El Consell realizó en 2014 un total de 72 inspecciones en viviendas turísticas, pero todo este trabajo no se traduce en un gran número de sanciones. Por ejemplo, en 2014 se impusieron seis, con multas que suman 25.501 euros sobre expedientes iniciados en 2013 y 2014. En 2015 la actividad está siendo un poco superior, porque a estas alturas ya hay cinco expedientes por 26.003 euros. En algunos casos el problema es la falta de pruebas, pero en general Torres reconoce que «la efectividad es muy poca, desgraciadamente». «Si se potenciara la tramitación de estos expedientes podría incremetarse la recaudación del Consell», añadió el director insular.
Ha habido un aumento de las inspecciones turísticas en este tipo de viviendas, porque en 2013 fueron 49 y en 2014 se incrementó a 72. En lo que va de año se han iniciado un total 79 expedientes de diligencias previas, de las cuales un número importante, 24, corresponden a quejas por el ofrecimiento de plazas turísticas. En total en 2014 se hicieron 247 inspecciones en establecimientos turísticos. El número más abultado, 72, corresponde al alquiler turístico de casas y le siguen en hoteles (49) y en agencias de viaje (36). Torres explicó que cuando hay una reclamación o una denuncia se levanta un acta y después viene un proceso de instrucción que puede durar incluso un año. Si no se realizan los trámites en dos años el expediente caduca y hay que empezar de nuevo, aunque la falta no prescribe.
El director insular asegura que desde que llegó al cargo, en julio, está estudiando todas las denuncias que reciben en el departamento. «He visto ya unas 70 y tres cuartas partes son por alojamiento ilegal en casas y pisos, normalmente son las comunidades de vecinos las que se quejan», explicó Torres, que recordó que el Govern quiere regular el alquiler turístico en bloques de pisos. «Regular no quiere decir legalizar, esta es una realidad que tenemos y a la que no podemos dar la espalda, quizás se podrían legalizar bloques residenciales que no se vendieron y que se puedan destinar al turismo, pero tiene que primar la tranquilidad de los vecinos porque esto genera problemas de convivencia», dijo.
Otro problema que tiene el Consell es la asunción de la competencia en promoción turística. «No viene dotada de personal y nos crea obligaciones, por ahora tenemos la Fundación para la promoción turística, que asume las funciones», señaló Torres, que indicó que en este caso no será tanto un problema de plazas, como de que la transferencia está «muy mal dotada» y están intentando mejorarla.
