Urbanismo en Ibiza: La dueña de Casa Paola alega contra el derribo subsidiario y Sant Josep sigue con el procedimiento

La representación legal de la propiedad del complejo Casa Paola, Inversiones Hoteleras Faro S.L., cuya administradora única es Francisca Sánchez Ordoñez, considera que el Ayuntamiento de Sant Josep «no dice la verdad» cuando anuncia, como publicó ayer Diario de Ibiza, que ya ha iniciado el procedimiento para adjudicar a una empresa la demolición de todas las construcciones ilegales detectadas por los técnicos municipales y recogidas en un expediente de infracción urbanística cerrado hace años.

Según explican, el Consistorio no puede dar un paso más en este proceso hasta que resuelva las alegaciones al expediente de ejecución forzosa y subsidiaria del derribo (el Consistorio pasará posteriormente el coste de estos trabajos a la propiedad), que presentaron el 30 de septiembre del año pasado.

El equipo de Gobierno de Sant Josep explica que los servicios jurídicos municipales consideran que estas alegaciones «no tienen base alguna», por lo que «no puede prosperar nada de lo que plantean». Por lo tanto, el proceso de derribo subsidiario de las ilegalidades sigue adelante, apuntan.

La LUIB, no la LOUS

En sus alegaciones, la propiedad de Casa Paola defiende que «en este expediente no se debe aplicar la Ley de Ordenación y Uso del Suelo (LOUS) sino la Ley de Urbanismo de las Illes Balears (LUIB)», aprobada en diciembre de 2017 y que en el punto tercero de su artículo 194, indica: «Los reglamentos insulares de desarrollo de esta ley regularán el procedimiento de ejecución subsidiaria de la orden de restablecimiento» de la legalidad alterada por las infracciones urbanísticas.

El Ayuntamiento, por lo tanto, «debe esperar a que el Consell dicte el reglamento», consideran los representantes legales de la propiedad, ubicada en la zona de es Cubells.

En este punto, desde el Consell se limitaron a señalar, sin entrar en detalles, que « las leyes fijan perfectamente los procedimientos sin necesidad de reglamento», y desde el Ayuntamiento, que la ley es «garantista y si tienen razón en algo, ya se la darán».

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En cualquier caso, Sant Josep considera que con esta maniobra, la defensa de Francisca Sánchez Ordóñez intenta «reabrir toda la cuestión de la disciplina urbanística que ya se resolvió hace años, en el momento en que no se opusieron y el expediente» de infracción urbanística grave devino en firme. «Ahora no pueden volver atrás y estamos viendo cómo se restablece la legalidad» en Casa Paola.

En las alegaciones, la defensa de la propiedad también acusa de «desleal» al Consistorio josepí porque asegura que todavía no ha enviado al Consell el expediente de disciplina urbanística cuando la institución insular se lo pidió, precisamente en 2017. «No se lo han remitido», reprocha la representación legal de Sánchez en las alegaciones.

Multa en 2018

En 2018, dos años después de que se detectaran las irregularidades, el Ayuntamiento puso a Inversiones Hoteleras Faro S.L. una sanción de 341.305 euros por las obras ilegales de Casa Paola. La arquitecta municipal cuantificó entonces el coste de las obras ilegales en poco más de 390.000 euros. La multa, de 341.305 euros, se obtiene de la aplicación del 87,5% de la valoración de las construcciones ejecutadas sin licencia.

Los hechos se tipificaron en su momento como una infracción grave que devino en muy grave por ubicarse en suelo especialmente protegido forestal según las Normas Subsidiarias.

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