Urbanismo en Ibiza: Sant Josep encarga el proyecto para derribar las construcciones sin licencia de Casa Paola

El Ayuntamiento de Sant Josep ha iniciado ya el procedimiento para adjudicar a una empresa los trabajos de demolición de todas las ilegalidades urbanísticas detectadas en el complejo Casa Paola, propiedad de la polémica empresaria Francisca Fernández, responsable también de Casa Lola, donde las máquinas entraron por fin el año pasado para arrasar con todo lo levantado ilegalmente.

Para que no suceda como entonces, el Consistorio quiere que al fijar el día y la hora para entrar a inspeccionar las obras ya esté adjudicado el proyecto de demolición. «La idea es buscar antes a la empresa que porcederá al derribo antes de poner fecha y hora a su ejecución».

Si, al igual que sucedió con Casa Lola, la propiedad impide la entrada a los técnicos en Casa Paola, el Ayuntamiento volverá a acudir a la Justicia para que le permita el acceso.

En Casa Paola, apuntó el Consistorio, hay construcciones ilegales de uso residencial que ocupan unos 170 metros cuadrados y cuatro metros de altura, además de un aljibe, una piscina de 100 metros cuadrados y una edificación anexa de 150 metros cuadrados que seguramente también sea de uso residencial.

Reiterados incumplimientos de las órdenes de paralización de las obras

En total, cerca de 500 metros cuadrados de ilegalidades a los que hay que sumar «la zona exterior rellenada con tierra y áridos para construir nuevos bancales».

Desde el Consistorio explicaron en septiembre del año pasado que habían podido comprobar cómo "reiteradamente" la propiedad ha ido incumpliendo las órdenes de paralización de las obras. Por ese motivo, el Ayuntamiento de Sant Josep consideró a la propiedad, Inversiones Hoteleras Faro, "responsable de una infracción urbanística muy grave" y se le ordenó devolver la vivienda a su estado inicial, además de advertirle de que se se le abriría un expediente sancionador.

Cumplido el plazo para que cumpliese la orden, el Consistorio devidió entonces iniciar el proceso para hacerlo por sus propios medios si la propiedad no derriba las construcciones ilegales. El coste del derribo que estimó entonces el Ayuntamiento es de unos 105.546 euros, que asumiría "provisionalmente" el Consistorio en caso de tener que asumir los trabajos.

"Hace un año anunciábamos que entraríamos en Casa Lola para restablecer la legalidad urbanística y acabar con los excesos que se han hecho allí y no todos se lo creyeron. Hoy estoy seguro de que cuando decimos que también haremos cumplir la ley en Casa Paola todo el mundo sabe que vamos en serio", declaró en septiembre del año pasado el alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, en una nota enviada por el Ayuntamiento.

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