo de 90 puntos (sobre un máximo de 100).

Las plazas de las residencias de Ibiza serán de difícil cobertura

Las familias del resto de personas con dependencia total están a la espera, con cierta expectativa de que algún día entrarán. Los que pueden darlo prácticamente por imposible son las personas con grado II o dependencia severa. Ahora mismo hay más de 10.000 dependientes con este grado reconocido en las islas. Antes de 2017 personas con este grado sí lograban entrar en residencias públicas, porque se tenía en cuenta el tiempo que llevaba la persona en lista de espera, pero desde hace siete años, por un cambio de normativa prima el grado. Y eso ahora, ante el déficit de plazas existentes, frena de facto su acceso (la única vía sería posible si desde el Consell se les permite por una situación de emergencia social, pero este acceso ahora está limitado).

Según el dato de febrero, un total de 3.076 personas tienen prestación de servicio residencial en algún centro público o concertado de la Xarxa d’Atenció a la Dependencia del Govern.

Hay personas que no quieren llevar a su a familiar a una residencia, pero otras que sí quieren se tienen que buscar la vida porque no les queda otro remedio. La ley contempla otorgar una prestación para ayudar a las familias a sufragar el coste de una residencia privada ante el déficit de la red pública: esta ayuda llega como máximo a los 742 euros y no cubre ni la mitad del coste de estos centros (cuyo tarifa total suele rondar entre los 2.000 y los 3.000 euros mensuales). Esta denominada «prestación económica derivada del servicio» llega al 2% de los usuarios del sistema de dependencia balear (unas 700 personas).

La mayoría de beneficiarios de los recursos de Dependencia reciben la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, un dinero que se da a las familias para atender a la persona en casa. En el caso del grado II, como máximo es de unos 300 euros.

Esta ayuda aparece en la ley como algo «de carácter excepcional», pero en realidad representa el 46% de los recursos asignados. Antes de otorgar esta prestación, los técnicos de Dependencia supervisan que la familia tiene las condiciones adecuadas para asumir esta tarea de cuidado (y le pueden retirar la ayuda si comprueban que no se está usando bien).

Además de residencias, también hay centros de día y de noche (representan el 4% de los recursos asignados) y servicios de atención a domicilio concertados con entidades como Cruz Roja (también son el 4% de las prestaciones otorgadas).

La teleasistencia es, tras la prestación económica, el otro recurso más frecuentemente asignado: representa el 30%. Otro servicio es el de promoción de la autonomía, que representa el 8%. Cada beneficiario del sistema de dependencia puede estar recibiendo más de uno de estos recursos.

Actualmente, en Balears hay 29.288 personas dentro del sistema de Dependencia que están recibiendo prestación. Un total de 4.450 personas ya tienen reconocido el derecho, pero aún no han empezado a recibir la ayuda asignada.

En el archipiélago entre que una persona solicita la valoración hasta que recibe su Programa Individual de Atención (el PIA, que fija la prestación asignada) pasan 143 días de media (entre 4 y 5 meses: la ley fija un máximo de seis).

A ese tiempo, luego hay que sumar la espera hasta recibir la prestación, un plazo que varía: el más rápido es la ayuda económica (uno o dos meses máximo desde que se firma el PIA).

En el caso de las residencias, el plazo depende del grado de dependencia del solicitante; de las residencias pedidas (pueden optar a cualquiera o seleccionar una en concreto, lo que reduce las posibilidades de entrar) y del nivel de ocupación en dichos centros (en Mallorca por varios motivos, como parones de los ingresos y obras estancadas, hay residencias públicas que no tienen todas las plazas en funcionamiento, como ya expuso este diario la pasada semana).

En mayo de 2023 había casi 2.000 personas esperando residencia

En mayo de 2023 había casi 2.000 personas (1.971) esperando una plaza para una residencia en Balears, según informaron los anteriores gestores de la conselleria de Familia y Asuntos Sociales cuando se realizó el traspaso de carteras. Es el dato más actualizado que ha podido conseguir este diario ya que el actual equipo de conselleria (que no gestiona las residencias, que están en manos de los consells, pero sí es responsable del sistema de Dependencia y quién asigna los recursos residenciales en los Programas Individuales de Atención de cada usuario) no ha podido precisar cuántas personas tienen asignada una plaza residencial y están a la espera ahora mismo.

En el caso de Mallorca, todas las residencias públicas, que gestiona el Institut Mallorquí d’Afers Socials, tienen entre 400 y 500 personas en lista de espera. Una misma persona puede estar en dos listas ya que puede seleccionar varios centros. La estimación ‘de brocha gorda’ del IMAS es que hay más de 1.000 personas aguardando.

El director general de Dependencia del Govern, Pedro Codes, asume el déficit de residencias (Conselleria hará un plan de infraestructuras y ahora mismo hay 749 plazas en construcción, obras que empezaron la anterior legislatura y se prevé que finalicen entre este año y el próximo), pero también razona que no es viable ni deseable que todo el mundo vaya a residencia y recuerda que la apuesta en Europa es ‘desinstitucionalizar’ y potenciar los cuidados en el hogar. Por eso, este 2024 se incrementarán en 16.150 horas mensuales el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) y se contratarán 24.000 nuevos dispositivos de teleasistencia.

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