La empresa Desokupa puso ayer en marcha un control de acceso en el Club Punta Arabí para evitar el robo de mobiliario y electrodomésticos y preparar el dispositivo de desalojo, previsto a partir de esta mañana, aunque algunos de los okupas ya empezaron a abandonar la zona con sus enseres. Entre las 150 okupas que estarían viviendo en la zona, se encuentra «un grupo de 40 personas muy violentas y organizadas que estaba desmantelando todo el complejo, llevándose muebles, teles o vitrocerámicas», según advirtió el director de Desokupa, Daniel Esteve.
Una veintena de vigilantes de seguridad se desplegó a las siete de la mañana para reforzar la vigilancia y evitar que entren vehículos o personas ajenas a la propiedad al recinto, en el que durante el verano se celebra mercadillo hippy. Se da la circunstancia de que, a finales de temporada, la cadena hotelera Azuline, tras dos años de impagos, dejó de gestionar el complejo, que había arrendado a la empresaria Paquita Sánchez, la propietaria de la polémica Casa Lola. Desde entonces empezaron las okupaciones masivas de los apartamentos turísticos.
Controles
Desokupa, que explicó que está contratada por los nuevos responsables del Club Punta Arabí, montó un primer dispositivo hace dos días. Aunque, en principio, no estaba previsto su despliegue hasta esta mañana, los nuevos responsables del complejo pidieron que se vigilara la zona porque «comenzaron «los robos a saco», explicaba Esteve frente al recinto.
El responsable de la empresa de desalojos acompañó su testimonio con fotografías y vídeos de los actos de pillaje, además de las matrículas de «20 vehículos que se han ido llevando objetos». Entre ellos, una furgoneta con el logo de la Cruz Roja «que ha sido grabada varias veces», apuntó.
Los cuatro vigilantes auxiliares que se quedaron en la entrada del recinto el martes por la mañana fueron amenazados y amedrentados por «un grupo violento de okupas, formado por unas 40 personas», según Esteve. «Se han instalado en la zona del fondo del complejo y ayer [por el martes] vinieron armados con navajas, palos y perros. Hay muchos testigos que lo podrán ratificar», subrayó.
En la noche del martes, ya con la presencia de la Guardia Civil, se requisaron «40 extintores que habían preparado los okupas en la puerta para tirárnoslos», explicaba Esteve mostrando las imágenes de su móvil». «Hemos venido a parar un expolio, que creo que ya se ha conseguido, y a partir de mañana [por hoy] empezaremos la desokupación», anunció.
Además de la veintena de vigilantes que ayer formaban parte del dispositivo, la mayoría de ellos de la empresa de control de accesos y seguridad Hispaval, Esteve detalló que en la jornada de hoy estarían presentes «el equipo fuerte» de Desokupa, con ocho personas más. También indicó que, junto con la propiedad, van a «intentar reubicar a las familias con hijos, que alguna habrá, que haya okupado alguna de estas viviendas».
«Esto estaba abandonado»
Por su parte, dos mujeres que se han instalado en el Club Punta Arabí desde hace dos meses, Sandra Gutiérrez y Ana Rivero, llamaron a este diario para manifestar: «La gran mayoría de la gente que vive aquí son familias con niños». «También hay personas mayores, aquí no hay ningún violento». «Nos sentimos coaccionadas, no tengo que soportar que me digan indigente delante de mi hija», lamentaron.
«Somos conscientes de que esto es una propiedad privada, pero esto estaba abandonado y lo mantenemos limpio y cuidado». Según relataron, ellas mismas han observado algunas furgonetas llevarse cosas del almacén del Club Hotelero, «pero no era gente que viva aquí y decían que Paquita [la propietaria del Club Punta Arabí] les debía dinero».
«Tenemos miedo, pero de aquí no nos vamos a ir sin la orden de un juez porque es nuestro hogar», sentencian. Otra de las okupas, de nombre Yolanda, también quiso desvincular de los robos a las personas que han entrado a vivir en el complejo, explicando que ella por la noche escuchó a las furgonetas que llegaban de fuera para sustraer el material.
«Atentado a la propiedad»
Al mediodía de ayer, un grupo de vecinos se había concentrado junto a la entrada, donde también acudió la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, junto al portavoz del equipo de gobierno, Toni Ramón. «Esto es un conflicto muy grave, un atentado contra la propiedad privada que no debería haberse producido», aseguró Ramón. «Estamos aquí es para desear que todo se solucione pacíficamente y de la mejor manera posible», añadió.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Santa Eulària emitió más tare un comunicado para aclarar que «la Policía Local de Santa Eulària no colabora de ninguna manera en el dispositivo realizado por una empresa privada» por la okupación. El Consistorio precisó que Desokupa había informado de que montaba el control de accesos al recinto, por orden de la propiedad, por lo que se decidió reforzar la presencia de la Policía Local en la zona con otra patrulla «en previsión de que se pudiera producir cualquier incidencia».
«Lo han desvalijado todo»
Gracia y Tomasa López trabajan en temporada como camareras de piso del Club Punta Arabí «desde niñas, hace ya cuarenta años». «Hemos venido a hacer bulto, por nuestro puesto de trabajo», señalaron.
«Ahora somos trabajadoras de Paquita Sánchez, pero esto lo han arrendado otros y esperemos que nos contraten a los viejos». Estas dos empleadas fijas discontinuas viven en es Canar, a poca distancia del Club Punta Arabí, aunque no frecuentan el complejo hotelero fuera de temporada. «No hemos visto nada raro, pero los mismos dueños han dado la voz de aviso de los robos.
Según detallaron, el Club Punta Arabí cuenta con 350 apartamentos, entre ellos una veintena en una zona privada que son de particulares. Carmen Noguera es la madre de una de estas propietarias y, como vive a escasos cien metros, acudió preocupada al tener conocimiento del proceso de desalojo.
«Mi hija no está y tiene inquilinos, pero, con este jaleo, he venido para ver que no se empiecen a meter los okupas por la zona privada [del complejo]». «El club lo han dejado todo desvalijado», aseguró Noguera.
