Hace un año el Tribunal Superior de Justicia (TSJB) rechazó la reclamación económica (40 millones) de un grupo de 15 propietarios de terrenos de Benirràs por la pérdida de derechos edificatorios tras la aprobación de la ley 4/2008 por entender que la situación quedaba corregida (es decir, la posibilidad de nuevo de urbanizar y edificar este paraje) con la normativa aprobada la pasada legislatura por el PP (la nueva ley del suelo de Balears, la 2/2014).
No obstante, el decreto urbanístico (la moratoria) que aprobó en enero el actual Govern balear de izquierdas dejó de nuevo en suspenso el desarrollo de esta zona al congelar la aplicación de la disposición adicional sexta de la ley del suelo de Balears del PP que permitía de nuevo su desarrollo.
31 viviendas en Benirràs
Al amparo de dicha normativa, el Ayuntamiento de Sant Joan ya había aprobado inicialmente una modificación puntual de las Normas Subsidiarias para permitir la construcción de 31 viviendas unifamiliares en Benirràs.
La sentencia del TSJB que rechaza el pago de una indemnización a los propietarios de Benirràs fue previa a la aprobación de la nueva moratoria del Govern balear, mientras que las seis de Roca Llisa son posteriores. Precisamente, en dichas sentencias el tribunal balear especifica que la moratoria «no altera» la reclamación de los propietarios.
