Turismo corregirá por decreto la ley para multar ya el alquiler ilegal

Ya hay reforma para la reforma, antes incluso de que entre en vigor. Ayer en el Parlament, en el Govern y en el propio equipo de Barceló ultimaban los detalles del plan para salir por decreto de urgencia del lío generado el pasado martes 18, cuando una modificación de último minuto propiciada por el desbarajuste interno en Podemos acabó cambiando la ley prevista por el Govern de forma tan quirúrgicamente destructiva que bastó tirar un artículo para convertir en inaplicable una regulación del alquiler turístico trabajada durante un año y medio. El efecto del cambio era tan simple como dañino: tras su inclusión, la normativa ni prohibe ni permite el alquiler en pisos de edificios plurifamiliares residenciales.

Y como la normativa ni veta ni autoriza el arrendamiento en estos pisos, pues los abogados del Govern dudan que se les pueda aplicar a los dueños las multas. ¿Solución? El Govern parcheará su ley por decreto, algo que tiene cierta tradición en las islas. Tanta que el Govern anterior, el del PP de Bauzá, también recurrió a la urgencia para corregir por decreto la normativa estrella con la que se estrelló, el trilingüismo. El decreto se aprobará o bien está semana o bien la que viene, con la idea de que esté en vigor en agosto.

El cambio: de vuelta al origen

¿Qué dirá el cambio? Pues lo que decía originalmente la ley antes de que la frustrase Podemos. Se recupera el artículo 49 original (el del lío), para que en vez de circunscribir el alquiler vacacional a las casas aisladas y adosadas, se defina como comercializadores de estancias turísticas a todos los dueños (personas o empresas) de una vivienda residencial que arriende su inmueble por periodos de corta duración. Es decir: todas las viviendas serán susceptibles de ser turísticas, y multado como tal su alquiler ilegal.