El Consell de Ibiza ordena la demolición de una vivienda ilegal en suelo rústico protegido

El Consell de Ibiza ha ordenado la demolición de una vivienda de nueva planta de 235 metros cuadrados de superficie construida y un anexo levantados ilegalmente en la finca Villa Rocío, propiedad de la polémica empresaria Paquita Sánchez, en Suelo Rústico Protegido Área de Protección Territorial de Costa (SRP-APT-Costa), según informa la institución ibicenca en un comunicado.

El departamento de Gestión del Territorio detectó a finales del 2021 que en la finca llamada Villa Rocío, situada en Can Toni Fita (Sant Josep de sa Talaia) se estaban ejecutando obras consistentes en la construcción de una nueva vivienda sin disponer de licencia urbanística que las amparara.

Como consecuencia de este hecho, el departamento de Gestión del Territorio resolvió ordenar la paralización inmediata de las obras así como incoar el correspondiente expediente de disciplina urbanística.

No obstante, la propiedad incumplió la orden de paralización y prosiguió con las obras, por lo que esta vez se enfrenta a multas coercitivas que ascienden a 116.288,23 euros, según la nota del Consell.

Asimismo, se han remitido todas las actuaciones a la Fiscalía de Ibiza por si estos hechos fueran constitutivos de delito.

Finalmente, "una vez instruido y resuelto el procedimiento de restablecimiento, la promotora ha presentado voluntariamente un proyecto de demolición ante el Consell que ha sido informado favorablemente". Ahora, añade el Consell, "el Ayuntamiento de Sant Josep dispone de un mes para comprobar que el proyecto presentado contiene toda la documentación necesaria y una vez agotado este plazo, la promotora dispondrá de cuatro meses para ejecutar la demolición".

Cinco construcciones derruidas

El Consell explica que, "a lo largo de esta legislatura, el departamento de Gestión del Territorio ha conseguido que se derriben cinco construcciones ilegales (una vivienda en Cala d'Hort, una vivienda en Corona, dos construcciones tipos yurta en ANEI y una instalación en costas) y ha remitido a Fiscalía seis denuncias por delitos contra la ordenación del territorio en suelo protegido que, además de su correspondiente sanción, desde el Departamento de Gestión del Territorio se recuerda que [la comisión de] estos hechos pueden representar penas de hasta cuatro años de prisión".

El conseller de Gestión del Territorio, Mariano Juan, ha explicado en una nota que "los expedientes de disciplina urbanística se han multiplicado exponencialmente en los últimos años” y recuerda que en 2021 "se abrieron 26 procedimientos contra posibles infracciones urbanísticas en suelo rústico, lo que supone seis más que en 2020 y 19 más que al 2018".

"De estos expedientes, en 2021 se han estado tramitando 4.412.000 euros en procedimientos sancionadores, lo que supone un aumento del 3.600% respecto de 2018, cuando se tramitaron 120.000 euros", apunta el conseller en el comunicado.

En cuanto a medidas cautelares, como paralizaciones de obras y precintos, en 2021 fueron 16, frente a las dos de 2019 o las siete de 2020. "Las investigaciones en disciplina urbanística ascendieron hasta los 76 casos en 2021".

“Estamos trabajando al ofrecer un balance del recientemente finalizado año 2022, pero ya podemos avanzar que los datos en disciplina urbanística continúan aumentando, el qué demuestra que uno de nuestros objetivos de legislatura, acabar con la sensación de impunidad, de que todo no vale en Ibiza, se está logrando” ha concluido el conseller.