La inminente supresión de la moratoria para la implantación de grandes superficies en las islas, que podría producirse en octubre, está provocando el interés de grandes empresas por entrar en el mercado pitiuso. La cadena de supermercados Mercadona ha iniciado ya los trámites para constituirse en Ibiza, según aseguraron ayer fuentes de esta empresa. Representantes de la compañía han mantenido ya una serie de reuniones con concejales de comercio de distintos ayuntamientos para estudiar la posibilidad de abrir entre tres y cuatro grandes superficies comerciales en varios puntos de la isla (según distintas fuentes podrían instalarse dos en Vila, uno en Sant Antoni y otro en Santa Eulària). Sin embargo, fuentes de Mercadona aseguran que la nueva Ley de Comercio, que podría aprobarse en octubre, «dificultará mucho la instalación de nuevas grandes superficies».

La cadena se supermercados sólo está pendiente ahora de la aprobación definitiva de la ley para decidir cuántos establecimientos podría construir en Ibiza y dónde. «Nos preocupa mucho cómo quedará la normativa y esto hace que nuestra intención sea una y las posibilidades otras, ya que habrá que adaptarse a la ley, que hace muy difícil nuevas instalaciones», agregaron las mismas fuentes.

Por otra parte, los supermercados Lidl podrían incrementar su presencia en la isla con la apertura de un gran establecimiento en Sant Antoni si finalmente llegan a un acuerdo con los propietarios del solar de la antigua sala de fiestas ´Sa Tanca´. El Plan General de Ordenación Urbana del municipio permite este tipo de instalaciones y en principio no deberían existir dificultades para obtener licencias para el nuevo centro comercial.

Además, el grupo de empresas Inditex prevé desde hace tiempo abrir una tienda de Zara en Ibiza, aunque por el momento fuentes de la compañía aseguran que «no hay nada inminente y no constan nuevas aperturas por ahora». Añaden que no existen previsiones dentro de los próximos meses para instalarse en la isla. Sin embargo, la empresa lleva más de un año pagando el alquiler de un local de más de 600 metros cuadrados en el centro de Vila, según distintas fuentes.

El vicepresidente de la Pimeef, Alfonso Rojo, aseguró ayer que el movimiento de grandes superficies «preocupa» a los pequeños comerciantes de Eivissa. Añadió que solicitaron que su implantación en la isla fuera lo menos perjudicial para los comerciantes establecidos y ahora tendrán que esperar a que la nueva Ley de Comercio integre sus peticiones y las condiciones pactadas con la patronal y los sindicatos. «Legalmente no podemos ir en contra de una directiva europea pero hay que saber también que en la práctica existe mucha incertidumbre porque no sabemos qué pasará cuando se monte un gran centro comercial nuevo», recalcó Rojo. Las condiciones pactadas para las nuevas grandes superficies incluyen la necesidad de contar con una plaza de aparcamiento por cada 35 metros cuadrados de superficie útil, la elaboración de un estudio sobre la incidencia en la red viaria y el establecimiento de medidas para limitar el consumo energético. Estas condiciones no vulnerarán la normativa europea, según el Govern balear, a propósito del anuncio del Gobierno central en el sentido de que cualquier posible sanción de Bruselas en relación a este asunto deberá ser afrontada por la Comunitat Autónoma.

Los nuevos retos

El establecimiento en Eivissa de grandes superficies comerciales de Mercadona y Zara supondría un desafío para los pequeños comerciantes de la isla, que afrontan la situación con «incertidumbre», según la Pimeef.

La moratoria se levantará en octubre

La moratoria en vigor que impide la implantación en Balears de grandes superficies comerciales desaparecerá el próximo mes de octubre con la aprobación en el Parlament de la nueva Ley de Comercio, según las previsiones de la consellera del ramo, Francesca Vives. Esto supondrá desbloquear unas inversiones que desde hace años se mantienen paralizadas y que según las estimaciones realizadas por el citado departamento autonómico podrían moverse entre los 150 y los 200 millones de euros.

La principal característica de la reforma de la ley de comercio, que tiene por objeto llevar a cabo la adaptación de la normativa balear a la directiva europea de servicios, es que pone fin a la prohibición para que pueda implantarse en el archipiélago cualquier nueva gran superficie comercial, aunque se mantienen limitaciones vinculadas al urbanismo.

A partir de la aprobación de la nueva normativa se considerará gran establecimiento comercial aquel que supere los 400 metros cuadrados en Ibiza y Menorca y los 200 en Formentera. En Mallorca la superficie mínima se establece en los 700 metros cuadrados.