Las largas retenciones de tráfico que se producen ahora en las carreteras de la isla, muchas de ellas de acceso a zonas naturales sensibles, aumentan el agobio que se vive por culpa de la masificación y provocan un grave perjuicio ambiental. La consellera de Territorio y Movilidad, Pepa Marí, asume que en pleno verano la red viaria alcanza «una situación límite», aunque considera que «no se puede hablar de un colapso de las carreteras en general, sino de determinadas zonas».

Marí explica que «se está estudiando» la posibilidad de limitar la entrada de vehículos o imponer una tasa a los que desembarcan en la isla, tal como ha propuesto en firme el Consell de Formentera, pero reconoce que es «muy complicado a día de hoy» porque «la normativa europea es muy liberalizadora».

«La legislación da pocas herramientas a las administraciones locales para que podamos gestionar nuestro territorio», lamenta la consellera, que agrega: «Las islas son casos especiales, por lo que creo que debe haber algún resquicio que lo permita».

Pese a las dificultades legales, el Consell de Ibiza, según Marí, mantiene viva esta posibilidad y está «colaborando» con Formentera y Menorca en «el estudio» de una fórmula que permita restringir la entrada de vehículos privados. «No consideramos que no se pueda hacer», defiende Marí.

El Consell de Formentera ya ha propuesto la aprobación de una ley en el Parlament balear para que se aplique una tasa a los vehículos que entran en la isla. El gobierno progresista de la pitiusa menor también planteó la posibilidad de restringir la entrada de coches, pero ha desechado esta posibilidad porque, para hacerlo, se precisa de una ley de ámbito estatal.

Invasión de vehículos

El Consell de Ibiza no ha cuantificado la cantidad de vehículos que atestan la red viaria este verano, pero apunta que entre enero de 2014 y agosto de 2015 había 22.000 vehículos más en la isla, sobre un parque móvil de 83.000.

El director insular de Territorio y Movilidad de Ibiza, David López, sostiene que «los vehículos privados han invadido excesivamente la isla», sobre todo en las zonas que «no corresponde, como los espacios naturales». «Se le da un poder al uso del vehículo privado que se debe eliminar», indica, al tiempo que apunta que, si no se puede restringir la entrada de vehículos a la isla, sí se ha de «limitar el acceso» a determinadas zonas. «No puede ser que los coches lo invadan todo», insiste.

Así, Marí y López explican que el Consell ya ha propuesto a los ayuntamientos restringir el paso con coches privados a algunas zonas de la costa que se colapsan y que provocan un grave perjuicio a su entorno, como «Benirràs, Cala d´Hort o Platges de Comte», entre otros. Se trata de imitar el modelo que se ha implantado este verano en Cala Salada, aunque, observan ambos, cada caso es «particular» y necesita una solución específica.

«No hay que tratar a los coches como enemigos, sino como algo que hay que controlar y regular para que haya un uso más ajustado y limitado», indica López. Se trata de «cambiar el chip» a la gente, lo cual es «un proceso natural» que en otros lugares y grandes ciudades «ya se ha vivido». «No es ciencia ficción», agrega el director insular de Territorio y Movilidad, quien en todo caso considera que sería necesario «un plan de choque inicial». Para ello, se debe apostar por «un transporte público potente» y en «pacificar los núcleos urbanos dificultando el acceso de los vehículos con aceras más amplias, por ejemplo», explica.

López resalta que con la renovación de las concesiones de transporte público por carretera en 2018 se «abre una buena oportunidad para plantear con algunos años vista un nuevo modelo». «La primera responsabilidad es de la Administración, pero todo el mundo tiene que participar», apunta.

La consellera reconoce las dificultades que conlleva la imposición de medidas restrictivas y pone como ejemplo el caso de Cala Salada. «El caos lo provoca el hecho de que la gente se salte las normas. Se han sacado 35.000 folletos informativos a la calle, y la gente sabe de una u otra manera que no se puede llegar a Cala Salada en coche, pero hay gente que quiere comprobarlo personalmente. Con el tiempo se autorregulará y la gente se acostumbrará. Lo difícil es cambiar una costumbre», afirma.

Potenciar el transporte público

Lo mismo sucede, recalca Marí, con el transporte público. «Ibiza es una isla muy complicada por la dispersión de las zonas de residencia. No se puede satisfacer la demanda personal de cada persona. El transporte público tiene que dar servicio a los principales centros colectivos: una playa con 2.000 ó 5.000 personas no se puede vaciar sólo con vehículos privados en los que caben cuatro personas», explica.

«Hay que dar a la gente la posibilidad de poder desplazarse y que el coche privado sea menos útil», agrega la consellera.

En este sentido, el director insular de Territorio y Movilidad considera que de «forma amable y sin prohibir se tiene que convencer a la gente».

«Hay experiencias en otros sitios para estar tranquilos. Hay que reconducir la situación y, con un transporte público potente y fomentando el uso de otros medios como vehículos ligeros o bicicletas, dejar el uso del vehículo privado en el lugar que le corresponde. A lo mejor en unos años una familia en lugar de disponer de dos vehículos tendrá sólo uno», indica, a modo de ejemplo del proceso gradual que, según su criterio, debe seguir este cambio de mentalidad de los ciudadanos.

El desdoblamiento del tramo de Ca na Negreta, proyecto criticado por su impacto por Podemos-Guanyem, socio de gobierno del PSOE en el Consell, «no es el modelo viario» del gobierno actual, según López, sino «una solución a un déficit» que padece la red viaria. «Es una cuestión técnica y de seguridad», defiende. La consellera resalta que, al margen de la saturación del verano, por el tramo de Ca na Negreta «pasa cada día la mitad de la población de la isla». «Esta travesía no está dimensionada para soportar el tráfico normal, no solo el incremento del verano», dice. «No se pueden hacer carreteras para sólo un mes al año, pero hay que dar servicio a las 150.000 persona que residen en la isla», indica Marí.