Un tribunal suspende la licitación del nuevo servicio de autobús de Ibiza

Las empresas Sagalés y Alsa han recurrido los pliegos al considerar que se infravalora el coste del personal 

Turistas suben a un autobús en Platja d'en Bossa.

Turistas suben a un autobús en Platja d'en Bossa. / Vicent Marí

Tras años de tramitación, el proceso para renovar el transporte en autobús en la isla de Ibiza se topa con un nuevo bache que desde el Consell esperan que no implique un mayor contratiempo. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha decidido suspender el proceso de licitación del servicio de transporte interurbano por carretera de la isla, un contrato a diez años con un valor estimado de 87 millones de euros. 

El órgano administrativo concede con esta decisión la medida cautelar solicitada por Voramar el Gaucho SLU (Alsa) y 32 Eivissa Bus SA (Sagalés) en sendos recursos interpuestos contra los pliegos del procedimiento de licitación. A pesar de la suspensión, el órgano permite que siga abierta la presentación de ofertas a este concurso público, con un plazo que acaba el 24 de enero.

Valoración de costes

El motivo principal del recurso es la valoración del coste de la plantilla que fijan los pliegos, con el que no están de acuerdo las empresas recurrentes. Por un lado, valoran que el precio fijado para los salarios del personal está infravalorado, lo que supondría desde su punto de vista un perjuicio económico para las empresas contratistas. 

Por otro lado, los pliegos señalan que la revisión excepcional de precios sólo se puede hacer a partir del segundo año de servicio y las empresas solicitan que se pueda hacer desde el primer año. Esta última reclamación se debe a un cambio en la Ley de Contratos del Sector Público que ha entrado en vigor este año y no se habría plasmado en los pliegos.

Un autobús de la línea de Ibiza al aeropuerto.

Un autobús de la línea de Ibiza al aeropuerto. / Vicent Marí

El tribunal considera que «los motivos que fundamentan la interposición de los recursos pone de manifiesto que los perjuicios que podrían derivarse de la continuación por sus trámites del procedimiento de contratación, son de difícil o imposible reparación, por lo que procede suspenderlo cautelarmente hasta el momento que se dicte la resolución del recurso».

«La presentación de recursos por parte de las empresas era una posibilidad que contemplamos desde el principio», explicó el conseller de Territorio, Ordenación Turística, Movilidad, Infraestructuras Viarias y Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, «siempre hemos dicho que el plazo para adjudicar este servicio rondaría el año porque en licitaciones de esta importancia son habituales los recursos». 

Respecto a los motivos del recurso, el conseller indicó que los servicios técnicos del departamento de Movilidad consideran que los precios fijados en los pliegos para el personal «están adecuadamente justificados, incluso por encima de lo que actualmente cuestan en este tipo de concesión».

"Una buena noticia"

Juan celebró que el órgano administrativo no hubiese suspendido la presentación de ofertas, «es una buena noticia porque teníamos abierto el plazo hasta enero y sigue siendo posible presentar nuevas ofertas de candidatos a este concurso y el proceso sigue sin contratiempos en este trámite»

Posibles efectos

La suspensión tendrá por tanto un efecto real sobre el procedimiento a partir de que se inicie el proceso de estudio de ofertas. La administración no podrá abrir los sobres con las ofertas hasta que el órgano administrativo resuelva el procedimiento. El plazo habitual para la resolución de estos procedimientos está entre los dos y los tres meses.

De lo que resuelva el tribunal dependerá el mayor o menor retraso. Si desestima los recursos el proceso seguirá adelante sin más retraso que el tiempo que tarde en hacerse pública esa resolución.

Si el tribunal estimara que es necesario modificar los pliegos ya se abriría diferentes horizontes. La inclusión de la cláusula de revisión excepcional no tendría mayor impacto y el proceso podría seguir con normalidad, pero si estimase que se debe revisar el coste de laboral de los trabajadores debería abrirse un nuevo proceso de presentación de ofertas para que las empresas lo tuvieran en cuenta en los presupuestos que presentasen al concurso.