Los médicos ya no necesitan saber catalán para trabajar en Balears

El catalán deja de ser un requisito para los médicos que quieran trabajar en Balears. PP y Vox validaron ayer en el Parlament 34 de 59 diputados el decreto ley que suprime la exigencia del conocimiento de la lengua propia de la Comunidad Autónoma después de que el Govern aprobara hace apenas unas semanas una modificación de la ley 4/2016 de medidas de capacitación lingüística en el que se regulan los requisitos de conocimiento de lengua catalana en el Servicio de Salud. Esta medida estaba incluida tanto en el programa de gobierno del PP como en el acuerdo con Vox.

El Govern justifica esta decisión porque «junto con la carencia estructural de profesionales sanitarios» el requisito de catalán «afecta y pone en riesgo la prestación básica y de calidad del servicio público sanitario». La conselleria de Salud argumenta que «de este modo, los procesos selectivos y de provisión de personal con funciones sanitarias permitirá el acceso de aquellos profesionales mejor calificados, sin que la falta de la acreditación oficial de un determinado nivel de catalán se convierta en un elemento disuasorio a la hora de acceder». Esto significa que el Govern confía en que dejar de obligar a médicos y sanitarios a aprender catalán permitirá a Balears atraer a profesionales a las islas.

La consellera de Salud, Manuela García, defiende que las medidas aprobadas buscan «garantizar un acceso justo» a la atención sanitaria de los ciudadanos y atender a la demanda «de manera adecuada» porque Balears necesita captar y fidelizar sanitarios: «El usuario es el elemento central». Además, recuerda que el decreto incluye pagar un complemento que puede llegar hasta los 20.000 euros más al año a médicos y 15.000 euros a enfermeros para que trabajen de manera permanente en las zonas de Balears donde a día de hoy es un grave problema la falta de profesionales para atender a la población.

Tanto PP como Vox celebraron la supresión del requisito del catalán centraron sus discursos en que el decreto incluye otras medidas como una mejora de los complementos retributivos para algunas plazas de difícil cobertura o la gratuidad de 0-3 años, aunque los ‘populares’ decidieron dirigir sus críticas a las decisiones del anterior Govern de Francina Armengol al recordar que los socialistas ya optaron por eximir a los sanitarios del requisito apenas unos meses antes de las elecciones autonómicas, lo que generó una crisis con Més per Mallorca. Por su parte, la ultraderecha aseguró, a través de su diputada María José Verdú, que se trata de un requisito «discriminatorio» para los sanitarios de otras regiones: «Los ciudadanos han sufrido un grave castigo por la imposición del catalán, pero la época de las imposiciones lingüísticas se ha acabado».

En el turno de la oposición, la diputada del PSIB Amanda Fernández denunció que se trata de un «ataque a nuestra lengua» que tiene como objetivo «menospreciar y arrinconar» al catalán en Balears y reiteró que los ciudadanos tienen el derecho a dirigirse en la lengua propia de las islas: «Ustedes se cargan este derecho y devaluarán la atención sanitaria».

Desde Més per Mallorca también cargaron con dureza contra la decisión del PP porque «busca contentar» a los socios de Vox. La diputada Maria Ramon acusó al PP de «vulnerar el derecho» a ser atendidos en su lengua y de utilizar el catalán como «cabeza de turco» de la falta de personal sanitaria: «No hay ningún dato que justifique esta medida». Ramon alertó además que «deja en papel mojado» el derecho de los ciudadanos de ser atendido en catalán.

Ambos partidos recordaron en sendas intervenciones que este año se cumple una década de la manifestación masiva contra el Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL) aprobado por el Govern de José Ramón Bauzá.

La OCB tratará de anularlo

La Obra Cultural Balear (OCB) anuncia que promoverá, junto a PSOE y Sumar, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad. Según Antoni Llabrés, miembro de la junta directiva de la OCB, en el decreto «concurren motivos de posible inconstitucionalidad y consideramos imprescidible que el Tribunal Constitucional se pronuncie».

«No es cierto que la exigencia de conocimientos de catalán suponga un problema. En los actuales procesos de estabilización a 38 de las 49 categorías de personal sanitario (2.035 plazas del total de 2.283) había más candidatos capacitados lingüísticamente en catalán que plazas ofertadas. No está justificada la supresión con carácter universal, ni siquiera lo estaría para el resto de categorías y plazas, a las cuales se podría aplicar la moratoria de dos años.», argumenta Llabrés.

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