Tanto el grupo municipal del PSOE en Santa Eulària como el de Unidas Podemos emitieron ayer sendos comunicados para reclamar la intervención del Ayuntamiento y criticar a la empresa Desokupa, responsable del control de acceso al Club Punta Arabí para forzar el desalojo de los okupas.
«Esta empresa ha sido acusada de amenazar y coaccionar a las personas que han ocupado viviendas ilegalmente», señalan los socialistas. Desde Unidas Podemos aseguran que las actuaciones de Desokupa «bordean la legalidad vigente». Ambos reclaman la intervención de los servicios sociales del Ayuntamiento para atender a los afectados.
Solicitudes
Desde el Ayuntamiento de Santa Eulària, se informó de que dos de los okupas de Punta Arabí ya eran usuarios de sus Servicios Sociales con anterioridad al desalojo, mientras que ayer acudió una única tercera persona a solicitar información.
El Sindicato de Inquilinas, vinculado a la CGT, mostró su apoyo en un comunicado «a los y las ocupantes de las viviendas» de Punta Arabí, por «el atropello que sufren de Desokupa». Este colectivo indica que en Punta Arabí viven, «de manera provisional», personas vulnerables que no pueden permitirse el pago de un alquiler.
