El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, anunció ayer que aprobará un Plan de Impulso Social y Económico, dotado con cuatro millones de euros, para destinar a proyectos y medidas concretas de carácter social relacionadas con la lucha contra el Covid-19 en la isla. Esta inversión será posible gracias a la decisión del Gobierno central de permitir a las corporaciones locales utilizar un 20% de su superávit (que estaba totalmente congelado por la Ley Montoro) para esta finalidad.

En su comparecencia telemática de ayer por la tarde, Marí dijo que el próximo Consell d'Alcaldes, que se reunirá en los próximos días, será el encargado de definir los proyectos y actuaciones concretas que contendrá este plan, por lo que eludió anticipar su naturaleza exacta. Sí dijo que los destinatarios serán colectivos y personas especialmente vulnerables o en riesgo de exclusión social, y también habrá «ayudas a los ayuntamientos» para estos mismos objetivos. «Se está trabajando para concretar los proyectos y medidas», contestó.

La «ampliación de servicios básicos» y la «mejora de equipamientos y servicios e infraestructuras» fueron las únicas pistas que dio el presidente en su comparecencia informativa al ser preguntado al respecto.

Marí aprovechó también para reclamar al Gobierno central que se implique económicamente en la recuperación de la economía insular, ante un panorama que «puede empeorar mucho», según dijo.

Estos aproximadamente cuatro millones de euros corresponden precisamente al 20% de los 20 millones de que dispone el Consell en concepto de superávit.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Ibiza no pudo detallar a este diario cuál es el remanente del que dispone. «Se está analizando el decreto», es lo único que pudo decir el equipo de gobierno cuando se le preguntó ese dato, alegando que es un texto «muy complejo».

En todo caso, el Ayuntamiento de Ibiza valoró positivamente la decisión del Gobierno de permitir utilizar parte del mismo para apoyar las políticas destinadas a luchar contra el coronavirus y proteger a sus afectados.

El Ayuntamiento de Sant Josep informó de que su superávit es actualmente de 3,3 millones de euros, lo que permitirá destinar alrededor de 700.000 euros a las finalidades que especifica el decreto de la Administración central. «Estamos elaborando un plan para ver cuáles son las principales necesidades que atender», dijo el concejal de Hacienda de Sant Josep, Vicent Roselló. «Nos vendrá muy bien», añadió el responsable de este área, aunque explicó que el Ayuntamiento ya está atendiendo las necesidades derivadas de la pandemia «sin problemas».

La alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, por su parte, afirmó que la decisión del Gobierno «es una medida que va en la dirección correcta, puesto que en una situación de emergencia como la actual no tiene sentido que los consistorios tengamos un dinero en el banco sin poder tocarlo». Ferrer, en realidad, se mostró partidaria de poder usar «todo el remanente» para atender las necesidades que se plantean.

Santa Eulària tiene 2,78 millones en presupuesto para actuaciones de protección y promoción social y un remanente de 217.000 euros, informó la alcaldesa. Como en otros municipios, ya se ha estudiado cuáles son las actuaciones más inmediatas que podrán acometerse.