El Club Náutico Ibiza recuerda que es "verdadero garante de las señas de identidad de la ciudad"

Las instalaciones del Club Náutico Ibiza acogen esta tarde un nuevo acto reivindicativo, a partir de las 18 horas, con el objetivo de demostrar que su relación con la sociedad ibicenca le hace merecedor de mantener la gestión de sus instalaciones en el puerto. El arquitecto Elías Torres explicará la situación por la que atraviesa el club, «en riesgo de perder su identidad», y se prevé la participación en este evento de representantes de ‘Un mar de posibilidades’ y de otros clubes náuticos.

Felip Cirer leerá un manifiesto que, entre otras cosas, recordará que el CNI es «un verdadero garante de las señas de identidad de la ciudad» de Ibiza. Damià Verdera, comodoro del CNI, cerrará el acto, que contará con la actuación del grupo Simple Rock.

Mientas tanto, representantes de la Escuela de Vela del CNI realizaron ayer un recorrido «reivindicativo» por Vila y pararon en el Consell, el edificio judicial de Sa Graduada y frente a la Clínica Vila Park. Su objetivo era «trasladar a la población la problemática a la que se enfrenta el centenario club bajo cuyo paraguas se desarrollan los cursos formativos desde hace décadas».

En el recorrido utilizaron una embarcación tipo optimist «que aportó visibilidad a la reivindicación» llevada a cabo por las calles de la ciudad.

La condena de Alberto Pedraza

Por otra parte, la Audiencia Nacional ha condenado a once meses de prisión al empresario Alberto Pedraza Jorde por un delito de estafa, como avanzó el pasado martes el Periódico de España (propiedad de Prensa Ibérica, editora de Diario de Ibiza).

Pedraza está relacionado con la mercantil Puertos y Litorales Sostenibles (al menos se ha dirigido como tal a varios particulares), empresa que compite con el Club Náutico Ibiza (CNI) para la concesión del espacio portuario de Ibiza que la entidad ibicenca ocupa y gestiona desde hace 99 años.

Según Periódico de España, este empresario relacionado con Puertos y Litorales Sostenibles (PLS) llegó a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para rebajar su condena por estafa y falsificación a cambio de declararse culpable. Finalmente, ha sido condenado a once meses de prisión.

Advertencia a la APB

Debido a que la Ley de Contratos del Sector Público impide que ninguna Administración contrate a un condenado por corrupción en los negocios, la directiva del Náutico Ibiza ha puesto al corriente a la Autoridad Portuaria de esta sentencia contra Pedraza, según confirman fuentes cercanas al caso.

En un documento que cita el medio digital la Gaceta Náutica, el CNI ha advertido por escrito al organismo portuario de que está obligado a averiguar la titularidad real de las sociedades que concurren a sus concursos, pues así lo exige la Ley de Blanqueo de Capitales. «La APB tiene encomendada la gestión y defensa de los bienes de dominio público que tiene afectados. El mínimo principio de diligencia exige determinar la titularidad real de las entidades a las que encomienda la gestión directa de ese espacio a través de concesión o autorización», señala el documento enviado por el CNI a la APB y que recoge este medio digital.

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Los condenados deberán abonar al menos 15.000 euros al denunciante, que les acusaba de haber tratado de apropiarse de casi siete millones de euros, confirman que se pusieron de acuerdo para «elaborar documentos mendaces» que simulaban un contrato de servicios, con la intención de reclamar ante la justicia de Polonia el supuesto impago de unos trabajos de arquitectura, que en realidad no se llevaron a cabo, añade Periódico de España.

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«Una vez elaborados tales documentos mercantiles, fueron presentados por Miguel de Oriol Icaza a través de sus representantes legales ante el Tribunal competente de Gdansk, Sección IX económica, como anexos a la demanda de reclamación de 2.450.000 euros, cantidad, que decía corresponderse con los inexistentes trabajos efectivamente elaborados, que ascendían a 2.190.000 euros, más los intereses», explica la Fiscalía en su escrito de acusación, que aceptan los condenados. Sin embargo, la demanda fue desestimada por la justicia polaca, que estimó que los hechos habían prescrito.

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