Familias de usuarios de Sa Residència critican la limitada sanción a Colisée e inician una recogida de firmas

Alrededor de 65 familias de personas alojadas en Sa Residència Colisée, donde reside un centenar de personas mayores, han iniciado una campaña de recogida de firmas para manifestar su «repulsa» hacia el expediente sancionador contra la empresa gestora de este centro por las deficiencias detectadas e investigadas por el Consell de Ibiza. Los familiares señalaron que hay familias con las que no se ha podido contactar y que esperan que se unan a esta causa. Colisée ha recibido dos sanciones por falta grave de 12.001 euros cada una.

Una nutrida representación de familiares y algunos trabajadores de esta residencia acudieron este viernes al pleno de la institución insular para dar lectura a un manifiesto en el que critican la «violencia institucional» que supone esta actuación por su falta de ejemplaridad, por lo que acusó de «cinismo» al equipo de gobierno.

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La encargada de leer el escrito fue Carmen Ortiz, cuya madre residía en el centro hasta su fallecimiento el año pasado. Criticó que, a pesar de que fueron las denuncias de los familiares en 2022 las que impulsaron el proceso sancionador, no han podido participar en su desarrollo. «De ser así, hubiéramos podido demostrar, por ejemplo, que la empresa les estaba presentando documentación falsa para justificar el abuso de las sujeciones físicas a las que Colisée estaba sometiendo a muchos de nuestros familiares», denunció Ortiz en nombre de las familias.

También indicó que podrían haber presentado «informes de ingresos hospitalarios, consecuencia de la mala praxis», por deshidratación, intoxicaciones producidas por el abuso de administración de medicamentos, sepsis a consecuencia de infecciones no diagnosticadas, ictus por la mala administración de anticoagulantes o infecciones en úlceras por ausencia de seguimiento.

De falta muy grave a grave

Todas estas situaciones se habrían producido por la falta de titulación de algunos profesionales, una negligencia que se ha calificado de falta grave, en lugar de falta muy grave, al justificar que la situación «no supuso un riesgo para la integridad de los usuarios». «¿A qué llaman ustedes integridad?», se preguntó Ortiz.

Denunció que, además de hacer esta rebaja en la calificación de la falta, se hubiera sancionado con el rango más bajo, 12.001 euros, de los hasta 60.000 con los que se puede sancionar una falta grave.

Cuestionó que esta sanción supusiera un impacto sobre la empresa teniendo en cuenta el beneficio obtenido. Por otra parte, los familiares denuncian que no se han tenido en cuenta en el expediente otras infracciones detectadas por la inspección: no tener expediente asistencial de cada persona con el contenido requerido; superar el límite de ocupación en algunos espacios; incumplir condiciones relativas a la higiene, la salud y las dietas o incumplir los requisitos mínimos de los estándares de calidad.

«Lo que la sociedad ibicenca tiene que entender, de una vez por todas, es que los mayores alto-dependientes, los muy mayores, están abandonados a su suerte, porque no existe Administración alguna que los defienda ante el atropello de sus derechos por parte de empresas que lo único que buscan es el beneficio puro y duro», afirmó la portavoz.

Tras el pleno, una representante de los familiares aseguró que se están estudiando vías jurídicas a seguir ante esta situación. De forma paralela, continuarán con la recogida de firmas, y aseguró que ya cuentan con más de un millar de apoyos en apenas cuatro días.

Cambiar la ley

Tras un prolongado aplauso de los familiares a Ortiz, el presidente del Consell, Vicent Marí, interpelado directamente en el texto, aseguró «lamentar profundamente» la situación por la que estaban pasando las familias, pero aseguró que el Consell no había cometido una «dejación de sus funciones».

Recordó el presidente del Consell ibicenco que se había inspeccionado y se había hecho un seguimiento de la situación conjuntamente con el Govern balear a través del que «se abrió un expediente y se ha cerrado. Ni este presidente ni ningún conseller barema ni impone las sanciones», justificó el presidente insular.

Señaló que la ley es la que marca a cuánto ascienden las sanciones. «Tal vez lo que haya que hacer es cambiar esta ley y poner unas sanciones mínimas más elevadas». Dijo no compartir el resultado punitivo del expediente, «pero se ha seguido un expediente administrativo y confío en la profesionalidad y la rigurosidad de los funcionarios de esta casa», defendió, al tiempo que se puso a disposición de las familias para abordar el asunto.

La consellera de Bienestar Social, Carolina Escandell, también consideró que la sanción era baja, pero hizo suyas las palabras del presidente del Consell.

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