Cemex España Operaciones, la empresa que explota la cantera Can Xumeu, en Sant Josep, defiende que aportó a la Comisión de Medio Ambiente de Balears «suficiente información y documentación» para que la declaración de impacto ambiental del proyecto de explotación y al plan de restauración de esta industria minera hubiera sido «favorable».
La sociedad empresarial recuerda que la resolución del órgano ambiental del Comunitat Autònoma «no es firme» y, en todo caso, «contraria a Derecho» y que, por lo tanto, se abre la vía judicial para defender sus derechos. «No sólo a los recursos que la ley le concede, sino también para el necesario y legítimo ejercicio de las acciones legales que resulten necesarias para que sean los órganos jurisdiccionales quienes depuren las eventuales responsabilidades», advierte Cemex.
Tal como publicó este diario, la dirección general de Política Industrial, dependiente de la conselleria balear de Transición Energética, confirmó, a través de un portavoz, que deberá ordenar la paralización y la retirada de la maquinaria de la cantera Can Xumeu después de que el jueves de la semana pasada la Comisión de Medio Ambiente de Balears informara desfavorablemente a la evaluación de impacto ambiental del proyecto de explotación y plan de restauración de la cantera.
La obligación de forzar el cierre de la actividad se basa, según la conselleria, en la disposición transitoria segunda de la ley de minas de Balears, que especifica que, si la declaración de impacto ambiental es desfavorable, «el explotador tiene que retirar inmediatamente la maquinaria e instalaciones, y la restauración del área afectada se realizará según la prescripciones de la autoridad minera».
El Govern balear asume que la empresa explotadora de la industria minera puede emprender acciones judiciales, primero contra el informe de Medio Ambiente y, segundo, contra la resolución de cierre a la que se verá abocada a firmar la dirección general de Política Industrial, incluso la petición de una medida cautelarísima en el juzgado para tratar de evitar el cese de la actividad mientras se resuelve el posible contencioso administrativo.
La empresa afirma que la conselleria de Transición Energética, que es «la autoridad sustantiva», no le ha comunicado nada sobre el expediente, «y menos aún en cuanto a una posible caducidad del derecho minero que ampara la actividad de la cantera».
El informe desfavorable de Medio Ambiente se basa, entre otras cosas, en que el plan presentado por la empresa contempla extraer áridos en una zona protegida de sa Serra Grossa integrada en la Red Natura 2000 con la figura de Lugar de Interés Comunitario (LIC). Esta área, además, en julio de 2020, fue declarada Zona de Especial Conservación (ZEC). El servicio de Planificación del Medio Natural del Govern sostiene que la única actuación posible dentro de la ZEC es «su restauración inmediata».
