Sant Josep rechaza un chiringuito desmontable en la zona de Punta Pedrera

El Ayuntamiento considera que este espacio protegido no es adecuado y supone un «agravio comparativo» con los que optaron a explotar los dos chiringuitos autorizados en Punta Xinxó y Cala Codolar

Vista aérea de la zona de Punta Pedrera, en la costa de Sant Josep, protegida como ANEI. | XAVI DURÁN

Vista aérea de la zona de Punta Pedrera, en la costa de Sant Josep, protegida como ANEI. | XAVI DURÁN / eugenio rodríguez. eivissa

Eugenio Rodríguez Martos

Eugenio Rodríguez Martos

El Ayuntamiento de Sant Josep ha informado en contra de una solicitud para la instalación de un kiosco-bar desmontable de 19,2 metros cuadrados, con 11 mesas, 38 sillas y cuatro parasoles, en la zona de Punta Pedrera. La solicitud del permiso es para un periodo de cuatro años. El proyecto, presentado ante la Dirección general de Costas por la sociedad Salt Bay, contempla también una tarima de madera de 50 metros cuadrados y dos baños químicos adaptados para personas con movilidad reducida instalados sobre una estructura de madera de 8,6 metros cuadrados.

En cuanto al suministro eléctrico, se contempla hacerlo a través de placas fotovoltaicas. Además, aunque en principio la limpieza de la vajilla se prevé fuera de las instalaciones, el proyecto prevé dos depósitos de agua, con una superficie de dos metros cuadrados, en el exterior del kiosco para la limpieza de las barras y las mesas.

Reglamento de Costas

El reglamento de Costas establece, en el apartado del régimen de utilización de playas, la posibilidad de que se instalen establecimientos de comida y bebida desmontables. Ahora bien, el informe municipal desfavorable señala que, aunque la ubicación del kiosco se halla en zona de dominio público marítimo-terrestre, no puede considerarse como una playa al tratarse de una zona rocosa de acantilados. Tampoco es accesible desde ninguna playa.

Además, se trata de un Área Natural de Especial Interés (ANEI), «relativamente aislada, poco frecuentada, sin ningún otro tipo de ocupación ni usos turísticos ni vinculados al litoral. Por ello, el informe señala que «no se considera un espacio adecuado para la ubicación de este tipo de instalaciones». Es más, el Consistorio señala que lo «más conveniente» es «la preservación de este espacio sin ningún tipo de ocupación».

Protección de Punta Pedrera

Hay que tener en cuenta que el primer gobierno autonómico presidido por el socialista Francesc Antich protregió Punta Pedrera mediante la ley 4/2008 de medidas urgentes en materia de territorio con la ampliación de la superficie de la ANEI colindante. Por ello, la Comunitat Autònoma fue condenada por los tribunales a indemnizar a los propietarios con 87 millones de euros.

Por otra parte, el proyecto contempla una ocupación total del kiosco de 29,8 metros cuadrados, cuando la orden de distribución de instalaciones de temporada determina que tienen que ocupar 20 metros cuadrados como máximo.

El Ayuntamiento esgrime un tercer argumento en contra de este chiringuito. La Demarcación de Costas autorizó un plan municipal de distribución de instalaciones temporales entre 2022 y 2025 que incluye dos kioscos desmontables en el litoral: en las playas de Punta Xinxó y Cala Codolar. La adjudicación de la explotación de estos negocios de temporada se lleva a cabo a través de una licitación pública «en igualdad de condiciones de todos los posibles interesados». En cambio, en el caso de la solicitud de Salt Bay en Punta Pedrera, al ser una adjudicación directa, supondría «un agravio comparativo» con respecto a las empresas que optaron a la licitación de los kioscos de Punta Xinxó y Cala Codolar.

Sant Antoni informó a favor de un chiringuito similar, pero luego rectificó

El gobierno de izquierdas de Sant Antoni presidido por José Tur, ‘Cires’, informó a favor, a mediados de 2018, de la instalación de un kiosco en Cala Gració similar al de Punta Pedrera, con el mismo número de mesas y sillas. Pero posteriormente, a raíz de las críticas surgidas, rectificó e impidió su apertura cuando ya había sido montado. A raíz de la querella presentada por el promotor (Bambagas), el exalcalde José Tur y la concejala socialista Cristina Ribas, entonces responsable del departamento de Urbanismo, se sentarán en el banquillo de los acusados por la supuesta comisión de un delito de prevaricación al impedir la apertura del negocio de temporada. La promotora reclama, además, una indemnización de 1,5 millones.

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