El Govern rescinde el contrato de la vigilancia de cuatro centros de salud de Ibiza por incumplimientos de la empresa

La conselleria balear de Salud ha resuelto de forma anticipada el contrato del servicio de seguridad y vigilancia del Hospital de Formentera y los centros de salud de Vila, es Viver, Santa Eulària y Sant Antoni, adjudicado en febrero de 2022 a Sureste Seguridad SLU por un importe de 583.169 euros (sin IVA) por un periodo de dos años. La anulación del contrato obedece a los incumplimientos en la prestación del servicio y el defectuoso funcionamiento de la aplicación informática de seguimiento del servicio.

La Comunitat Autònoma impuso también a la empresa dos sanciones, de 13.000 y 27.000 euros, por las faltas reiteradas en la presencia de vigilantes en los centros de salud y el mal funcionamiento de la aplicación. Tras la anulación del contrato, el Govern ha adjudicado el servicio a la empresa Trablisa, que, desde principios de junio, cubre este servicio.

El Govern decidió romper antes de tiempo el contrato con Sureste Seguridad a pesar de que el Consell Consultiu, el máximo órgano de consulta jurídica de la Comunitat Autònoma, emitió un informe desfavorable. En todo caso, este dictamen es preceptivo, pero no vinculante.

El concreto, el Consell Consultiu sostiene que no se puede sancionar a la empresa y a la vez rescindir el contrato. «No es de recibo que se puedan hacer las dos cosas a la vez. El ejercicio de una de estas potestades comporta que no se pueda ejercer la otra», indica el dictamen. Así, el Consultiu señala que optar por la imposición de sanciones y no suspender su tramitación supone «la continuidad del contrato».

La primera sanción, de 13.000 euros, se empezó a tramitar en agosto del año pasado tras la acumulación de 24 incumplimientos motivados por la falta de presencia del vigilante de seguridad en los centros de salud de Vila, Sant Antoni y Santa Eulària. Se consideró una falta leve con una multa de 500 euros por cada uno de los incumplimientos, más 1.000 euros por «el funcionamiento defectuoso de la aplicación informática del servicio», tipificado como falta grave.

Entre julio y septiembre se contabilizaron otras 52 faltas de presencia de vigilante, lo que provocó que, en noviembre, se emitiera un nuevo informe que justificaba la imposición de la segunda sanción de 27.000 euros, que tampoco se suspendió pese a iniciar el proceso de resolución del contrato.

Problema de la vivienda

En ambos casos, la empresa adjudicataria presentó alegaciones y también un recurso especial en materia de contratación ante la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, que fue rechazado. Entre sus argumentos, destaca que los problemas para cubrir el servicio se debían a «la falta de vigilantes acreditados en Ibiza y a los problemas para que los trabajadores de fuera hallen una vivienda», según el dictamen del Consultiu.

Además, defendía que la sanción era «desproporcionada y nula de pleno derecho» porque los incumplimientos se habían producido por «causas de fuerza mayor no imputables a la contratista». «Es público y notorio que el acceso al mercado de trabajo que no sea estacional y a la vivienda es inexistente en Ibiza», alegaba. Sobre el funcionamiento de la aplicación, la empresa señalaba que el problema radicaba en «la poca formación de los vigilantes nuevos contratados de urgencia» y que, para subsanarlo, se había impartido un curso de formación».

El Govern balear rechazó los recursos al considerar que las causas alegadas por la empresa eran «previsibles» y «evitables» cuando se adjudicó el contrato.

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