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Vivienda en Ibiza: Metges del Món alerta del auge de mafias de empadronamiento por las trabas de los ayuntamientos

Recalca que empadronarse es «la puerta de entrada» a servicios esenciales

Vista general del centro del municipio de Eivissa. M. T.

Los obstáculos que ponen los ayuntamientos de Ibiza para que algunas personas se empadronen está generando el auge de mafias y personas que cobran por facilitar el empadronamiento, afirma la delegación en Ibiza de Metges del Món. La entidad denuncia las «vulneraciones de derechos en el acceso al empadronamiento» que, indican, se dan en «todos» los ayuntamientos de la isla. Un trámite sin el que, destacan, las personas afectadas no pueden acceder a servicios y derechos esenciales y para el que los cinco ayuntamientos de la isla han puesto trabas. Más de medio centenar tiene documentadas la entidad en los últimos dos años. Y eso que son conscientes de que no les llegan todos los casos. Muchas personas, lamentan, optan por desistir de este trámite al ver las complicaciones con las que se encuentran.

«Hay una ley muy clara que expone que los ayuntamientos tienen la obligación de empadronar a todos los ciudadanos y ciudadanas», apunta Rocío López, coordinadora de Metges del Món en las Pitiusas, que señala que estas personas «se pueden empadronar en cualquier lugar». «Debajo de un pino, en un cajero automático, en el banco de una plaza, donde sea», explica López, que asegura que la única, condición para esto es que «se de fe de que esta persona realmente está viviendo ahí». Algo que, señala, la normativa prevé que pueda hacer, por ejemplo, un agente de la Policía Local. «Los ciudadanos, sean o no migrantes, tengan un contrato de alquiler legal o ilegal, tenga arrendado el piso completo o una habitación, tienen el derecho de poder acceder al padrón y es una obligación de la Administración facilitar ese trámite», continúa López.

Desde la entidad afirman que en los ayuntamientos se está pidiendo a las personas que acuden a hacer ese trámite documentos que demuestren que esa persona está viviendo en el lugar en el que pretende empadronarse: contratos de alquiler a su nombre, escrituras que demuestren que es el propietario de la vivienda o un consentimiento firmado del propietario autorizando a esa persona a empadronarse en su vivienda. «No son documentos que la ley avale que se puedan pedir a un ciudadano, pero los están exigiendo», insiste López, que señala que obtener estos documentos es, además, especialmente complicado en un lugar con la situación de la vivienda que tiene Ibiza. «Esto está plagado de alquileres ilegales, de realquileres y el pago en muchos casos es en negro. La persona que está subarrendando, que está alquilando habitaciones no te va a dar un recibo para que vayas a empadronarte», indica la coordinadora de Metges del Món en las Pitiusas, que señala que, ante esta situación surgen personas y «mafias» que se aprovechan: cobran hasta 200 euros más al mes o reclama un pago único de varios cientos de euros para dejar que alguien se empadrone en el piso o la habitación que está alquilando.

López asegura que no son la única entidad que se ha encontrado con este problema, por el que han mantenido reuniones con los ayuntamientos e, incluso, el Consell de Ibiza: «Nos reunimos varias asociaciones y presentamos casos concretos de personas que no podían acceder al padrón, un encuentro que se quedó en nada». López señala que el Consell les explicó que no podía hacer nada porque el trámite corresponde a los ayuntamientos. «Sí que podría estar haciendo cosas como figura mediadora», considera.

En las reuniones con los ayuntamientos, explica Rocío López, «se pasan la responsabilidad entre departamentos». En este sentido, señala que no siempre dejan a las personas acogerse a la vía de la visita policial y, además, señala que, por ejemplo, en los casos que ellas atienden, que son básicamente de personas en situación de prostitución las complicaciones para empadronarse son aún mayores: «Al estar en pisos que funcionan como clubes no les dan ningún documento que demuestre que viven allí y tampoco les permiten acogerse a la visita policial».

Permiso de los propietarios

El Ayuntamiento de Ibiza asegura que la información que ofrecen «es la misma desde hace diez años». A los propietarios de un contrato de arrendamiento les piden el documento original del alquiler, que debe tener una duración mínima de seis meses, y del recibo del pago del último mes así copia del IBI, «en caso de que no figure la referencia catastral en el contrato», y autorización y copia del DNI del propietario. Quienes no figuren en el contrato de alquiler necesitan el DNI del dueño y de quien haya firmado el contrato del alquiler, así como una autorización firmada de ambos para cumplimentar el trámite, además del contrato y el recibo pagado del último mes. Todo esto, indican, es lo mismo que se pide para empadronar a quienes comparten habitación. «Los servicios sociales se encargan del empadronamiento de personas sin hogar y en exclusión social», matizan desde Vila antes de reconocer que, aunque la normativa «contempla el empadronamiento en caravanas, se entiende que sería en un parking de caravanas. Allí el vehículo tendría una plaza asignada. Al no tener en Ibiza un estacionamiento de caravanas, no se empadrona, ya que, al ser un vehículo, es móvil y hoy puede aparcar aquí y mañana allí, y esta circunstancia no viene reflejada en la normativa, porque al moverse, no se podría realizar una notificación».

En el caso de Santa Eulària, calcado del de Vila salvo porque se piden los dos últimos recibos del alquiler, detallan que se optó por pedir la autorización del propietario a quienes no figuran en los contratos porque tuvieron quejas de dueños de viviendas. «De repente se encontraban con que había personas que no conocían de nada empadronadas en pisos de su propiedad», justifican. «Además, sirve para evitar posibles fraudes de gente que no está realmente viviendo ahí, pero que se empadrona para acceder a ventajas de estar registrada como vecina del municipio», explican desde el Consistorio.

El Ayuntamiento de Sant Josep se limita a contestar que cumple con lo que establece el BOE, lo mismo que Sant Joan, mientras que Sant Antoni no responde.

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