La Comisión de Peticiones del Parlament balear dio carpetazo el pasado 26 de marzo, el día en que se celebró el último pleno de la legislatura, al escrito que a mediados del año pasado presentó el Grupo de Empresas Matutes en el que advertía de que si se aprobaba la ley de racionalización y simplificación del ordenamiento legal de la Comunitat Autònoma (un cajón de sastre con el que se modificaron diez leyes distintas, entre ellas la de Urbanismo) emprendería «acciones civiles y penales contra las instituciones y las personas» que votasen a favor.
A propuesta de Podemos, esta ley incluyó una modificación de la ley de Urbanismo para evitar que los terrenos de Matutes en Platja d'en Bossa (al igual que otros en Cala Tarida que no son de su propiedad) puedan aumentar su aprovechamiento urbanístico y un cambio de usos, salvo para la construcción de equipamientos públicos. El cambio normativo fue aprobado con el voto favorable de Podemos, PSOE y Més. El PP votó en contra mientras que Ciudadanos y el PI optaron por la abstención.
A finales de 2017, el Parlament aprobó la nueva ley balear de Urbanismo, en la que, pese a la oposición de Podemos, se incluyó una medida específica para que estos terrenos (Platja d'en Bossa y Cala Tarida) que, a raíz de una sentencia de 2008 fueron declarados rústicos pese a que están plenamente desarrollados (con infraestructuras hoteleras), puedan ser declarados urbanos, con una serie de condiciones, en el nuevo planeamiento urbanístico de Sant Josep.
El Parlament hizo caso omiso a la advertencia previa de Matutes y sacó adelante la iniciativa legislativa sin siquiera considerarla. De hecho, la Comisión de Peticiones acordó hace casi dos semanas «archivar sin más trámites» la solicitud de Matutes debido a que la ley fue aprobada el pasado 14 de junio.
El Grupo de Empresas Matutes basaba su reclamación en un informe del despacho de abogados Pérez Llorca que concluye que este cambio normativo no sólo es «inconstitucional» sino que debería ir acompañado de la correspondiente «indemnización patrimonial» para «resarcir el daño a los propietarios». La cuantía de la indemnización «se corresponderá con la frustración económica que representa este nuevo e inesperado cambio normativo», según apuntaba este informe jurídico.
En el debate parlamentario, el PSOE justificó su apoyo a la enmienda a la ley presentada por Podemos en el hecho de que ésta se limita a «explicitar evidencias de lo que, simplemente, se puede hacer y lo que no». «Ni quita ni pone nada», defendió la diputada socialista María José Camps. Podemos mantuvo que la disposición transitoria 14 de la ley de urbanismo, la que permite legalizar los terrenos, «no debería haber existido».
