Procesamiento
El juez procesa a Alfonso Rus, al 'yonki del dinero' y seis investigados más en una pieza del caso Taula
El magistrado sobresee la causa respecto al exdiputado y exalcalde de Sedaví Rafael Pérez Martínez y al empresario Salvador Sansano por fallecimiento
Laura Ballester
El juez del caso Taula también ha finalizado ya la investigación de la pieza D que investigaba el presunto amaño del centro de llamadas o 'call center' de la Diputación de Valencia y ha decidido procesar a ocho personas, entre ellas el expresidente de la institución provincial, Alfonso Rus, el exgerente de Imelsa Marcos Benavent, conocido como el 'yonki del dinero', su ex suegro Mariano López y tres empresarios con los que presuntamente se amañó el contrato del servicio telefónico.
El magistrado también ha decidido sobreseer la causa respecto al exdiputado provincial y exalcalde de Sedaví, Rafael Pérez Martínez, y el empresario Salvador Sansano. El instructor del caso Taula considera respecto al exdiputado Pérez Martínez que no existe "indicio de relevancia que permita considerar que fuera consciente del presunto pacto defraudatorio, ni que actuara con intención de perjudicar la imparcialidad de la decisión adjudicataria, ni el patrimonio de la empresa, por lo que procede decretar el sobreseimiento provisional aunque en la práctica fuera proclive a plegarse sin cuestionarse demasiado las instrucciones recibidas desde arriba".
Respecto a Sansano el sobreseimiento se debe a su fallecimiento el 23 de enero de 2019, según comunicó su abogado al juzgado.
El "centro de atención multicanal a los contribuyentes" de la Diputación de València se "externalizó" en 2012 mediante una encomienda de gestión a la empresa pública Imelsa (Impulso Económico Local SA). La privatización de este servicio, bautizado como 'call center' y adjudicado a la empresa Servimun el 20 de mayo de 2013, se justificó desde todas las instancias de la institución provincial, entonces dirigida por Alfonso Rus, como una manera de mejorar el servicio de atención telefónica tributaria a los contribuyentes. Aunque el proceso para la adjudicación estuvo, presuntamente amañado, para que la empresa Servimun ganara el concurso. Todo por la amistad que existía entre un funcionario de la Diputación de Valencia investigado en estas causa y responsable del contrato, Salvador Deusa, y Mariano López, ex suegro de Marcos Benavent.
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