El Govern recurrirá al Constitucional la ley de vivienda de Pedro Sánchez
La consellera Marta Vidal asegura que se produce una «invasión clarísima» de las competencias autonómicas e insiste que deben ser ellos quienes decidan «cuándo y cómo» un mercado está tensionado o cuál debe ser la relación con los grandes tenedores
Guillem Porcel
El Govern balear recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ley de vivienda estatal aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez . La consellera de Vivienda, Marta Vidal, explicó ayer en la rueda posterior al Consell de Govern que, según su opinión y vistos los artículos mencionados por la Abogacía de la Comunidad Autónoma, existe una «invasión clarísima» de competencias. De esta manera, Balears sigue la estela de la Comunidad de Madrid, Andalucía y País Vasco, que ya han interpuesto un recurso por el mismo motivo.Según explican, los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma han analizado el articulado de la norma estatal y «se observa que determinados preceptos desconocen el reparto competencial que realiza la Constitución española, sobrepasando la competencia estatal y se invade el ámbito propio de las comunidades autónomas». Además, consideran que preceptos de la ley «exceden los títulos competenciales invocados por el legislador estatal y dejan nulo o escaso margen para que las comunidades».
Vidal afirma que existen al menos nueve artículos y cuatro disposiciones de la ley que supondrían una invasión de competencias y, por tanto, han decidido autorizar a la Abogacía de la Comunidad Autónoma para que estudien «pormenorizadamente» la norma e interpongan el recurso correspondiente «en defensa de nuestra competencia».
La consellera de Vivienda asegura que la ley se basa en dos títulos «muy amplios» que son la planificación general de la actividad económica y la legislación procesal: «Entra, por ejemplo, a regular cómo se define y se articula la vivienda protegida, y esto no se puede amparar en un título estatal porque es la comunidad autónoma quien debe decidirlo».
En este sentido, la política menorquina reitera que el Estado «no puede entrar» en decir qué es una declaración de zona de mercado residencial tensionado ni puede valorar cómo se registra la actividad de los grandes tenedores: «Son competencias claramente autonómicas y este exceso regulativo vacía nuestra competencia». Esto significa, según apunta, que debe ser el nuevo Govern quien decida «cuándo y cómo» un mercado debe ser considerado como tensionado o cuál debe ser la relación con los grandes tenedores.
Vidal incide en que el Tribunal Constitucional es el único órgano que puede determinar si una ley es legal: «Ahora se trata de saber si el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas se ha respetado o no». Asimismo, reconoce que «no podemos» no aplicar la ley estatal, aunque «será un aliciente para que aceleremos y agilicemos la aprobación de nuestra propia ley de vivienda».
El PSIB-PSOE lamenta la decisión porque, con este recurso, el Govern «renuncia» a facilitar a los ciudadanos el derecho a una vivienda digna a un precio digno y asequible. La vicepresidenta segunda de la mesa del Parlament, Mercedes Garrido, critica que «otra vez» salen ganadoras, al igual que ocurre con Metrovacesa, las empresas que especulan: «Negar la posibilidad de limitar los alquileres es una irresponsabilidad».
Marga Prohens visita la Granja Escola Jovent de Palma
La presidenta del Govern, Marga Prohens, y la consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, visitaron ayer la Granja Escola Jovent para conocer este proyecto de ocio inclusivo que muestra a los jóvenes las tradiciones de la Mallorca rural, la importancia de la naturaleza y la convivencia en grupo: «Desde el Govern apoyaremos proyectos como este, todo el ocio inclusivo y el ocio adaptado».
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