El problema de la vivienda es el principal factor de exclusión social en Baleares

El problema de la vivienda se ha convertido en el principal factor de exclusión social de Balears, tanto que incide incluso más que el hecho de disponer o no de empleo. Así lo revela un estudio publicado por el Observatori Social de les Illes Balears (OSIB) de la UIB, que pone de manifiesto que «si existen trabajadores pobres es porque las familias deben destinar un porcentaje muy elevado de sus ingresos al pago y mantenimiento de la vivienda».

Isabel Nadal y David Abril, coordinadores de la investigación, presentaron ayer en Sa Riera, acompañados por Andreu Grimalt, director de la Xarxa per la Inclusió Social-EAPN, la publicación ‘Vivienda y exclusión residencias en las Islas Baleares’, una foto panorámica de la problemática que pone de relieve cuáles son las características principales de la vivienda. En este sentido, Nadal destacó que en las islas un 76% de las viviendas son en propiedad, un 15% de las mismas son a precio de mercado, un 3% de un importe inferior y un 6% en cesión.

El problema que tenemos -dijo- «es que se compra por un precio más elevado que en el resto de España, solo estamos por debajo de Madrid». Además, señaló que es la primera comunidad en endeudamiento hipotecario, «se paga un 70% más que en el resto del Estado», especificó. También explicó que la compra por parte de personas extranjeras es mucho más elevada en Balears y que «es la primera autonomía que vende casas de menos de cuarenta metros cuadrados».

En cuanto al alquiler, destacó que un 30% vive en esta situación en las islas, siendo la comunidad líder. «En el resto del Estado el arrendamiento se encuentra en torno a un 18%», apuntó. Los precios también son en este caso los más elevados del país, junto a Cataluña y Madrid. También destacó el elevado número de familias que viven en el archipiélago en hogares en condiciones indignas, sobre todo por falta de espacio, con un nada desdeñable 9,3%, una cifra que en el resto del país se reduce al 6,6%.

¿Cuáles son las causas de esta situación? El estudio elaborado por la Universitat de les Illes Balears señala la contradicción entre la consideración de la vivienda como un bien de mercado y a la vez como un derecho constitucional como una de ellas, ya que en un contexto «de emergencia habitacional», los capitales internacionales han encontrado refugio en el mercado inmobiliario, lo que ha «alimentado la subida de precios, haciéndolos inasumibles para buena parte de la población». Tanto es así, explicaron Nadal y Abril, que el número de inmobiliarias se ha duplicado en quince años, llegando a pasar en el archipiélago de 3.775 en 2008, a 7.732 en 2023.

¿Cómo remediarlo?

El estudio, que ha contado con la colaboración de la Xarxa per la Inclusió Social-EAPN; constata la necesidad de una política social de vivienda. Por este motivo, Abril resaltó la necesidad de «desmercantilizar esta cuestión» y que exista una «mayor coordinación entre administraciones».

En este sentido, insistió en que «la administración debe hacer mucho más que construir vivienda. Hablamos de prácticas que lleva a cabo el tercer sector, como la cesión de uso o el cooperativismo». Además, invitaron a las administraciones a analizar la vulnerabilidad climática.

Por ello, resaltaron la necesidad de que «se deje al tercer sector tomar parte y codiseñar, de verdad, las políticas sociales». Así, aseguraron que «democratizar el mercado de la vivienda es factible» y que lo importante es saber «cuándo hacerlo, cómo y con quién contar para ello» y «la realidad es que hay que contar con el tercer sector», concluyeron.

«He perdido la cuenta de los desahucios que he vivido»

Virginia es uno de los testimonios que ha recogido la UIB para elaborar su estudio

La publicación también recoge el testimonio de diferentes personas que padecen distintas situaciones de exclusión residencial, que van desde la infravivienda a la ocupación de la misma. Y es que, desvelan, el sinhogarismo «es solo la punta del iceberg». Virginia lo primero que cuenta a los investigadores es el peso que ha perdido «por la presión de que toquen a la puerta». «Yo he tenido ya en esta casa donde vivo no sé cuántos desahucios...He perdido la cuenta», dice. Explica que consiguió un alquiler social y que con el tiempo el casero «me engañó y me denunció. Me dijeron que estaba ocupando la casa». Silvia es otro ejemplo, nació en Palma, tiene 44 años y vive con sus dos hijos y su marido en un piso de 65 metros cuadrados de protección oficial. Relata que tuvo que pedir una hipoteca para reformarla porque «estaba destrozada».

Suscríbete para seguir leyendo