Anticorrupción pide 21 años para el exconseller del PP José Juan Cardona por malversación

El escrito de acusación, de casi 400 folios, lo ha redactado el fiscal Pedro Horrach y en el mismo imputa a Cardona los delitos de asociación ilícita, malversación de caudales públicos, cohecho y fraude a la Administración. Todos estos delitos se engloban en el llamado caso Scala, que se centra en la gestión de la empresa pública Cdeib, dedicada a la promoción internacional de los productos de Balears.

Cardona no estará solo en el banquillo de los acusados el día que se celebre el juicio. Lo compartirá con otras 17 personas, entre las que destaca su ex director general de Promoción, Kurt Viane, y la exgerente del Cdeib, Antònia Ordinas, la mujer que guardaba las comisiones ilegales en una caja de colacao enterrada en el jardín de su domicilio.

El fiscal imputa a Kurt Viane los mismos delitos que a su jefe Cardona, pero la pena de prisión se establece en 20 años. En cambio, para Antònia Ordinas se solicita una condena de siete años de prisión al tener en cuenta la acusación las atenuantes de confesión y reparación del daño, ya que ha sido la única de los tres que ha reconocido que exigía el pago de comisiones y que ha devuelto la mayor parte del dinero. Contra los otros 15 acusados también se solicitan distintas penas de prisión.

Este escrito de acusación fue presentado ayer en el juzgado de Instrucción número 4 de Palma. La juez Piedad Marín dictará en los próximos días el auto de apertura de juicio oral, el paso previo para que los 18 imputados se sienten en el banquillo de los acusados. Ante las elevadas penas de prisión que se solicitan, el juicio se celebrará en la Audiencia, aunque todavía no hay fecha para la vista, que se prevé que será larga.

Dimisión forzada

Anticorrupción sostiene en su escrito que el exconseller Cardona, que se vio obligado a dimitir de diputado por su implicación en este escándalo, era el máximo responsable del grupo que se constituyó para obtener millonarios beneficios económicos a través de la estructura de la empresa pública de promoción industrial.

En líneas generales el fiscal explica que esta empresa pública se convirtió en una especie de oficina de comisiones. La empresa privada que pretendía trabajar para el Cdeib tenía que abonar una comisión de alrededor del 15 por ciento, dinero que supuestamente iba a los bolsillos de los responsables políticos de la conselleria de Comercio.

El fiscal sostiene que los propios acusados crearon empresas, en la que figuraban al frente personas que actuaban de testaferros, para beneficiarse de los concursos públicos.

Cardona, defendido por el abogado José Zaforteza, ha negado siempre que hubiera cobrado una sola comisión durante su etapa de conseller y ha afirmado que desconocía las maniobras que estaban realizando Kurt Viane y Antonia Ordinas. Afirma que tenía tanta confianza en sus dos colaboradores que nunca dudó de su gestión, y dijo que muchas veces firmaba sin leer los documentos que le pasaban. Muchos de estos documentos eran la autorización para el pago de estudios que no solo eran innecesarios, sino que la mayoría de ellos correspondían a informes copiados de Internet.

Cardona tendrá que intentar desacreditar en el juicio la versión de Antònia Ordinas. La exgerente del Cdeib ha confesado que ella era quien exigía a las empresas suministradoras el pago de comisiones y que tenía órdenes de repartirse el dinero con Kurt Viane y el conseller Cardona. De hecho, afirma que el exconseller era el propietario de una de las empresas que obtuvo más concursos públicos, si bien su nombre no figura en ningún documento público. El fiscal sostiene que las ferias internacionales que organizaba el Cdeib en distintos países, como China o Estados Unidos, eran en realidad una excusa para exigir el pago de comisiones que se repartían entre los tres responsables políticos de la conselleria.