La acuciante necesidad del Govern balear de llenar sus arcas y remontar su situación financiera ha convertido a las empresas de alquiler de vehículos en centro de su ímpetu recaudatorio. En junio entró en vigor el decreto ley para luchar contra los taxis ‘pirata’ que ha permitido la inmovilización de 238 vehículos en 2012, sin embargo la norma tenía graves consecuencias para los rent a car.
La ley hacía a las empresas responsables subsidiarias de las infracciones cometidas por los taxistas ‘pirata’ con vehículos alquilados a alguna de ellas, de manera que se veían obligadas a abonar una multa de 6.000 euros para recuperar cada uno de los vehículos retenidos por las fuerzas de seguridad.
Las empresas se unieron para denunciar públicamente las pérdidas que este decreto les estaba generando. El pasado verano se inmovilizaron 67 vehículos pertenecientes a rent a car y sus propietarios estiman que el coste de recuperarlos puede llegar a 400.000 euros, cifra a la que cabe sumar los ingresos que han dejado de percibir por los alquileres que no se han podido realizar mientras los coches estaban inmovilizados.
Tras numerosas reuniones con los responsables institucionales y después de que todas las patronales del sector se posicionaran contra la medida, el Govern anunció una modificación del decreto que eximiría de responsabilidad a las empresas de alquiler. Esa modificación fue aprobada por el Consell de Govern el día 14, sin embargo los empresarios no están satisfechos porque el cambio no tendrá carácter retroactivo y por lo tanto quienes pagaron sanciones el verano pasado no recuperarán su dinero y aquellos que todavía no habían recuperado sus vehículos a la espera de la modificación tendrán que abonar la multa para poder retirarlos.
La de las sanciones a los taxis ‘pirata’ es una batalla ganada, al menos en parte, para los rent a car, que tienen ahora una preocupación mayor generada también por la necesidad del Govern de aumentar ingresos para sanear sus cuentas.
Entre la batería de nuevos impuestos incluidos en los presupuestos de la Comunitat para 2013 se incluye una tasa medioambiental que grava específicamente la contaminación generada por las flotas de vehículos de alquiler de estas empresas. Deberán abonar entre dos y tres euros por vehículo y denuncian que este tributo causará problemas sobre todo a las pequeñas y medianas empresas con sede en las islas, pero no a las mutinacionales que operan en ellas pero tributan en otros lugares. Más de un centenar de empresarios de las Pitiüses se han sumado a las medidas de presión emprendidas por el sector contra la llamada autotasa: irán a la huelga varios días en 2013, convocarán manifestaciones con sus vehículos y amenazan con trasladar sus empresas a la Península para pagar menos impuestos.
Por el momento, el Ejecutivo autónomo no ha rectificado y continúa decidido a comenzar a aplicar la nueva tasa en 2012 a pesar de las críticas y amenazas de los ‘rent a car’ en todo el archipiélago.
