Las consecuencias de la falta de planificación

La ausencia de una planificación a medio y largo plazo de la isla de Ibiza, con visión global, es una asignatura pendiente que arrastramos desde siempre y cuyas consecuencias se agravan cada vez más debido precisamente a la falta de reacción o a la tardanza -y la valentía- a la hora de aplicar las medidas necesarias. Si no se sabe adónde queremos ir, todo son improvisaciones y decisiones reactivas y, precisamente por ello, tardías.

El problema de la falta de vivienda es el resultado de años y años de dejar vía libre a la especulación salvaje, a la falta de regulación y al descontrol para lograr pingües beneficios, con el argumento de que no se puede poner coto a las leyes del mercado ni a la propiedad privada. Ahora vemos lo que ocurre cuando las administraciones miran hacia otro lado ante el desvío masivo de viviendas al uso turístico, con una escalada de precios absolutamente disparatada y una casi inexistente oferta de hogares para los residentes y trabajadores de temporada a precios asequibles. De aquellos polvos, estos lodos.

Ahora proliferan los asentamientos de infraviviendas por toda la isla, y los ayuntamientos se ven obligados a actuar ante unas situaciones que ya no pueden seguir ignorando. La insalubridad, la falta de seguridad para las propias personas, la inexistencia de las más mínimas condiciones de habitabilidad, son motivos más que suficientes para que los ayuntamientos y el Consell se planteen cómo deben proceder, pero de forma coordinada y conjunta, pues desalojar un solar de vehículos donde viven personas es simplemente trasladar el problema a otro lugar y pasar la pelota a otro consistorio, además de penalizar todavía más a personas que se hallan ya de por sí en una situación muy vulnerable. Probablemente por esta razón, el Ayuntamiento de Ibiza decidió el viernes retrasar la expulsión de las caravanas del aparcamiento de sa Joveria, tal y como había anunciado.

Los servicios sociales municipales difícilmente pueden dar soluciones a las personas que malviven en estas condiciones, pues para empezar, la condición para que intervengan es que estén empadronadas en el municipio, y quienes se ven obligados a pernoctar en vehículos no lo están. Además, no existen recursos habitacionales de emergencia en la isla, pues los pocos que hay ya están saturados y hay lista de espera. En cualquier caso, dada la magnitud que ha adquirido el problema de la falta de vivienda en Ibiza, la solución no pasa por los servicios sociales, sino por una combinación de medidas que incluye necesariamente la aplicación de las herramientas que proporciona la ley estatal de vivienda para declarar zonas tensionadas (objetivamente las Pitiusas lo son, sin lugar a dudas) y aplicar topes de precios, además de la lucha sin cuartel contra la comercialización de pisos turísticos ilegales y la entrada en funcionamiento de la agencia que ha anunciado esta semana el Govern para dar garantías a los propietarios, y que prevé incrementar el número de viviendas de alquiler, a un precio más reducido.

Distorsión del mercado de la vivienda

La distorsión brutal que ha introducido el turismo en el mercado de la vivienda residencial, y su impacto directo sobre la población (así como sobre los trabajadores de temporada), es general en España y otros países europeos, pero en Ibiza y Formentera alcanza unas proporciones extraordinariamente graves. Esta situación provoca una quiebra en la confianza en el sistema por parte de un gran sector de la población, pues tener un trabajo y un sueldo estable no es en absoluto suficiente para conseguir una vivienda asequible mínimamente digna.

La falta de planificación y de gestión de los flujos turísticos y del crecimiento urbanístico, que han experimentado un incremento imparable en los últimos años, también ha dado como resultado una masificación creciente y un agotamiento de los recursos, medio ambiente e infraestructuras de un territorio insular pequeño y muy frágil. Durante mucho tiempo, el debate sobre los límites de las islas era tachado de turismofóbico por la derecha y parte del sector empresarial; afortunadamente, este planteamiento ha cambiado (no se podía seguir negando la evidencia) y ahora es el propio PP el que, desde las instituciones (Govern y consells de Mallorca y Ibiza), formula la necesidad de repensar el modelo turístico y, en el caso de Ibiza, incluso de regular la entrada de vehículos a la isla. El Govern ha convocado la próxima semana a la sociedad civil en la primera mesa para fijar «medidas valientes con el máximo consenso posible» y lograr un pacto social y político respecto a la sostenibilidad del modelo turístico. Es una buena noticia, siempre que no se quede en un anuncio vacío de cara a la galería y se concrete en iniciativas eficaces. La reflexión es sin duda necesaria pero no se puede prolongar sine die, pues ya hemos perdido demasiado tiempo que solo ha servido para agravar los problemas que ahora nos asfixian. Es hora de actuar con visión global y a largo plazo, dar un volantazo y enderezar la dirección para encaminarnos a otro modelo basado en el equilibrio, la sostenibilidad real y la necesaria convivencia entre el sector turístico y la población residente, pues no puede quedar al margen como hasta ahora: como un convidado de piedra obligado a soportar todos los perjuicios del turismo con el argumento de que es el único motor económico y de riqueza, como si fueran una servidumbre que no puede corregirse y a la que no queda más remedio que resignarse para siempre.

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