Un grupo de 15 propietarios de Benirràs, en Sant Joan, sigue a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso de casación que su abogado, Jaume Roig, presentó contra la sentencia del TSJB de hace un año que desestimaba el pago de una cuantiosa indemnización por la protección de estos terrenos a través de la Ley 4/2008. En este caso, el tribunal avaló las ocho licencias exprés tramitadas por el Consistorio justo antes de la aprobación de la moratoria de finales de 2007. Pero rechazó indemnizar a los propietarios (reclamaban 40 millones) al entender que la ley 2/2014 aprobada por el anterior Govern balear del PP, posterior a la 4/2008, permitía recuperar la condición urbana de los terrenos después de que el Consistorio los incorporara al planeamiento urbanístico de Sant Joan.
La sentencia señalaba, además, que entre 2008 y 2014, cuando se aprobó la nueva ley, tuvo lugar «una crisis inmobiliaria», por lo que no habría supuesto un perjuicio indemnizable, tampoco por demora en la ejecución de las licencias.
En el recurso de casación, los propietarios destacaban hace ya casi un año que todavía no se había incorporado el desarrollo de Benirràs a las Normas Subsidiarias de Sant Joan (está pendiente la aprobación de un plan especial). Y sigue igual. Además, la nueva moratoria del Govern deja ahora en suspenso la aplicación del artículo de la ley 2/2014 que permitía salvar la protección decretada con la ley 4/2008.
