El titular de la licencia de Vadella 24 pide al juez que suspenda las obras por las escuchas de la Guardia Civil

La mercantil Átika del Noroeste SL, la que obtuvo, en julio de 2001, la licencia de obras que ampara la construcción de la promoción inmobiliaria Vadella 24, detrás de la playa de Cala Vedella, ha solicitado en el Juzgado de lo Contencioso número 3 de Palma que ordene, como medida cautelar, la suspensión de las obras.

Tal como publicó este diario, las obras de esta promoción se retomaron a mediados de octubre después de haber estado cuatro años paradas por mandato municipal, primero por la falta de permiso de la dirección general de Recursos Hídricos y luego por el hecho de que la promotora que ejecuta las obras, Vadella Mediterranean Homes SL, no es la titular de la licencia y Átika del Noroeste se niega a cederle los derechos de la misma.

Sin embargo, el anterior equipo de gobierno de izquierdas cambió de criterio y nueve días antes de las elecciones municipales del pasado mes de mayo acordó, en junta de gobierno, la estimación del recurso de reposición de la promotora y levantó la suspensión de la construcción de este edificio de 20 apartamentos, piscina y aparcamientos.

El titular de la licencia, que recurrió este acuerdo municipal por la vía contencioso administrativa, da un paso más y pide al juzgado que ordene la suspensión cautelar de esta obra. Basa su petición en «dos circunstancias relevantes». Por un lado, el demandante expone en el juzgado parte del contenido sobre Vadella 24 que aparece en las escuchas telefónicas de la Guardia Civil durante la investigación del supuesto caso de corrupción urbanística que afecta al exalcalde Ángel Luis Guerrero, la letrada municipal Carla García y a otros dos abogados externos al Ayuntamiento, un constructor y un aparejador. Este último (M.L.) es el director de la obra de Vadella 24.

Vía para cambiar de criterio

En una de estas conversaciones, la letrada municipal admite ante uno de los abogados investigados (M.A.) que fue este el que le «hizo ver» el argumento que utilizaba un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Balears (Fernando Socías), en un artículo en la publicación ‘Comentarios a la Ley de Urbanismo’, sobre la ausencia de comunicación de la transmisión de la licencia que utilizó para justificar el cambio de criterio. Hasta entonces, el Ayuntamiento siempre había defendido que «la licencia no seguía al terreno [tras su venta]».

Según la información publicada por este diario, en otras conversaciones se revela el debate entre los funcionarios sobre cómo levantar la suspensión de las obras y se apunta que el anterior alcalde, Ángel Luis Guerrero, había pedido a una técnica que «se arregle ya».

En otra conversación, de la que se deduce que no está claro quién va a firmar el informe que justifique la estimación del recurso de la promotora, la letrada municipal dice: «...ya está, lo firmaré, me da igual». «A mí esto me da igual yo no tengo ningún interés. Vale, es una cosa que quiere el alcalde, pues si puedo ayudar, ayudo», afirma en otro momento. También sostiene que «no es que no crea en ello», pero reconoce que, en su momento, hizo «una cosa rápida para que siguiera paralizado» y ahora tener que admitir que se equivocó, «no es plato de buen gusto».

El escrito que Átika del Noroeste ha remitido al juzgado considera que se trata de «una situación escandalosa» y que no tendría ninguna trascendencia inmediata, si no fuera por el hecho de que se ha retomado la construcción de Vadella 24. Agrega que lo que se desprende de lo que se ha conocido de la investigación del supuesto caso de corrupción urbanística de Sant Josep es que «la actuación de los servicios jurídicos, a la hora de estimar el recurso de reposición [de la promotora para levantar la suspensión], se debe a intereses espurios del exalcalde y los promotores, no del cumplimiento de la legalidad».

«No se ajusta a Derecho»

Por este motivo, y aunque «sólo sea a efectos indiciarios», añade que resulta «claro que la resolución no se ajusta a Derecho» y, mientras no se resuelva el contencioso, considera que se debería estimar la medida cautelar solicitada. En este sentido, la defensa de Átika del Noroeste advierte de que se puede provocar «un grave perjuicio a terceros [los compradores de los apartamentos] de difícil o imposible reparación» si el juez resuelve que las obras se están ejecutando sin licencia.

También señala que, según jurisprudencia del Tribunal Supremo, es «más lógico evitar que se construya cuando existe riesgo de demolición, aunque haya que indemnizar a los titulares de la licencia [si se confirma la transmisión a la propiedad del terreno] por la demora si hubiese derecho a edificar». En cambio, si se tuviera que derribar, «la indemnización a pagar a los compradores sería mucho mayor».

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