Los acusados de estafar al Consell de Ibiza atribuyen los cobros a una obra en Avilés

La pareja alega que no contactó con la institución para los cobros: "No tengo ni su teléfono"

Acusados estafa Avilés / P. P.

Acusados estafa Avilés / P. P. / P.P.

Pablo Palomo

Al cobro de una obra en Avilés. De esta forma justificó este miércoles la pareja acusada de estafar al Consell de Ibiza las cantidades que aparecieron en su cuenta bancaria. Una versión a la que ni la Fiscalía, que pide para el hombre y para la mujer cuatro años de cárcel, ni la acusación particular dieron credibilidad en una atropellada sesión celebrada en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Gijón, donde no comparecieron varios testigos, uno de ellos, el responsable de la Unión Temporal de Empresas (UTE) a la que supuestamente los procesados habrían suplantado con formularios y facturas falsas. No se presentó por un error en su citación en los juzgados de Don Benito, en Badajoz. Lo que los dos procesados, que son matrimonio y ella es bielorrusa, defendieron es que los 93.020,37 euros que el Consell de Ibiza depositó en su cuenta en la creencia de que pagaba a la citada UTE se debieron a una obra que habían hecho a un particular en Avilés, el cual no compareció. Por esta obra, explicaron, debían cobrar unos 8.000 euros y el resto, dijeron, lo devolvieron. Los acusados negaron haber suplantado a la UTE ni haberse puesto en contacto con el Consell de Ibiza. "No tengo ni su teléfono", llegaron a alegar.

La Fiscalía no dio credibilidad a esta versión. "¿Pero qué pasa, que coincidían hasta los céntimos en los cobros?", llegó a preguntar la fiscal, que elevó a definitivas sus conclusiones y mantuvo la petición de cárcel para los dos acusados. El relato que hace el Ministerio Público es que la pareja abrió el 11 de mayo de 2018 una cuenta bancaria a nombre de su empresa, llamada "Obras, Promociones y Proyectos del Cantábrico". Dicha cuenta la abrieron en una oficina de Ibercaja en Gijón para, más adelante, el 19 de junio, concertados entre sí y con otros individuos no identificados, enviar a través de Correos al Consell de Ibiza varios formularios a nombre de una UTE conformada por "Iberdex Obras y Servicios" e "Ibérica Desbroces de Extremadura", con la que la autoridad ibicenca tiene relaciones laborales. Lo que dice la fiscal es que pusieron en estas comunicaciones el número de cuenta abierto en mayo y perteneciente a su empresa, que no tendría actividad ninguna, un extremo que, los acusados rebatieron llevando como testigo a un antiguo socio. Así lograron que el Consell les hiciera tres transferencias de 31.347,02; 40.297,90; y 21.375, 45 euros. Para retirar el dinero presentaron facturas en el banco. Llegaron, según esta versión, a sacar 85.000 euros en efectivo.

En la sesión de este miércoles declaró la tesorera del Consell de Ibiza, que explicó que se dieron cuenta del engaño porque la UTE alertó de que no habían recibido el dinero por sus trabajos, pese a que se habían hecho las transferencias. Explicó también que los documentos presentados por los acusados "tenían apariencia real". Declararon varios de los policías encargados de la investigación, que señalaron que identificaron las cuentas de los acusados y los identificaron en las imágenes de las cámaras tomadas en el banco el día que fueron a hacer los cobros. A preguntas de la defensa de los procesados no llegaron a concretar si la pareja juzgada eran las mulas de una organización criminal. Este extremo se llegó a deslizar por parte de la defensa, ya que uno de los correos electrónicos que se empleó para ponerse en contacto con el Consell de Ibiza se habría abierto en Inglaterra. Los policías no concretaron este punto porque explicaron que el origen de este correo se "podría falsear" con relativa facilidad. También declaró la responsable del banco donde abrieron la cuenta los acusados. El juicio, que se había suspendido ya hasta en cinco ocasiones, quedó visto para sentencia.