Demografía

Elaboran un censo para saber cuántos extranjeros carecen de documentación en Ibiza

Los datos que recopilen las asociaciones de paraguayos, uruguayos, argentinos, marroquíes, ecuatorianos y senegaleses se incorporarán a una moción que el senador progresista Juanjo Ferrer presentará en la Cámara Alta

Miembros de la colonia de paraguayos en las pasadas fiestas de Can Bonet.

Miembros de la colonia de paraguayos en las pasadas fiestas de Can Bonet. / J.M.L.R.

Lurdes Evelyn Pereira, presidenta de la Asociación de Paraguayos en Ibiza, calcula que en la isla viven alrededor de 5.000 de sus compatriotas, aunque según el padrón de habitantes a 1 de enero de 2022, menos de la mitad, 2.081, residen legalmente en la isla. Pereira cree que esos 3.000 restantes carecen de documentación y que la mayoría trabaja en negro y no dispone de tarjeta sanitaria. Y como los paraguayos, posiblemente ocurra algo similar con los uruguayos, argentinos, marroquíes, ecuatorianos y senegaleses. Para conocer aproximadamente cuántos de estos migrantes extranjeros no disponen de permiso de residencia o ni siquiera están empadronados, cada una de sus asociaciones ha comenzado a elaborar un censo sobre sus paisanos que viven en Ibiza. El objetivo, explica Guadalupe Nauda, edil de Unidas Podemos en Vila que ha impulsado esta iniciativa, es disponer de datos que respalden una moción que Juanjo Ferrer, senador Ibiza y Formentera al Senat, integrado en el grupo parlamentario de Esquerra Confederal, presentará próximamente en la Cámara Alta: «Queremos que la moción vaya respaldada con números», subraya Nauda. «Con estos datos —añade el senador— intentamos sacar a la luz cuántos hay. Sabemos que el número es muy alto».

«Hemos tenido tres reuniones con los paraguayos, uruguayos, argentinos, marroquíes, ecuatorianos y senegaleses para saber cuántos extranjeros sin papeles, irregulares, hay en Ibiza. Y una vez sepamos esos datos, actuar, bien vía solicitud de regularización o de mejoras burocráticas. Cada asociación está recopilando esos datos», explica Ferrer. Nauda también cree que la cantidad puede ser muy elevada, por lo que es crítico «pedir en el Senado, a través de una moción, una modificación de la Ley de Extranjería o algún cambio que permita regularizar sin tanto requisito ni historia como ahora».

«Con estos datos —añade el senador— intentamos sacar a la luz cuántos hay. Sabemos que el número es muy alto»

Los ayuntamientos lo ponen difícil

No se lo ponen fácil a los migrantes. Una posibilidad para regularizar su situación, cuenta Nauda, es «a través de cursos del SOIB... que ni hay ni les llaman». Otra, por arraigo, «pero para eso debes estar empadronado, si bien algunos ayuntamientos parece que no quieren hacer ese trámite». Lo confirma Ferrer: «Los ayuntamientos les están poniendo muchos problemas para empadronarse, aunque la normativa no ha cambiado, y la Delegación del Gobierno está abriendo expedientes de infracción a ciudadanos que han dejado empadronar en su domicilio a otras personas sin que realmente vivan en él». Ese empadronamiento «es muy importante, tanto para acceder a la sanidad como para poder acreditar el arraigo, que al final puede permitirles regularizarse después de tres años de residencia».

Incluso esto es difícil para aquellos que «alquilan habitaciones, pues no tienen un contrato que demuestre dónde viven y que les permita empadronarse», afirma Nauda, que critica que «un extranjero se pueda empadronar y tener derecho a la sanidad pero no tenga permiso de trabajo. Y eso en una isla con tanta falta de mano de obra. Al final se crea así una economía sumergida que mantenemos todos a través de los servicios sociales: o trabajan en negro o les ayuda el Estado. Pues que los regularicen. De ahí viene la idea de hacer un censo de la cantidad de gente que, aproximadamente, tiene cada colectivo». A la edil de UP, más que se empadronen, lo que le interesa «es que se regularice su situación para que puedan trabajar. Hay gente en la economía sumergida o vendiendo drogas o pareos en las playas».

Temen, además, que haya personas en una situación aún peor: «Hemos sabido —explica Ferrer— que están viniendo muchos centroamericanos a trabajar como internos en casas de los que no se tenía ningún conocimiento, pues al estar internos quedan aislados».

Cáritas se cansa de Vila

La dificultad para empadronar a los extranjeros terminó hace año y medio por colmar la paciencia de los responsables de Cáritas. Según Gustavo Gómez, coordinador de esta entidad, ya sólo tramitan aquellos casos que valoran que «son de urgencia, asuntos puntuales». «Tuvimos —cuenta— muchos problemas, sobre todo con el Ayuntamiento de Vila. Decidimos que hacíamos un flaco favor a los migrantes y que debía ser el Consistorio el que se tenía que poner las pilas para empadronar a la gente que tiene ese derecho y que vive aquí. Estábamos quitando el trabajo al Consistorio, cuando es un derecho que tienen los habitantes de Vila». Gómez admite que dar ese paso atrás «es una manera de presionar» al Consistorio. Guadalupe Nauda señala al respecto que cuando era edil de UP en el anterior equipo de gobierno del Consistorio de Sant Josep pidió en la mesa de exclusión «una reunión con técnicos de empadronamiento para que se unificaran los criterios, pues cada consistorio interpreta la ley a su manera».

«Somos 5.000 paraguayos. La mitad no están empadronados»

«El mayor problema que tenemos actualmente es el gran número de paraguayos que no están empadronados en Ibiza. Y al no estarlo no pueden obtener la tarjeta sanitaria ni optar al arraigo», explica Lurdes Evelyn Pereira, presidenta de la Asociación de Paraguayos en Ibiza. Pereira lamenta que Cáritas dejara de ayudarles a empadronarse, pues ahora es «la Policía Local la que tiene que verificar» la residencia: «Pero eso no es solución. Primero, porque la gente tiene miedo de los policías, aunque no tengan la misma función que los de la Policía Nacional. Tienen miedo porque cuando no tienen papeles y van a la Comisaría a poner una denuncia, de regalito les entregan una orden de expulsión, les multan con 500 euros y les quitan el pasaporte. Y sin pasaporte, sin documentación, no pueden ya moverse», explica.

Y sin estar empadronados tampoco pueden tener una tarjeta sanitaria: «Eso es muy grave. Estos días, un compatriota me llamó desde Urgencias de Can Misses porque, al no tener la tarjeta, no querían atenderle. Si quería ser asistido tenía que pagar. El chico llevaba tiempo sin trabajar precisamente por problemas de salud». «Todos —admite Pereira— venimos desde Paraguay como turistas. Así se puede estar legalmente aquí tres meses. La mayoría viene así». Pasado ese tiempo se quedan y empiezan los problemas: «Juan Carlos ya lleva cinco años aquí. Trabajó para alguien que le había prometido un contrato laboral pero que, al fallecer (ya era mayor), no lo pudo tramitar. Se quedó sin trabajo y no encuentra otra oferta laboral. Lleva cinco años sin papeles y sin poder empadronarse. No tiene acceso a la tarjeta sanitaria».

La presidenta de los paraguayos calcula que viven en Ibiza 5.000 de sus compatriotas: «Pero creemos que sólo la mitad está empadronada. Con ese censo queremos saber realmente cuántos somos y hacer una petición masiva para que el Gobierno nos escuche e intente solucionar este problema. Hace falta una regularización de las personas que están en situación irregular». Realizarán el censo en la parroquia del Rosario, donde les han cedido un espacio, y también irán casa por casa.

La mayoría «trabaja de forma ilegal, sin contrato, en negro, por carecer de permiso de residencia. No cotizan, y eso no conviene a nadie, ni a ellos ni al Gobierno», dice Pereira. La mayoría «trabaja para particulares, sin contrato, en casas con la promesa de que les arreglarán los papeles, aunque al final los despiden sin solucionarles nada. ¿Así, a quién pueden reclamar?».

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