Vila lleva casi dos años sin un Plan General de Ordenación Urbana que rija su urbanismo pero nadie lo diría. En el último trimestre del año han empezado una decena de obras de gran envergadura, entre ellas la que promete alterar para siempre la parte más visitada de la ciudad, con la peatonalización de Vara de Rey y su entorno, que debe terminarse antes del próximo mayo.
La ambiciosa reforma, con 2,6 millones de euros de presupuesto, implica crear un nuevo espacio peatonal a los pies de la muralla. Además, el tráfico se suprimirá en varias calles y se modificará el acceso a la Marina y Dalt Vila.
Esta transformación coincide con los cambios en la avenida de Ignasi Wallis, que ha perdido un carril en su primer tramo y queda como vía de sentido único hasta Bartomeu de Rosselló. Es el anticipo de los cambios que se avecinan en octubre de 2017, cuando se invertirá el sentido de la avenida de Santa Eulària, en un cambio profundo de la movilidad en la ciudad.
También hay obras, en este caso de separación de redes de alcantarillado y pluviales, en la Marina para solucionar los problemas de inundaciones de otros años. Pero mientras en la calle de sa Creu se trabaja según lo previsto, en la calle Barcelona los operarios han sufrido varios ataques que han obligado a destinar policías a velar por su integridad y amenazan la previsión de acabar a finales de año o principios de 2017 los trabajos.
Esto en el año en que se empezó a excavar el nuevo emisario de la depuradora, tras declararse la emergencia de la obra que pondrá fin a los vertidos en Talamanca, con una inversión de 7,2 millones de euros y la previsión de acabarla antes del verano que viene.
También ha sido el año en que se ha acometido la demolición de sa Graduada. En febrero se completó el derribo de la parte de los terrenos de propiedad municipal mientras que el Ministerio de Justicia derribó el resto en abril. En estos terrenos se levantarán los nuevos jugados, que se espera acabar en 2020 tras una inversión de 16 millones de euros.
Después de siete años, a primeros de diciembre de este 2016 aceptó dejar su casa Acisclo Marín, el último inquilino de los pisos de Santa Margarita, tras la declaración de ruina del inmueble, que será demolido a principios de 2017. El resto de sus antiguos vecinos viven en el edificio de Es Pla de Vila desde 2010, cuando se promovía la ambiciosa reforma del centro de la ciudad planificada en el proyecto Eivissa Centre. A día de hoy, el Ayuntamiento asegura que no tiene claro a qué destinará los mil metros cuadrados del solar y espera aclararlo en el primer trimestre del año que viene. También siguen sin destino claro los otros dos solares vinculados a Eivissa Centre: el de la vieja Delegación del Gobierno y la otra parte de ses Protegides, junto a los juzgados.
Ibiza ha superado en un plazo récord uno de los principales traumas que puede sufrir una ciudad, la suspensión de su ordenación por orden judicial. No se ha salido aún del embrollo, aunque se esta más cerca de la meta. En tan solo nueve meses, en abril pasado, se dio la aprobación inicial a un nuevo planeamiento, aún en fase de estudio de alegaciones.
Pero el documento de PSOE y Guanyem -el resto de fuerzas se han desvinculado y acusan a los progresistas de romper el consenso previo en este tema- no se limita a reproducir el PGOU de 2009: rebaja a 77.000 el techo de habitantes, aunque también programa 27 nuevos crecimientos urbanísticos y 3.055 viviendas nuevas, lo que supone 9.165 habitantes más para una ciudad con problemas graves de abastecimiento de agua y saneamiento. El paso siguiente será el dictamen de la Comisión Balear de Medio Ambiente tras su aprobación provisional.
Mientras, el Ayuntamiento ha tenido que recurrir a modificaciones puntuales del ordenamiento, por ejemplo, para proporcionar un solar al Consell para el centro de baja exigencia en es Gorg o para la nave donde lavará la maquinaria la nueva contrata de basuras de la ciudad.
