El Ayuntamiento de Sant Antoni se resiste a abrir un expediente de clausura del parking ilegal de ses Variades, incumpliendo así la sentencia firme que le obliga a ello, y responde en el juzgado que, aunque este terreno se ocupe a diario con cientos de vehículos, estas parcelas ya «no están destinadas a uso de aparcamiento». La sentencia también afecta a otros aparcamientos disuasorios, dos de ellos en la calle Antoni Riquer, aunque uno de ellos sí está cerrado con una cadena.
Para el Consistorio, el de ses Variades no tiene la consideración de aparcamiento disuasorio, aunque obviamente funciona como tal, desde septiembre de 2018, cuando la propiedad (algo más del 80% de los terrenos pertenece a la familia Matutes) comunicó al Consistorio la resolución del convenio de cesión del terreno y la recuperación de su posesión. Pese a ello, no fue hasta diciembre del año pasado (más de tres años después) cuando la Policía Local retiró las señales del aparcamiento, las traviesas separadoras y los bolardos de hormigón delimitadores de los carriles del parking.
Por todo ello, «a día de hoy ese terreno no tiene consideración de aparcamiento disuasorio», según el oficio de la Secretaría de la Corporación que el alcalde, Marcos Serra, ha remitido al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 para tratar de justificar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears de marzo del año pasado, que confirmaba la obligación de abrir un expediente de cierre, que no se ha hecho, de los aparcamientos ilegales del casco urbano.
Obligación ineludible de Sant Antoni
Dicha sentencia daba por «acreditada la ilegalidad de los aparcamientos» y la obligación «ineludible» del Ayuntamiento de «restablecer la legalidad» con «la incoación de los procedimientos a tal fin». Precisamente, el escrito remitido por el Ayuntamiento al juzgado destaca que «la sentencia no condena a la directa clausura de los indicados aparcamientos, como a la incoación de los expedientes de clausura de los parkings municipales que no cumplan la normativa y de actividades».
Así, el escrito del Consistorio señala que, según la ley de Urbanismo de Balears, los procedimientos de restablecimiento de la legalidad urbanística pretenden «o bien la reposición de la realidad física alterada o bien la legalización de los usos». Y el Ayuntamiento indica que ha optado por la primera opción, que, según su criterio, se ha cumplido con «la retirada de los carteles indicativos de uso de aparcamiento», con lo que «se han dejado las parcelas perfectamente expeditas, habiéndose devuelto la posesión a sus legítimos propietarios».
La defensa de Med Real Estate Oportunity 2 Sicc SA, la nueva concesionaria del aparcamiento subterráneo de pago de la plaza de España en sustitución de Subsuelo Urbanos, ha alegado en el juzgado que la respuesta del Ayuntamiento es «una auténtica tomadura de pelo y una falta de respeto» porque pretende dar por cumplida la sentencia de «forma torticera».
La nueva concesionaria insiste en que la sentencia obliga a cerrar los aparcamientos, lo cual, como no puede ser de otra manera, se debe hacer a través de los cauces legales y de la incoación de los expedientes oportunos de urbanismo y actividades.
Sant Antoni no reconoce al concesionario del 'parking' subterráneo
El Ayuntamiento de Sant Antoni no reconoce al nuevo concesionario del aparcamiento subterráneo de pago de la plaza de España (Med Real Estate Oportunity 2 Sicc SA) que sustituyó a Subsuelos Urbanos. Precisamente, esta última empresa, que entró en concurso de acreedores y en ruina, fue la que inició el procedimiento judicial, tanto por la vía contencioso administrativo como penal, contra el Ayuntamiento por permitir el funcionamiento de unos aparcamientos ilegales que, al ser gratuitos, restaban ocupación al suyo con las consecuentes pérdidas económicas.
El nuevo concesionario ha retomado todo el proceso judicial para forzar el cierre de los parkings ilegales, pero el Consistorio ha comunicado al juzgado que éste «no ha verificado su condición de concesionario frente a la Administración». Por ello, a finales de abril se le requirió, mediante un decreto, que verifique que dispone de las condiciones exigidas para suceder a Subsuelos Urbanos en dicha concesión.
La defensa de Med Real Estate Oportunity 2 Sicc califica de «alucinante» la actitud del Ayuntamiento por estar «más preocupado en vetar la personación de una parte claramente afectada y muy interesada en el cumplimiento de la sentencia que en acatarla».
En un recurso dirigido al juzgado, la concesionaria recuerda que el procedimiento judicial que resolvió quién era el nuevo concesionario se cerró hace más de un año y el Ayuntamiento, que no puso ningún recurso ni objeción, fue notificado. «Sorprende que cuando se interesa la ejecución de la sentencia, pretenda negar o desconocer un hecho que ha sido expresamente aceptado por dicha Administración», justifica.
No sólo eso. La concesionaria agrega que en todo este tiempo ha desarrollado su actividad pagando el canon correspondiente al Consistorio sin que éste haya objetado nada y, además, ha habido hasta tres reuniones con responsables municipales, y en alguna también participó el secretario, sobre las tarifas. Así considera «inaudito» y un acto de «mala fe» por parte del Ayuntamiento que ahora no reconozca a la concesionaria «para eludir su responsabilidad de cumplir la sentencia».
