Ha pasado casi un año desde que el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) dictó, el 3 de marzo del año pasado, una sentencia que obligaba al Ayuntamiento de Sant Antoni a abrir un expediente de cierre de los aparcamientos ilegales de ses Variades y de otros solares del casco urbano. También le forzaba a pagar una indemnización a Subsuelos Urbanos, la entidad que explotó el aparcamiento subterráneo de pago de la plaza de España entre 2008 y febrero de 2014, por el perjuicio que le ocasionó que el Ayuntamiento tolerara el funcionamiento de los aparcamientos a sabiendas de que eran ilegales.
El Consistorio no recurrió y el fallo judicial devino firme. El 13 de mayo del año pasado, el Juzgado de lo Contencioso número 3 de Palma emitió un oficio en el que preguntaba al Consistorio cuál era el órgano competente para cumplir la sentencia. El Ayuntamiento respondió que la junta de gobierno. Desde entonces, en vez de abrir el expediente de clausura de los aparcamientos, el Ayuntamiento se ha limitado a retirar las señales municipales de aparcamiento y los bolardos de hormigón de la entrada, según explica el alcalde, Marcos Serra.
También se ha contratado a un abogado para que determine «cómo hay que proceder». «Para ver qué significa cumplir la sentencia, hasta dónde hay que llegar». «Queremos que nos diga si hay que hacer algo más», explica Serra, que apunta, además, que el convenio con los propietarios de los terrenos está extinguido. De hecho, la propia propiedad rehusó renovarlo, según el alcalde.
Serra también indica que la sentencia afectaba a cinco aparcamientos públicos, pero actualmente sólo hay dos activos: el de ses Variades, que tiene una capacidad para un millar de vehículos, y el de la calle Estrella.
El cierre es «un desastre»
El alcalde explica que se está «intentando adquirir» otros terrenos para abrir aparcamientos legales en otras zonas del pueblo, al tiempo que destaca que el cierre del de ses Variades supone «un desastre», puesto que, con este millar de plazas, ya es «deficiente» la capacidad para aparcar en Sant Antoni.
Ante la falta de actividad del Consistorio para cumplir la sentencia (la apertura del expediente de clausura y el pago de la indemnización), la defensa de Subsuelos Urbanos envió un escrito a mediados de enero al juzgado en el que recordaba que en mayo del año anterior ya le comunicó al Ayuntamiento que cumpliera la sentencia.
Por ello, el abogado José Luis Martínez Galvañ agrega que, como se desconocen las actuaciones del Consistorio para dar cumplimiento al fallo judicial, requiere un informe de la situación actual, tanto de la clausura de los aparcamientos disuasorios como del cálculo de la indemnización.
Martínez Galvañ asegura que «no se va a esperar mucho más tiempo» al Ayuntamiento para solicitar al juzgado la ejecución forzosa de la sentencia y recuerda que éste le puede «sancionar por desobediencia». En este sentido, el abogado indica que el Consistorio ya debería haber hecho «algún ofrecimiento» sobre la cuantía de la indemnización que debe abonar. En todo caso, Subsuelos Urbanos prepara un estudio económico sobre las pérdidas que sufrió como consecuencia de la permisividad del Consistorio con los aparcamientos disuasorios sin licencia.
No se renueva el convenio
Fuentes de la propiedad de los terrenos de ses Variades indican que harán lo que les «comunique el juzgado», al tiempo que recuerdan que siempre han dado «las máximas facilidades al Ayuntamiento en beneficio del pueblo». De hecho, el aparcamiento no genera ningún ingreso ni beneficio a sus propietarios. «Es totalmente altruista desde hace mucho tiempo», subrayan. En el caso de los parkings ilegales en suelo urbano, el Consistorio exime a sus propietarios del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), pero como el de ses Variades es rústico, sus titulares no reciben ninguna compensación.
Asimismo, las fuentes de la propiedad apuntan que la decisión de no renovar el convenio con el Ayuntamiento «no es un capricho» sino que obedece a «los vaivenes urbanísticos» que se han producido en los últimos años y que han cambiado las condiciones de la clasificación del suelo sucesivamente.
La sentencia del TSJB sobre los aparcamientos destacaba que el Ayuntamiento no sólo no había iniciado «un procedimiento de disciplina urbanística» pese a las denuncias de Subsuelos Urbanos sino que «incluso participaba y contribuía en la irregular situación». Así, el fallo judicial, que no fue recurrido, daba por acreditado «la ilegalidad de los aparcamientos» y «la obligación del Consistorio de restablecer la legalidad urbanística».
