Cuando los políticos se suben el sueldo

Vaya por delante que, en general, considero que los políticos en nuestro país están mal pagados. Los gestores potencialmente más adecuados para manejar la cuestión pública no suelen renunciar a sus puestos en el sector privado porque, desde un punto de vista salarial, no les compensa mínimamente. Incluso dentro del entramado de la Administración se producen paradojas tan insólitas como que el presidente de una cadena hotelera pública como Paradores de Turismo, Pedro Saura, cuyo sueldo tiene menos restricciones porque lo aprueba directamente el Consejo de Administración de dicha empresa, cobre el doble que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que es quien lo ha nombrado y, además, está sometido a una presión mucho mayor.

No es que piense que los 180.000 euros anuales que percibe Saura sean muy elevados, pues cualquier máximo dirigente de una cadena hotelera con cerca de cien establecimientos recibe mucho más dinero. Sino que los 90.000 euros de Sánchez, o quien sea que ocupe el cargo, son muy escasos, al igual que lo que cobran los ministros y otros muchos cargos que desempeñan una labor esencial para el buen funcionamiento del país.

Otra cuestión es la cantidad excesiva de políticos y la utilidad de muchos de ellos. Si solucionan nuestros problemas y se dedican a crearnos otros nuevos. Sobre todo, si nos comparamos con otros países, donde el mismo trabajo se realiza con la tercera parte de diputados, senadores, altos cargos, asesores, parlamentarios autonómicos, concejales, etcétera. En resumen, que habría que separar el grano de la paja y retribuir a quien realmente hace un trabajo duro y comprometido, y menos a aquellos que se limitan a apretar un botón una vez a la semana. El salario de los políticos, además, representa tan solo una esquirla en el inmenso páramo de los presupuestos públicos.

Ante esta coyuntura, únicamente podemos deducir que aquellos que se dedican a la vida política, o bien son personas con un elevado sentido moral y una voluntad extrema de servicio público, o, por el contrario, son gestores mediocres que no encontrarían una salida con una responsabilidad similar en el sector privado. Hay de todo, sin duda, pero el porcentaje de lo segundo tiene un peso específico importante.

El problema no es que los políticos se suban el sueldo a sí mismos, sino que nos mientan cada vez que deciden hacerlo. El Govern balear, por ejemplo, ha decidido un incremento para el año que viene del 7,5%, unos cinco mil euros más que percibirán la presidenta, los consellers y los altos cargos, entre otros. Dicha cifra triplica el aumento que percibirán los funcionarios, pero el vicepresidente del Govern balear, el ibicenco Antoni Costa, lo ha justificado con varios argumentos: los funcionarios han tenido incrementos mayores que los políticos estos últimos años y de esta forma se equipararían, ya no estamos en época de pandemia, en otras comunidades autónomas ganan más y los bajos sueldos impiden fichar a buenos profesionales para ejecutar la acción de gobierno.

Más allá de que dichos

argumentos sean válidos, la sonrojante contradicción radica en que el grupo parlamentario del PP se haya dedicado a criticar sin medias tintas la subida salarial aplicada durante el gobierno de Francina Armengol, y ahora ellos se receten la misma medicina.

Cada vez que hay elecciones, los ciudadanos sabemos que automáticamente ocurrirán dos cosas al principio de la legislatura. La primera es que los políticos ganadores se aprobarán una subida del sueldo. La segunda, que incumplirán flagrantemente alguna promesa electoral que habían hecho a los ciudadanos y que, en ocasiones, incluso constituía uno de los puntales de su campaña electoral. Por ejemplo, que se comprometan a bajarte los impuestos y luego te incrementen las tasas o que renieguen de la amnistía para los nacionalistas del procés, para finalmente concedérsela. Cuentan con que tienen una legislatura por delante para que lo olvidemos, pero no siempre es así.

La política vive tiempos revueltos, en los que la crispación y la polarización entre la ciudadanía se acrecienta. La atmósfera resulta cada vez más irrespirable y la causa de este descrédito incontestable de la clase política, en buena manera, guarda relación con la falsedad que proyecta. Hay países en los que, si se demuestra que un político ha mentido, dimite. En España y a todos los niveles de la Administración, sin embargo, nos hemos acostumbrado al engaño político permanente.

No está mal, decíamos al principio, que los políticos se suban el sueldo. Lo grosero es el exceso de cinismo; criticar al adversario cuando él lo hace y luego aplicarse el cuento. Cuando ocurre, el ciudadano tiene la sensación de que se ríen en su propia cara. Y tengan claro que no nos gusta.

@xescuprats

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