El responsable de la empresa que compite con el Club Náutico Ibiza, condenado por estafa

La Audiencia Nacional ha condenado a once meses de prisión al empresario Alberto Pedraza Jorde por un delito de estafa, como avanzó el pasado martes el Periódico de España (propiedad de Prensa Ibérica, editora de Diario de Ibiza). Pedraza es administrador de Puertos y Litorales Sostenibles, empresa que compite con el Club Náutico Ibiza (CNI) para la concesión del espacio portuario de Ibiza que la entidad ibicenca lleva gestionando 99 años.

Según Periódico de España, el administrador de Puertos y Litorales Sostenibles (PLS) llegó a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para rebajar su condena por estafa y falsificación a cambio de declararse culpable. Finalmente, ha sido condenado a once meses de prisión.

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Debido a que la Ley de Contratos del Sector Público impide que ninguna administración contrate a un condenado por corrupción en los negocios, la directiva del Náutico Ibiza ha puesto al corriente a la Autoridad Portuaria de esta sentencia con Pedraza, avanza La Gaceta Náutica.

En un documento que cita el mismo medio digital, el CNI advierte al organismo portuario de que está obligado a averiguar la titularidad real de las sociedades que concurren a sus concursos, pues así lo exige la Ley de Blanqueo de Capitales. "La APB tiene encomendada la gestión y defensa de los bienes de dominio público que tiene afectados. El mínimo principio de diligencia exige determinar la titularidad real de las entidades a las que encomienda la gestión directa de ese espacio a través de concesión o autorización", señala el documento citado por este medio digital.

Los condenados deberán abonar al menos 15.000 euros al denunciante, que les acusaba de haber tratado de apropiarse de casi siete millones de euros, confirman que se pusieron de acuerdo para "elaborar documentos mendaces" que simulaban un contrato de servicios, con la intención de reclamar ante la justicia de Polonia el supuesto impago de unos trabajos de arquitectura, que en realidad no se llevaron a cabo, añade Periódico de España.

"Una vez elaborados tales documentos mercantiles, fueron presentados por Miguel de Oriol Icaza a través de sus representantes legales ante el Tribunal competente de Gdansk, Sección IX económica, como anexos a la demanda de reclamación de 2.450.000 euros, cantidad, que decía corresponderse con los inexistentes trabajos efectivamente elaborados, que ascendían a 2.190.000 euros, más los intereses", explica la Fiscalía en su escrito de acusación, que aceptan los condenados. Sin embargo, la demanda fue desestimada por la justicia polaca, que estimó que los hechos habían prescrito.