Un punto de inflexión para el modelo turístico

Todo apunta a que nos encontramos ante un punto de inflexión en el debate sobre el modelo económico de Balears y sus problemas: de las palabras parece que hay voluntad de pasar a los hechos. La presidenta del Govern, Marga Prohens, convocó el miércoles pasado a 140 representantes de entidades de las islas para presentarles la Mesa para el pacto social y político para la sostenibilidad económica, social y ambiental de Balears, con el fin de definir una hoja de ruta con medidas «valientes» para transformar el modelo turístico, pensando sobre todo en el residente. Se trata de una novedad importante en el discurso del PP, que, al igual que el propio sector, tradicionalmente se había negado a admitir que hubiera problemas derivados de la masificación, más allá de los provocados por la oferta ilegal. También es novedoso que Prohens haya puesto en el centro a los residentes y su bienestar, y que se hable de sostenibilidad sobre tres patas fundamentales: económica, social y medioambiental. Hasta ahora quienes alertaban de los problemas que estaba generando el incremento incontrolado de los flujos turísticos y su repercusión sobre la calidad de vida de la población residente eran inmediatamente anatemizados y desacreditados por dirigentes políticos y empresariales que se negaban obstinadamente a admitir las evidencias.

El fenómeno de la masificación turística y su impacto sobre los residentes es global y tiene un alcance que ya no puede ser ignorado por ningún responsable político, si de verdad está comprometido con el interés público. Las manifestaciones contra la saturación turística provocada por un modelo que ha primado durante décadas la cantidad sobre la calidad, que primero esquilmó el patrimonio natural y los recursos naturales de nuestras islas y ahora amenaza la vida de la población local, se están extendiendo por España desde Canarias y también han llegado a Balears.

Un ritmo de crecimiento insostenible

Las islas son por definición un territorio limitado y frágil, y el ritmo de crecimiento del actual modelo turístico es insostenible para nuestro archipiélago. La propia presidenta del Govern así lo ha manifestado, enarbolando unos argumentos que hace no tantos años habrían levantado la indignación y el rechazo en las propias filas populares y entre las patronales del sector hotelero. La mayor concienciación sobre los estragos y las evidencias de la crisis climática, especialmente en las costas mediterráneas (fundamentales para el turismo), han obligado a abandonar las posiciones negacionistas, contrarias a cualquier limitación y desarrollistas, que consideraban un ataque al turismo y a la economía las críticas más elementales al crecimiento sin límites. Afortunadamente, ya existe la convicción generalizada de que hay que actuar para poner orden y garantizar que la actividad turística pueda garantizar también el bienestar y la prosperidad de las futuras generaciones, logrando un equilibrio imprescindible con la vida cotidiana de los residentes y la preservación del medio ambiente.

La plataforma ciudadana Prou reunió el viernes en Ibiza a un millar de personas en una concentración frente al Consell para protestar contra la masificación, pedir el control de la entrada de vehículos y el respeto a los residentes. El sábado se celebró una protesta similar en Palma. Estas movilizaciones ya no se consideran una expresión de turismofobia, sino del malestar creciente de una población que sufre los perjuicios del turismo hasta el punto de verse expulsada y de perder su calidad de vida. Un malestar transversal entre la ciudadanía que está en el origen del cambio de rumbo que ha planteado la presidenta Prohens. Pero es que las quejas por los problemas que acarrea la saturación (especialmente en las carreteras y en los núcleos urbanos) ya surgen también del propio sector turístico.

Prohens ha captado la necesidad perentoria de actuar y ha dado un golpe de efecto con una Mesa multitudinaria que, si bien es un buen punto de partida para pulsar la opinión de todos los actores, corre el riesgo de que, precisamente por aglutinar a intereses tan dispares y fuerzas tan antagónicas, no permita alcanzar consensos ambiciosos y quede reducida a una operación de marketing sin efectos reales. De hecho, las patronales han llamado ya a la prudencia y a la mesura, temerosas de las consecuencias económicas que puede tener para sus negocios.

Reticencias del sector

Este tipo de reticencias puede llevar al fracaso de una iniciativa que debería ser una oportunidad para comenzar a transformar el modelo económico de las islas. Poner al frente de esta operación al economista y catedrático Antoni Riera ha sido una magnífica elección y una garantía de seriedad y solvencia en el trabajo; él tendrá la responsabilidad de alumbrar, con las aportaciones de todos, una hoja de ruta que no sea una suma de intereses particulares o sectoriales, sino una estrategia de regeneración del capital social y natural de nuestras islas. El reto es muy ambicioso y sin duda topará con resistencias; habrá que ver si en último término el Govern estará dispuesto a adoptar decisiones que sean necesarias, aunque perjudiquen el negocio de actores poderosos del sector turístico. El diálogo y el consenso deben ser fundamentales en este proceso, pero también la valentía y la altura de miras para llevar adelante las medidas necesarias para acometer esta transformación económica imprescindible y urgente. La industria turística no puede seguir desarrollándose en Balears a costa de sacrificar los derechos y la calidad de vida de los residentes.

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