El juez falla a favor de los acreedores de Celsa y les transfiere la propiedad del gigante siderúrgico

El juzgado número 2 de lo mercantil de Barcelona ha fallado a favor de los acreedores de Celsa y en contra de la familia Rubiralta, transfiriéndoles a los primeros la propiedad del gigante siderúrgico. Celsa dejará así de ser una de las principales empresas familiares catalanas y el control de este conglomerado de empresas industriales que emplea a 10.000 personas en España y factura 6.000 millones de euros anuales pasa a manos de los fondos.

La sentencia divulgada este lunes pone punto y final a una larga guerra judicial entre los Rubiralta y parte de sus acreedores, en la que ha llegado ha involucrarse con ofertas de rescate millonarias el Gobierno. El fallo es firme y sobre el mismo no cabe recurso alguno. En la tarde de este lunes están convocados los trabajadores a asambleas en la mayoría de centros para informarles de los detalles y aplicación de la sentencia, según explican fuentes sindicales.

El magistrado Álvaro Lobato Lavín ha considerado probado y ajustado a la legalidad el plan de reestructuración que presentaron los fondos inversores, que cuentan actualmente con más de 2.000 millones de euros en deuda vencida.

Los Rubiralta han perdido las llaves de sus fábricas entre la montaña de deudas contraídas para mantener a flote un negocio que exige constantemente de grandes inversiones para ser rentable. "En una moderna economía competitiva, el mercado es y debe ser el único árbitro de la supervivencia económica", concluye el magistrado en su sentencia, divulgada este lunes.

Nueva ley concursal

La entrada en vigor de la nueva ley concursal dio la oportunidad a varios fondos de inversión que prestaron dinero a los Rubiralta para cobrarse gran parte de esa deuda en acciones de la compañía. Y es que con la nueva normativa si los acreedores tienen un importe de deuda mayor que el valor de la compañía, pueden cobrarsela accediendo a la propiedad. Finalmente estos han impuesto su narrativa por encima de la de los Rubiralta, que auguraron durante el juicio la quiebra de la compañía si caía en sus manos.

El magistrado ha considerado que el plan de reestructuración que presentaron SVP Global, Deutschebank, Sculptor y Anchorage cumplía con esos requisitos legales y asegura la viabilidad del Grupo Celsa, algo de lo que desconfiaron durante el juicio tanto los Rubiralta como los sindicatos. "Acusar a los acreedores de configurar una coalición de 'fondos oportunistas', 'fondos buitres', de buscar un 'pelotazo financiero' o pretender 'una expropiación de los accionistas del Grupo Celsa' no es una descripción adecuada", considera el juez.

El magistrado falla a favor de los fondos acreedores, pero les recuerda también que valida su entrada al accionariado a cambio de que preserven el valor estratégico de Celsa en España, tanto a nivel de empleo como de producciones. "Deben cumplir estrictamente sus compromisos, preservando e incrementando el valor de la compañía, manteniendo su integridad, conservando los puestos de trabajo, y ello sin alterar los centros estratégicos de decisión que tanta relevancia tienen para la economía en su conjunto", reza la sentencia.

Desde los fondos ya avanzaron durante el juicio, celebrado entre el 3 y el 11 de julio, que estaban buscando directivos para nombrar en cuanto se resolviera la sentencia un nuevo consejo de administración que sustituya al de los Rubiralta y pilote la compañía.

Concretamente los fondos demandandes fueron: Rathmines, Deutschebank, London Branch, International Kapitalanlagegesellschaft MBH, Acting for SDF 2, Cross Ocean USD ESS II, Sarl, Cross Ocean AGG II, Sarl, Sculptor Investments, Trinity Investments, Goldentree y BV y AIO VII.