El Govern aprueba el decreto para abaratar la vivienda y clausurar los pisos de alquiler turístico ilegal

El Govern ha aprobado hoy el decreto ley de medidas para facilitar el acceso a la vivienda, que tal y como estable previsto ha incorporado no solo actuaciones destinadas a poner en el mercado pisos más baratos, sino también la posibilidad de clausurar de forma temporal las residencias que se destinen al alquiler turístico de forma ilegal.

Este decreto entrará en vigor hoy mismo con su publicación en el Boletín Oficial de las islas (BOIB), según ha anunciado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa.

Según ha puesto de relieve la consellera de Territorio, Marta Vidal, en el caso de la salida al mercado de inmuebles a precio inferior al de mercado, se contempla la posibilidad de transformar locales comerciales, de oficinas e instalaciones turísticas obsoletas en viviendas a precio limitado.

También se permite la división de inmuebles para transformarlos en varias residencias de menor tamaño, siempre que la media no baje de 60 metros cuadrados. 

Del mismo modo, se podrán levantar nuevas edificaciones con pisos con menos metros cuadrados de los previstos inicialmente, con la condición de que los que se obtenga demás también deberá tener un valor limitado.

Edificios más altos

El decreto contempla la posibilidad de aumentar las alturas tanto en edificios ya existentes como de nueva construcción, también con un precio que deberá ser inferior al de mercado

En los terrenos para equipamientos públicos y privados que no se hayan desarrollado se podrán levantar viviendas, que deberán ser de protección oficial en los primeros y a precio limitado en los segundos.

Se crea una nueva figura de alojamientos con espacios comunes, pensando especialmente en los estudiantes, tercera edad, o colectivos como educadores o sanitarios. Esta medida pretende tener un mayor impacto en Ibiza y Formentera.

Edificios inacabados con licencia caducada

Un aspecto novedoso es que se abre la posibilidad de transformar en viviendas de precio limitado las estructuras de edificios inacabados con licencia caducada o en estado ruinoso. También se podrá otorgar licencia de habitabilidad a las residencias que cumplan esas condiciones al margen de la situación urbanística en la legislación balear. Marta Vidal ha asegurado que eso no supone una amnistía encubierta a las edificaciones ilegales.

El plan contempla la cesión de terrenos de titularidad pública a la iniciativa privada para levantar vivienda protegida, con un plazo de concesión para su alquiler que pasa de 50 a 75 años.

Estas viviendas de precio limitado deberán tener una superficie máxima de 90 metros cuadrados, y deberán ser adquiridas solo para personas que las conviertan en su domicilio habitual, y que sean residentes en las islas. El comprador no podrá tener ninguna otra residencia en propiedad, y a la hora de venderla, deberá ajustarse al valor limitado fijado por el Govern.

Precios máximos

Este precio máximo será de un 10% superior a la vivienda protegida cuando se trate de reformas, como la transformación de un local comercial o la división de pisos ya existentes, y un 30% por encima de la VPO cuando sean nuevas edificaciones o aumentos de altura en las ya existentes.

Para garantizar que no se vulneran esas condiciones, se crea un régimen sancionador con multas que van de los 60 a los 90.000 euros dependiendo de la gravedad de la infracción.

Con esas condiciones, se estima que una vivienda de nueva edificación de 60 a 80 metros cuadrados podrá costar entre 121.000 y 285.000 euros, mientras que si nace de una reforma se moverá entre los 102.000 y los 241.000 euros.

Contra el alquiler ilegal

Por otro lado, se ha incluido la posibilidad de que los Consells Insulars puedan clausurar temporalmente los inmuebles que se están destinando al alquiler turístico ilegal. Según ha señalado la consellera Vidal, se estima que solo el 10% de la oferta existente en las islas de alquiler vacacional es legal.

El objetivo es que las residencias que ahora se destinan a este uso irregular vuelvan al mercado del alquiler para residentes.

Por otro lado, los sindicatos UGT y CCOO ya anunciaron su oposición frontal a la transformación de hoteles en viviendas, y han acusado al Govern de romper el acuerdo que se alcanzó con los empresarios y con el propio Ejecutivo balear en torno a la ley turística de las islas.