El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Palma ha emitido un auto en el que, atendiendo la documentación aportada por el Ayuntamiento de Sant Antoni, considera «adecuadamente ejecutada» la sentencia que obligaba a la Administración municipal a tramitar el cierre del aparcamiento de ses Variades y otros situados en el núcleo urbano. Aunque en el extenso terreno de ses Variades siguen aparcando cientos de vehículos a diario, la jueza entiende que el Consistorio ha cumplido con el mandato judicial que le obligaba, según afirma ahora, a «terminar con la existencia de solares en los que tiene lugar el aparcamiento ilegal establecido».
«Del informe elaborado por el Ayuntamiento se hace constar que se ha procedido a resolver los contratos que tenía con los titulares de las parcelas donde se ubicaban los aparcamientos disuasorios, por lo que esto se ajusta a lo establecido en el fallo de la sentencia», justifica la jueza en el auto.
Paradójicamente, la sentencia condenaba al Ayuntamiento a «la incoación de expediente de clausura de los aparcamientos municipales que no cumplan la normativa municipal y de actividades», trámite que el Consistorio no ha efectuado, así como el pago de una indemnización por el perjuicio causado a Subsuelos Urbanos, la antigua concesionaria del aparcamiento subterráneo de pago de la avenida de España, que fue la que denunció los hechos.
Los convenios y el IBI
Entre otras cosas, el Consistorio justificó en el juzgado el cumplimiento de la sentencia en la extinción del convenio con la propiedad de ses Variades, por el cual ésta cedía el uso de sus terrenos como aparcamiento y, como contraprestación, el Consistorio le eximía del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), pese a que ahora los terrenos están desclasificados.
El Consistorio defiende que los terrenos de ses Variades no tienen la consideración de aparcamiento disuasorio, aunque en realidad nunca ha dejado de funcionar como tal, desde septiembre de 2018 cuando la propiedad (algo más del 80% pertenece a la familia Matutes) comunicó el Ayuntamiento la resolución del convenio de cesión del terreno y la recuperación de su posesión. Es decir, no fue el Ayuntamiento el que, por el mandato judicial (de 3 de marzo del año pasado), resolvió el convenio, sino que lo hizo la propiedad dos años y medio antes. Pese a ello, la Policía Local no retiró las señales del aparcamiento, las traviesas separadoras y los bolardos que delimitan los carriles del parking hasta diciembre del año pasado, más de tres años después de que la propiedad recuperara la posesión de sus terrenos.
«Tomadura de pelo»
Por todo ello, «a día de hoy no tiene consideración de aparcamiento disuasorio», decía el oficio de la Secretaría de la Corporación remitido por el alcalde, Marcos Serra, al juzgado, y que éste da por válido. El Ayuntamiento argumentó que, según su criterio, se ha repuesto la realidad física alterada con «la retirada de los carteles indicativos de uso de aparcamiento», con lo que «se han dejado las parcelas perfectamente expeditas, habiéndose devuelto la posesión a sus legítimos propietarios».
La sociedad que ahora explota el aparcamiento subterráneo de pago de la plaza de España (Med Real Estate Oportunity 2 Sicc SA), que recurrirá el auto, ya advirtió al juzgado de que la argumentación del Consistorio era «una auténtica tomadura de pelo» y «una falta de respeto».
