La ley de amnistía incluirá a todos los implicados en el 'procés' desde 2012 hasta la fecha del acuerdo. Ahí está la consulta del 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017. Introducen casos de lawfare, del inglés ley y guerra, el uso de la ley como instrumento de poder político. Se amnistiaría a personas en procesos por delitos no relacionados con el 'procés'. Casos como el de Laura Borrás, presidenta de Junts condenada por prevaricación, o el de Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont investigado por blanqueo de capitales. Según el acuerdo, una futura comisión del Congreso decidiría sobre su perdón. Sobre el papel firmado, Junts propondrá un referéndum de autodeterminación amparado, dicen, por el artículo 92 de la Constitución. Según ese epígrafe, las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum pero de todos los españoles. Esa será la defensa del PSOE que apuesta por el estatuto de autonomía catalán de 2006. No hay rechazo a la unilateralidad en el acuerdo por parte de Puigdemont. Mientras el PSOE rechaza cualquier acción unilateral.
