Sant Josep rechaza la compensación por el solar donde se prevé realojar a los vecinos de los Don Pepe

Las Normas Subsidiarias de Sant Josep, un auténtico prodigio de longevidad urbanística ya que son del año 1986, pueden tener los días contados. El pleno de Ayuntamiento ha aprobado este jueves solicitar al Consell de Ibiza la suspensión del actual planeamiento urbanístico y la aprobación de unas Normas Provisionales de Planteamiento (NPP) que regirán el urbanismo municipal hasta que no se apruebe el nuevo Plan General de ordenación Urbana (PGOU). Un PGOU que, como este jueves ha indicado el alcalde josepí, Vicent Roig, no será una realidad hasta la próxima legislatura.

Las NPP, que deberán consensuarse con el Consell, llegan también con importantes novedades bajo el brazo. La que ha provocado un mayor debate en el pleno es que ya no se contempla la compensación valorada en tres millones de euros para la propiedad del solar de Sant Jordi donde se ha previsto construir las viviendas donde se deberán reubicar a los vecinos del edificio Don Pepe. Cabe recordar que un informe de la conselleria balear de Territorio y Paisaje, remitido al Ayuntamiento de Sant Josep el 19 de junio del año pasado, ponía en duda los cálculos realizados para determinar esta compensación.

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«Es el Govern balear quien nos dijo que no estaba de acuerdo con esta operación», ha dicho el alcalde durante el debate de este punto, y acusó al anterior gobierno municipal de haberles «engañado».

Reubicación de los vecinos

El rechazo a esta compensación ha generado la alarma tanto de los vecinos del Don Pepe -una decena de los cuales han asistido este jueves al pleno municipal- como de los portavoces de la oposición. «¿Si se anula esta compensación se pone en peligro el proyecto para realojar a los vecinos?», se ha preguntado el concejal del PSOE Vicent Roselló. «De esta manera se elimina la única solución posible, cuando nuestra responsabilidad es encontrar soluciones para estas familias», ha dicho por su parte el portavoz de Ara Eivissa, Josep Antoni Prats.

Sin embargo, para el Ayuntamiento no hay motivo de alarma. Consultado por este diario, un portavoz municipal ha aseguradp que «lo que se ha aprobado hoy no cambia nada», y que aunque no se da el visto bueno a la compensación que había pactado el anterior equipo de gobierno, eso «no supone renunciar a construir en ese solar». En cualquier caso, el Ayuntamiento reitera que «encima de la mesa también hay otras opciones», que se comunicarán a los vecinos en la próxima reunión del comité de seguimiento de este tema.

«El terreno [para reubicar a los vecinos] figura en las normas [provisionales]», ha dicho en el pleno el alcalde, Vicent Roig, quien no desaprovechó para asestar diversos mamporros dialécticos a la bancada socialista: «Lo que no figura es la patraña de la valoración del terreno. Se usó este tema para arreglar otras cosas por detrás».

Roig ha recordado que el arquitecto técnico que firmó esta valoración fue detenido por corrupción urbanística. Una operación policial que comportó también el arresto del anterior alcalde, el socialista Ángel Luis Guerrero.

La propuesta de suspensión del planteamiento general y del envío de las nuevas NPP al Consell fue aprobada con los votos de PP y Unidas Podemos, el rechazo de Vox y la abstención de PSOE y Ara Eivissa.

Nueva normativa

Las normas provisionales permiten también que terrenos destinados inicialmente a equipamientos turísticos puedan destinarse a la contrucción de VPO, de viviendas de precio tasado o, incluso, a residencias para trabajadores de temporada, aprovechando las posibilidades que ofrece el decreto de vivienda del Govern.

El portavoz socialista, Vicent Roselló, ha criticado que las NPP clasifiquen como urbanizable la zona de sa Torrassa, cercana a cala Vedella: «Vemos que se clasifica toda como urbana y que se podrá construir. Es algo que nos choca». 

En su réplica, el alcalde ha negado que en el anterior borrador de las NPP se hubiera desclasificado como urbano sa Torrassa: «No estaba desclasificado y lo hemos tenido que incorporar muy a pesar nuestro». 

Josep Antoni Prats, de Ara Eivissa, ha critica los cambios introducidos en las NPP: «Hay zonas urbanas y urbanizables que se habían recortado y que ahora recuperan las dimensiones anteriores. Urbanizables que podían decaer y que no lo hacen». Ha criticado también la falta de equipamientos públicos y ha calificado el texto de «muy confuso», cuya interpretación puede resultar «muy problemática». «Cuando la normativa es tan confusa, en este ámbito quienes mejor se mueven son aquellos pueden permitirse buenos abogados», deploró Prats, quien se ha mostrado «decepcionado por el contenido».

La portavoz del grupo municipal de Vox, Araceli Colomar, ha centrado su intervención en atacar la gestión urbanística del anterior equipo de gobierno y ha acusado a los concejales socialistas de «echar a los vecinos de los Don Pepe de su propia casa». No obstante, a la hora de votar, lo ha hecho en contra.

Aunque las abstenciones de PSOE y Ara Eivissa permitían la aprobación de la propuesta con el único voto a favor del PP, el equipo de gobierno ha contado también con el apoyo de la concejal de Unidas Podemos, Mónica Fernández, quien ha priorizado poner fin a la normativa urbanística de 1986: «Aunque hay cosas que no me gustan [en las NPP], es importante dar este paso porque es una obligación poner orden en este caos urbanístico. Hay que mirar al futuro».

Licencias de taxi

El pleno municipal también ha aprobado este jueves la creación de quince nuevas licencias de taxi en el municipio, cinco de las cuales son de vehículos adaptados a personas con movilidad reducida. 

Además, se ha realizado un reconocimiento extrajudicial de créditos por un total de 224.833 euros repartidos en 413 facturas. 

Por otra parte, y antes del inicio del pleno municipal, ha tomado posesión de su cargo la regidora Lourdes Marí Tur, que asume las áreas de Promoción Empresarial y Transportes en sustitución de Esteban Marí, que renunció a su cargo el pasado mes de abril por «motivos personales», según argumentó en su momento.n

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