PP y PSOE de Ibiza no se ponen de acuerdo para solucionar el acceso a la vivienda mientras la crisis habitacional empeora

Regular los precios de los alquileres o dotar a los propietarios de más seguridad jurídica para que pongan sus viviendas en el mercado. Este es el dilema sobre el que gira todo el debate entre izquierda y derecha en relación con la emergencia habitacional, que afecta especialmente a las Pitiusas y que este martes protagonizó un intenso debate en el pleno municipal de Ibiza. Esta fue precisamente la parte con más contenido ideológico después de que el PSOE defendiese, en boca del concejal Jordi Salewski, una moción con propuesta de acuerdo para poder poner tope a los precios en el municipio valiéndose de la ley estatal de vivienda.

Más de mil personas viven en un ‘camping’ ilegal en las afueras de Ibiza

«Es una medida que no perjudica en absoluto a ningún propietario que quiera alquilar su vivienda o ya la tenga alquilada. La vivienda tiene que ser un derecho y no un bien especulativo. Se puede ganar dinero alquilando pisos, sí, pero no especular», en palabras del concejal socialista. El objetivo era que el pleno instase al Govern balear a que «en el ejercicio de sus competencias en materia de vivienda, declare la totalidad de la Comunitat Autònoma como zona tensionada, para que la ciudadanía del municipio pueda beneficiarse de la aplicación del índice de precios de referencia».

Los asentamientos de caravanas se expanden en Ibiza con el inicio de la temporada y la falta de vivienda

Una propuesta que contó con el voto favorable del PSOE y la concejala de Podemos, Guadalupe Nauda, y el voto en contra del PP y Vox. Salewski afirmó incluso que hasta ahora la política de vivienda en Vila «ha sido nula».

El concejal de Vivienda, Juan Flores Jiménez, defendió que esta problemática «es compleja y no puede abordarse con medidas simplistas», en alusión a la ley de vivienda del Gobierno central, «sino con un conjunto de acciones coordinadas y bien planificadas que se complementen». Defendió que este asunto preocupa y ocupa al Ayuntamiento. «Nosotros trabajamos y luego nos hacemos fotos.Ustedes se hacen las fotos y luego no trabajan en lo que toca», contraatacó Flores.

Propietarios «desprotegidos»

El edil criticó que «la ley se centra únicamente en una parte del mercado de alquiler, la protección de los inquilinos y los colectivos vulnerables, lo que nos parece bien; mientras que los propietarios quedan desprovistos de seguridad jurídica, situación que impide que haya un clima de confianza».

También aprovechó una de sus intervenciones para defender la necesidad de «una ley con instrumentos legales, rápidos y eficientes para luchar contra las situaciones de impago y ocupaciones ilegales, cuyas consecuencias no las sufren solo los propietarios. También las comunidades de vecinos». Además, expresó que «es injusto que la persona que invirtió su capital ahorrado a lo largo de su vida en una vivivienda para obtener una renta complementaria a su pensión de jubilación quede más desprotegido que nunca, trasladándole a este la carga de trabajo que la Administración no ha sabido hacer» a la hora de ofrecer vivienda pública. En este sentido, Flores augura que la nueva ley estatal hará que más propietarios opten por poner a la venta su vivienda o bien alquilarán en negro.

Con todo, concluyó que la ley de vivienda logrará «lo contrario de lo que se propone» y que provocará que haya menos oferta de vivienda en alquiler. De hecho, dijo que así ha ocurrido donde se ha aplicado una limitación de precios: «Hay precedentes en otros países como Alemania, Francia, Suecia, ... Todos los ejemplos que tenemos son nefastos». Sobre estos casos concretos, Salewski apuntó: «¿Usted se lo ha estudiado de verdad o está leyendo titulares de prensa? ¿Ha pedido a los técnicos de la casa que estudien el impacto que puede tener esta ley aquí? Creo que es un tema suficientemente serio y la realidad cultural de otros países no es la nuestra».

El edil socialista expuso dos casos: «Tenemos ejemplos claros. Por un piso en Ignasi Wallis, que debería de alquilarse por 1.200 euros según la nueva propuesta del Ministerio de Vivienda, se piden 2.400. Un piso en ses Figueretes, en la calle Galicia, máximo debería valer 947 euros al mes y ayer pedían 2.500 [datos de portales inmobiliares en Internet]». Asimismo, subrayó que quien tenga en alquiler una vivienda que ha pagado con su esfuerzo, «podrá seguir haciéndolo» y reiteró que su propuesta va encaminada a luchar contra «la especulación».

El concejal Héctor Andrés Delgado, de Vox, también contrario a la regulación de precios, defendió «crear una vivienda con alquiler protegido que cree el Govern o el municipio» y pidió el número de la necesidad real de vivienda, a lo que Flores respondió que hay 945 personas demandantes de vivienda en la ciudad. Que tiene registrados el Ayuntamiento.