Juan Carlos Torres: «El mayor avance en la Justicia ha sido el nuevo edificio, reclamado en Ibiza desde los noventa»

El magistrado Juan Carlos Torres siente un cariño especial por el antiguo edificio de los Juzgados de Ibiza, ahora cubierto de grafitis. Allí empezó, hace 30 años, su trayectoria como juez decano, un cargo que deja ahora dando un «paso a un lado» de forma voluntaria. A lo largo de estas semanas será relevado por Sergio González. El exjuez explica cómo ha evolucionado la justicia en la isla desde los años 90.

Entre otras cosas, el profesional ha vivido la creación de nueve juzgados, entre ellos, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, que preside. También el levantamiento del edificio nuevo, el «mayor avance» realizado, hasta ahora, en la isla, en materia judicial, a pesar de que aún está sin terminar. Es, tan solo, uno de muchos pasos que la justicia tiene que dar todavía en las Pitiusas.

¿Qué tiene que pasar para que el Ministerio de Justicia cree un Juzgado de Instrucción y Primera Instancia en la isla de Formentera? ¿Por qué no se ha creado este órgano jurisdiccional?

Esta reclamación lleva haciéndose desde el año 1980. Se inició en su momento y también la Junta de Jueces, en el año 2000, acordó que uno de los juzgados a constituir se tenía que hacer en Formentera porque la población de derecho en la isla era de unos 7.000 habitantes. Y ahora que ha aumentado en un 50%, con mucha más razón.

¿De quién depende esta decisión?

Es fundamentalmente política, también depende de que haya informes técnicos favorables, aunque en ocasiones el Ministerio de Justicia ha adoptado decisiones por encima de criterios técnicos vinculantes. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, la isla del Hierro (Canarias), equiparable a Formentera por su condición de triple insularidad, sí cuenta con este órgano jurisdiccional.

¿Decidió ponerse, de motu proprio, al frente del Juzgado de Violencia sobre la Mujer cuando se creó, en 2009?

Sí, por decisión propia, por una necesidad de cambio después de estar años en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. También, por una perspectiva de sensibilidad hacia la atención a un colectivo tan vulnerable como son las mujeres víctimas de violencia de género. Aunque en la Administración de Justicia hay otros colectivos especialmente sensibles que deben ser atendidos igualmente con similar cuidado, como son los menores.

El número de denuncias que llegan a los juzgados por violencia de género es superior al número de arrestos e investigados por la comisión de este delito. ¿Considera que las víctimas han perdido un poco el miedo a denunciar, sin necesidad de un atestado policial de por medio?

Efectivamente, la razón de esta diferencia estriba en que de una parte, algunas víctimas directamente plantean los hechos denunciables ante el juzgado aunque siempre es recomendable iniciarlo ante la policía. Aún así, el juzgado actúa inmediatamente de oficio con adopción de medidas de protección. Por otro lado, algunas actuaciones policiales no conllevan necesariamente la detención de la persona denunciada a investigar. Esto va en función de diversas variables, como puede ser la valoración del riesgo, puede ser que no sea apreciable.

¿Cree que este juzgado cuenta con los recursos adecuados? El pasado 2022 se cerró con cifras récord de violencia de género en Pitiusas.

Pienso que dadas las actuaciones de este juzgado, que son siempre urgentes, se necesita un refuerzo y unas medidas de apoyo con el fin de atender los casos con más tranquilidad. Este aumento del trabajo se nota con respecto a años anteriores. Últimamente ha habido una mayor concienciación para que las víctimas puedan ser atendidas y puedan salir, cuanto antes mejor, de esta espiral de violencia.

Durante el tiempo que lleva en el cargo, Ibiza ha pasado de tener cuatro a 13 órganos judiciales (con once jueces titulares). ¿Satisface esta ampliación las necesidades de la isla o todavía hay carencias?

Hay carencias. Existe la necesidad de crear un sexto Juzgado de Primera Instancia y otro de lo Social, según informes técnicos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y según las memorias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Esto, en función de la población de Ibiza y la litigiosidad de la isla. Además, la Junta General de Jueces propuso, en 2018, que uno de los Juzgados de Primera Instancia se especializara en familia y en capacidad de las personas de forma exclusiva, lo que se prevé que suceda cuando se constituya este sexto juzgado.

¿Hay paridad en la Junta de Jueces?

En este momento, la Junta está formada por 13 miembros que han de ser titulares de Juzgados. De estos magistrados, seis son mujeres y cinco hombres. Además, hay dos jueces sustitutos que también son hombres.

La Justicia sufre una saturación desde el incendio en los juzgados y la crisis del covid. ¿Se tienen contabilizados los casos pendientes en cada uno de los juzgados?

En su día hubo un listado de asuntos pendientes que cada juzgado determinó, sobre todo los más afectados por el incendio, (Juzgados de Instrucción número 1 y 2) para adoptar una previsión de los casos perjudicados. El Tribunal Superior de Justicia de Balears y luego el Consejo General del Poder Judicial, acordaron la suspensión de la actividad jurisdiccional, exceptuando los trabajos más urgentes,desde enero de 2019, cuando se produjo el fuego, hasta abril del mismo año. A lo largo de esos meses, durante la desubicación de los juzgados, que duró un año (hasta diciembre de 2019 cuando se puso en marcha el nuevo edificio), se pudieron atender los casos de mayor urgencia en dependencias totalmente precarias distribuidas algunas en el Cetis y otras en la planta baja del Consell.

La Fundación Conciencia, desde hace años, pide más psicólogos forenses para evitar que los largos procesos administrativos repercutan sobre la salud mental de la víctima. ¿Qué ha pasado con el convenio propuesto por la fundación?

Tengo constancia de la preocupación por el aumento de las plantillas del equipo psicosocial, algo que la Junta de Jueces también ha reclamado siempre. Esto es, la dotación de un médico forense, un psicólogo forense y un trabajador social que pudieran atender la demanda de periciales con carácter exclusivo los casos del Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Así como los procedimientos de familia provenientes de los Juzgados de Primera Instancia y de Instrucción.

Desde esta misma fundación, se aseguró que no se concede la misma protección, actualmente, a los niños víctimas de abusos sexuales que a las mujeres. ¿Está de acuerdo?

En parte sí, creo que es importante una especialización como la que existe para atención a las víctimas de violencia de género. En materia de menores lo que estimo más accesible y practicable es constituir unas salas amables para tratar las actuaciones procesales que involucren a menores en un entorno adecuado para recibirles. Es lo que en otros países se llama la Casa del Niño. En Ibiza está pensado que la sexta planta del edificio esté destinada a este fin. Por otra parte, también existe el proyecto de crear una sala amable en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer para la espera de víctimas acompañadas de sus hijos menores.

La Unidad Terapéutica de Abuso Sexual (Utasi) del Govern no cuenta con profesionales en la isla, sino que éstos se desplazan desde Mallorca. ¿Cómo debería afrontarse este vacío profesional en Ibiza?

Lo ideal es que cuente con profesionales especializados en la isla. Desde la Justicia, por ese motivo, se ha reiterado varias veces la necesidad de crear un equipo psicosocial que pudiera agilizar la atención en las valoraciones y exploraciones de menores y víctimas que sean urgentes, con independencia de esta unidad terapéutica.

Un hándicap de la insularidad es la falta de profesionales en el sector público. ¿Cómo avanza la batalla para conseguir el plus de insularidad? ¿Es el problema de la vivienda uno de los principales escollos de los profesionales de la Justicia?

El plus de insularidad es algo que se lleva reclamando 15 años. De nuevo, se trata de una decisión política y también, de una reclamación justa, teniendo en cuenta la carestía de la vida en la isla. La Junta de Jueces, en 2007, ya reclamó ante el TSJ (y fue aprobado por el CGPJ en 2007), que los juzgados de Ibiza recuperaran una categoría económica que tenían antes de una reforma legal. Consiste en una elevación de categoría que favorecería a los funcionarios destinados a la isla. Si no fuera a través del plus de insularidad, a través de otro concepto económico. En cuanto a la vivienda, es un problema externo que se solucionaría con este plus.

En cuanto al retraso de la segunda fase de las obras de los juzgados, ¿en qué medida repercute la no unificación de las oficinas en la agilidad de los temas judiciales?

Desde el año 1990, nos hemos quejado y lamentado, tanto yo como la Junta de Jueces, de esta dispersión. En la década de los noventa llegó a haber hasta cuatro sedes. El nuevo edificio, del que falta terminar todavía un 40%, está capacitado para albergar hasta diez juzgados más. Es de esperar, a futuro, que los actuales cinco juzgados de Primera Instancia y el de lo Social se reubiquen, a muy tardar, en 2025. Una vez reubicados, todavía quedaría espacio para cuatro juzgados más. Eso que ya da vértigo.

Hace tres décadas que ocupó su puesto como juez decano, ¿cuál diría que ha sido el mayor avance que se ha hecho en la isla, desde entonces, en materia judicial?

El mayor avance ha sido el nuevo edificio que se venía reclamando desde los noventa, con el área de Fiscalía y una Clínica Forense con varios médicos y el equipo psicosocial. Antes solo había un fiscal y un médico forense, desde entonces ha aumentado la plantilla hasta tres o cuatro forenses y diez fiscales. También, la creación de nueve juzgados. Hay que tener en cuenta que ha habido un crecimiento de población, en dos décadas, del 50%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Y por otro lado, ¿qué queda por hacer?

Además de terminar el nuevo edificio y concentrar en él todos los órganos judiciales, queda pendiente avanzar en la justicia no judicializada, es decir, conseguir acuerdos entre las partes a través de la mediación u otras formas alternativas (públicas y privadas) de resolver los conflictos. España no tiene tradición mediadora, cuando esta permite la solución rápida de pleitos y menores costes, tanto emocionales como económicos. De hecho, hay una propuesta de ley de eficiencia procesal para impulsar la mediación. En Ibiza ha habido dos experiencias importantes en ese sentido, una en el ámbito familiar y otra en asuntos civiles, pero que se paralizó a consecuencia de la pandemia. Aunque estoy casi seguro de que mi sucesor la reemprenderá.

¿Por qué decidió, esta vez, no presentarse a la reelección para el cargo?

He decidido dar un paso a un lado de modo voluntario, es el cierre de etapa que ha terminado en el decanato y toca hacer un cambio tras cinco mandatos de cuatro años elegido democráticamente. A este respecto, quiero agradecer a todos mis compañeros su voto, que en sucesivas juntas significó que habían depositado su confianza en mí.

¿A qué intuye que se refería su sucesor, Sergio González, cuando afirmó, en declaraciones a este diario, que el cargo necesitaba «un impulso» porque había «temas algo parados»?

No sé a qué temas podría referirse, puesto que todos están en marcha. El de la mediación es uno de los que es necesario activar, además de esto, en el decanato hay muchas actuaciones y gestiones que acometer cada día.

¿Qué consejo le daría antes de su toma de posesión?

Encontrará un decanato consolidado donde las Juntas de Jueces han hecho mucho trabajo. Creo que podrá tener una base suficiente para impulsar lo que estime conveniente para la Administración de Justicia. Más que consejo, le ofrezco todo mi apoyo y experiencia en la gestión del decanato después de estos 30 años.

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