«Estamos contentos de que la construcción del instituto de Sa Serra se vuelva a poner en marcha, pero mantenemos la cautela acerca de cómo evolucionará». Es lo que aseguraba ayer Joan Pantaleoni, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sant Antoni, tras el anuncio del conseller de Educación, que el martes aseguró que se rescindirá el contrato con la adjudicataria de las obras, se licitará la parte pendiente por vía de urgencia y se podrá comenzar allí el curso en septiembre.
«Dada la capacidad de gestión demostrada hasta ahora por la conselleria, dudamos mucho de que a principios de curso esté listo», advirtió Pantaleoni, antes de recordar que lo que el Ayuntamiento pedía desde hace meses era precisamente «que se pusieran a trabajar, fuese una empresa u otra». «Desconozco si la constructora puede ahora recurrir y paralizar de nuevo la obra, espero que no», reflexionó el edil. «Lo que está claro es que, para que el instituto esté listo en septiembre, hay que empezar a trabajar mañana mismo», apremió a la conselleria. El Ayuntamiento se alegra «no porque el dictamen del Consell Consultiu haya sido favorable a uno u a otro, sino porque la situación se ha desbloqueado por fin».
La actitud de los padres de alumnos del instituto Quartó de Portmany, donde tuvieron que instalarse aulas modulares ante el retraso de las nuevas instalaciones, es similar a la de los responsables municipales. Han acogido el anuncio de Educación «de manera muy positiva», pero advierten de que para que se materialice habrá que «agilizar los trámites».
«Descongestionar cuanto antes»
Esteban Costa, presidente de la asociación de padres de este centro, señaló: «Ya hemos esperado tres meses a que el Consell Consultiu dictaminase, ahora debe licitarse cuanto antes y esperamos que el presupuesto de 1,8 millones sea suficiente». Costa reclama que se agilicen las obras para que Sa Serra se pueda abrir y así «descongestionar el Quartó cuanto antes».
Antoni Juan, responsable de la Federación de Enseñanza de CCOO en las Pitiusas, considera que «lo más deseable» sería que el nuevo instituto pudiese entrar en funcionamiento en septiembre. «Es exactamente lo que tiene que pasar», afirmó, para lamentar después «que no haya procedimientos más urgentes para solucionar este tipo de conflictos». «En CCOO comprendemos que haya que defender el dinero público, pero los usuarios no deberían haberse visto afectados. No puede ser que ellos sufran las consecuencias porque tienen unos derechos», concluyó Juan.
