La dirección general de Política Industrial del Govern balear ordenará la paralización y la retirada de la maquinaria de la cantera Can Xumeu, en Sant Josep, después de que la Comisión de Medio Ambiente de Balears haya informado desfavorablemente a la evaluación de impacto ambiental del proyecto de explotación y al plan de restauración de esta industria minera. También se le requerirá la presentación de un proyecto sólo para restaurar la cantera sin la posibilidad de extraer más áridos.
Así lo confirma un portavoz del Ejecutivo autonómico a tenor de lo que determina la ley de minas de Balears de 2014. La disposición transitoria segunda indica que, en el caso de que la declaración de impacto ambiental de una explotación de este tipo sea declarada desfavorable, «el explotador tiene que retirar inmediatamente la maquinaria y las instalaciones y la restauración del área afectada se realizarán según las prescripciones de la autoridad minera».
Esta cantera, que explota Cemex España Operaciones SLU, cuenta con una autorización minera desde 1966, pero la citada ley de minas obliga a que cuente con un informe de impacto ambiental favorable. Esta explotación minera cuenta con una planta de trituración de material y otra de producción de asfalto, aunque esta última es propiedad de otra empresa y se ubica en una zona fuera del ámbito del proyecto presentado pero dentro del perímetro minero autorizado en 1966. De hecho, pese al impacto que genera una infraestructura de este tipo, el estudio de impacto ambiental no analiza sus efectos.
Efectos de la planta de asfalto
Sin embargo, la Comisión de Medio Ambiente advierte del efecto acumulativo que supone sobre el medio ambiente, y que no se ha considerado, la existencia de esta planta asfáltica tanto en lo que concierne a la circulación de vehículos pesados, las emisiones atmosféricas, como al impacto paisajístico. Medio Ambiente sostiene que el desmantelamiento y la restauración del espacio que ocupa debería haberse incluido en el plan restauración.
En todo caso, otra de las cuestiones que más han pesado a la hora de informar en contra de la evaluación de impacto ambiental es que el proyecto de explotación contempla extraer áridos en una zona protegida de sa Serra Grossa integrada dentro de la Red Natura 2000 con la figura de Lugar de Interés Comunitario (LIC). Además, el Govern declaró esta área, en julio de 2020, como Zona de Especial Conservación (ZEC), fundamentalmente para proteger la Ginesta dorycnifolia, un endemismo de la isla de Ibiza. En este ámbito se encuentran inventariados hábitats de interés comunitario y aves incluidas en la Directiva de Aves de la Unión Europea, así como una serie de especies silvestres con un régimen de protección especial.
El servicio de Planificación del Medio Natural del Govern ya emitió en 2020 varios informes, que ha ratificado el pasado mes de agosto en respuesta a alegaciones del promotor, en contra de la explotación de esta cantera porque «afectará gravemente a la ZEC de sa Serra Grossa [20 hectáreas] por la destrucción y eliminación de hábitats de interés comunitario y las especies por las cuales este espacio se incluyó en la Red Natura 2000». También «provocará el desplazamiento intencionado de la fauna silvestre protegida, contaminación acústica y la emisión de polvo y partículas», agrega.
Medidas correctoras irrelevantes
«Ninguna medida correctora ni ningún proyecto de restauración por muy bien planteados que estén, nunca podrán restituir la realidad ambiental alterada por las labores de explotación ni revertir la situación a su estado original», apunta el servicio de Planificación del Medio Natural, que agrega que «la destrucción de 15 hectáreas de hábitat de interés comunitario atenta claramente contra su buen estado de conservación y contradice el mandato de la ley estatal 42/2007 de Patrimonio natural y la Biodiversidad sobre la obligación de las administraciones competentes de adoptar medidas adecuadas para evitar el deterioro de los hábitats de interés comunitario». Por ello, concluye que «la única actuación posible dentro de la ZEC es su restauración inmediata».
Por último, la Comisión de Medio Ambiente también señala que los resultados del estudio acústico son «incompletos» y que los que se presentaron «resultan inasumibles para zonas de alta sensibilidad acústica». El límite máximo debería ser de 50 decibelios y todos los valores obtenidos dentro de la Red Natura 2000 lo superan. Además, una parte importante de la actividad extractiva se hará mediante voladuras (22 al año de media), pero no se ha reflejado este hecho en el estudio acústico.
La Comisión de Medio Ambiente de Balears ya propuso hace dos años emitir un informe desfavorable a la declaración de impacto ambiental, pero antes de que se resolviera el promotor solicitó una prórroga para mejorar el proyecto desde el punto de vista ambiental. Acto seguido, el promotor redujo por «motivos ambientales y de compensación de superficies protegidas» la superficie total afectada y pasó de 64,4 a 31,3 hectáreas, renunciando con ello a la explotación de 50,4 hectáreas ya que el área de explotación autorizada en 1966 afectaba a 81,7 hectáreas.
