El sector náutico de Ibiza alerta del «caos» que provocarán los barcos de recreo alquilados

«Lo que hacen es un efecto llamada hacia las islas y generar un caos innecesario». Así de contundente se muestra el delegado en las Pitiusas de la Asociación Patronal de Empresarios de Actividades Marítimas (Apeam) , Rafael Cardona, sobre el real decreto aprobado en 2023 por el Ministerio de Transportes.

Dicho real decreto contempla la posibilidad de que las embarcaciones de Lista Séptima (de uso privado) puedan alquilarse durante tres meses al año, algo que hasta ahora solo podían hacer las de Lista Sexta (las de empresas de chárter náutico).

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Para Cardona, no solo se hace una llamada a aquellas embarcaciones de recreo que se encuentran en otros puertos sino que el «problema» es también aquellas que tienen base en las islas, que se encuentran en Lista Séptima y que se podrán alquilar «sin ningún control» debido a la «incapacidad» de las autoridades competentes para controlar que todos estos barcos cumplan con las normativas.

«Lo que se encontrarán las Capitanías Marítimas es que estarán sobre saturadas porque es imposible que, con la dotación de personal que tienen, puedan dar abasto a esto», insiste Cardona, que duda que se llegue a controlar las condiciones de aquellos barcos que pasen a alquilarse durante tres meses.

Además, provocará incrementar el número de embarcaciones en el mar ya que aquellas que hasta ahora se reservaban a uso privado podrían salir a navegar en más ocasiones para sacar rendimiento económico.

Preocupación en el Govern

El tema también preocupa lo suficiente al Govern balear como para que el conseller de la Mar, Juan Manuel Lafuente, y su director general de Transporte Marítimo, Antonio Mercant, hayan pedido una reunión con responsables del Ministerio de Transportes para intentar evitar unas situaciones «que pueden romper el equilibrio que ahora existe en el sector náutico» del archipiélago.

El problema radica, según denuncia el presidente de la asociación balear de chárter náutico, José María Jiménez, en que ya hay plataformas de internet que están ofreciéndose a los particulares para alquilar sus embarcaciones privadas, lo que abre el riesgo de que, aunque desde la Administración balear se pongan trabas a esa medida, barcos alquilados en otros puntos del litoral español se desplacen hasta el archipiélago coincidiendo con tres de los meses con mayor actividad, como son julio, agosto y septiembre.

Hay que tener en cuenta que en el citado real decreto se especificaba que esta medida entra en vigor a partir del próximo 1 de julio.

El hecho de que esté pendiente su desarrollo normativo no tranquiliza a las empresas del sector, que temen la llegada de esa competencia desleal coincidiendo con un inicio de año en el que las reservas de yates de alquiler para los próximos meses está cayendo entre un 15% y un 20%.

Invadir la costa

Para el representante de Apeam en las Pitiusas, se trata de un generar «un caos innecesario» porque, añade, a las embarcaciones que ya están en las islas se le sumarán aquellas que llegarán de la Península para «fondear e invadir toda la costa», sin ningún tipo de control.

Cardona es partidario que aquellos que quieran sacarle rendimiento económico o hacer negocio que inscriban la embarcación en Línea Sexta y «paguen los impuestos que tienen que pagar, las revisiones y que tengan las coberturas de seguros que requieran», insistió.

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Para Cardona, con este reglamento, lo único que se fomenta es el «descontrol» porque no habrá ninguna administración capacitada para velar por el cumplimiento de la normativa «con todo el volumen de tráfico» que ya hay de normal durante los meses estivales.

El representante ibicenco, de hecho, señala que actualmente ya hay embarcaciones que «incumplen» y son «ilegales», una situación que irá a peor en el momento que entre en vigor la normativa: «Cuando provocas una avalancha, estará todo descontrolado», sentencia.

Intervención del Govern

El director general de Transporte Marítimo del Govern señala que el conseller y él esperan mantener este mismo mes una reunión en Madrid con el secretario general de Transporte Marítimo, Benito Núñez, y con el director general de Marina Mercante, Gustavo Santana, para tratar esta cuestión, entre otras.

Según Mercant, la puerta que el Gobierno central ha abierto puede tener sentido en otras autonomías donde el sector del chárter náutico apenas es significativo, pero no duda en afirmar que esa medida es una «barbaridad» en Balears, donde la presencia de empresas muy profesionales dedicadas a esta actividad es notable. «Se puede montar un follón muy gordo», lamenta el director general, que insiste en que el Govern va a hacer todo lo que está en su mano para evitarlo.

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