La esclavitud del siglo XXI en Ibiza

La exposición de Juan José Bermúdez estremece a todo el público reunido el viernes por la noche en el Casal d’Igualtat de Vila, con motivo del Día internacional contra la explotación sexual y la trata de personas. Sus palabras son a su vez el testimonio de dos víctimas de una de las redes de prostitución que operan en Ibiza. Dos de las pocas mujeres que se atrevieron a declarar ante la Policía.

El inspector Bermúdez, como jefe de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif), tiene bajo el punto de mira a unos 40 pisos sospechosos de funcionar como prostíbulos. En los últimos años, han ido sustituyendo a los clubes de alterne, de las que ya solo quedarían cinco en Ibiza.

Y estas casas, además, son las viviendas en las que están recluidas las propias mujeres explotadas. Incluso, vigiladas con cámaras y micrófonos, donde también reciben indicaciones sobre lo que deben decir en caso de visita policial. Por ejemplo, «enseñar un contracto de alquiler falsificado y decir que están allí libremente».

El cautiverio

En uno de estos pisos, en Platja d’en Bossa, vivieron su infierno los dos testimonios que revive Bermúdez. Allí hay tres habitaciones para ocho mujeres. No pueden rechazar a un cliente y tienen que estar disponibles de once de la noche a ocho de la mañana.

Además de sufrir todo tipo de episodios violentos, una de las víctimas confiesa que fue obligada a beberse su propia orina por orden de uno de los clientes, normalmente ebrios y bajo la influencia de estupefacientes. Como había explicado minutos antes la moderadora de la mesa redonda y psicóloga de Metges pel Món, Marta Martínez, son las consecuencias de una Ibiza que «se vende como un paquete de drogas, fiesta y prostitución».

Cada una de las ocho mujeres tiene que pagar a la mafia entre 200 y 300 euros por la habitación en el piso de Platja d'en Bossa

Bermúdez prosigue con las condiciones de esos cautiverios. No pueden comer ni cocinar si hay algún cliente y duermen en el sofá si la habitación está ocupada. No tienen acceso directo al dinero. Tampoco pueden elegir comida y la dieta que les facilitan prácticamente se limitaba a salchichas de pavo, galletas y yogur. Lo pudieron comprobar los propios agentes en la nevera.

En este piso, cada una de las mujeres tiene que pagar a la mafia entre 200 y 300 euros por la habitación. A la hora de captarlas, les prometen que después recibirán la mitad de los ingresos, «pero luego nunca cuadran las cuentas». Les retienen parte de sus ganancias con cualquier excusa, como la comida o los gastos.

De casualidad, en una visita rutinaria a este piso el año pasado, la patrulla de la Ucrif se encontró a una chica a punto de saltar por la ventana. Le habían estado pegando y no aguantaba más. Aprovechó la presencia de los agentes para dejar el piso y denunciar el infierno que allí sufría.

Al contrario que la mayoría de casos que se exponen en la mesa redonda o que trata Metges pel Món, esta mujer salvada cuando iba a saltar era española, apunta Bermúdez. Había empezado a prostituirse por su cuenta en la Península y luego recaló en Ibiza por el cebo del dinero, a través de una organización. Acabó atrapada como el resto de compañeras extranjeras. Si hasta entonces había ido por libre, pasó a estar controlada desde que la recogieron en el aeropuerto.

El perfil

El otro testimonio que recogió la policía sobre el mismo piso, tan solo hace tres meses, coincidía plenamente con el anterior. Pero había una diferencia de peso: el pavor que mostraba la víctima. Era colombiana, al igual que sus captores, por lo que conocen «sus barrios y sus familiares».

Temen por ellos y, de hecho, buena parte de estas mujeres mantiene desde la distancia a padres o hijos. Por eso, cuando ven que no les cuadran las cuentas que les habían prometido, siguen en manos de estas redes para asegurar que, al menos, llegue algún dinero a sus allegados.

Estos casos los conocen bien en Metges pel Món. Esta asociación, nacida para velar por la salud universal, en Ibiza se dedica a facilitar el acceso a la atención sanitaria en casos de prostitución e inmigrantes. Solo durante este año, han atendido a 400 mujeres, la mayoría de ellas latinas (80%), especialmente, colombianas, con una media de 34 años de edad.

Como detalla Cati Cardona, trabajadora social de esta entidad, «sienten culpabilidad y les cuesta reconocerse como víctimas de explotación». «Llegan en busca de mejores condiciones económicas y se encuentran con una situación completamente diferente a la que les habían prometido, atrapadas entre las cuatro paredes del piso», abunda. Necesitan atenderlas con delicadeza, sin juzgar ni ir rápido, prestándoles apoyo psicológico y emocional. Y, sin presionarlas, derivándolas a la Policía si se ven con ánimo de denunciar.

«Nosotros jamás pediremos la documentación a una persona que viene a la Comisaría a pedir ayuda»

La subinspectora Jimena López también recibe a víctimas de proxenetismo. Pero, en su caso, como responsable de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM). «Algunas están con sus hijos menores en estos pisos donde se ejerce la prostitución e, incluso, nos han llegado los avisos por parte de clientes», recuerda.

El amparo

López se encuentra con que muchas de estas mujeres arrastran tanta vergüenza como miedo a las represalias de sus explotadores. Como muchas están en situación irregular, temen pagar las consecuencias si acuden a la Policía. «Nosotros jamás pediremos la documentación a una persona que viene a la Comisaría a pedir ayuda», subraya. Al contrario, se les ofrece protección y, si se atreven a declarar contra sus explotadores, facilidades para regularizar su situación, al igual que a sus hijos menores si tuvieran.

Aquella chica colombiana recluida en Platja d’en Bossa sí que se atrevió a avisar al teléfono de atención a las víctimas de explotación sexual, después de un capítulo de violencia. Bermúdez explica que a esta mujer se le facilitó amparo y «salió escopeteada» a un centro de protección en Barcelona. Aún así, «como tiene tal necesidad de dinero para sus familiares en Colombia, sigue ejerciendo la prostitución».

El proceso de captación se produce en países donde la policía española no puede actuar

En estos casos, se ofrece a las víctimas un periodo de reflexión de 90 días para después preguntarles si ratifican su denuncia. No son pocas las que, por temor o porque no quieren revivir su pesadilla, optan por pasar página. Por ejemplo, la chica española, víctima del mismo piso, «quiso olvidarlo todo». Hay otra gran traba: la ardua dificultad para encontrar pruebas objetivas que permitan procesar a sus explotadores.

El proceso de captación se produce en países donde la policía española no puede actuar. Las chicas, una vez en España, llegan después solas a Ibiza, con su pasaporte, sin un rastro que las conecte con un grupo criminal organizado. Después, las suelen rotar de piso cada 15 días, por todo el país, para que no creen ningún vínculo.

En alguna ocasión, se ha podido llegar a detener por coacciones o agresiones a un proxeneta, pero otra cosa es probar que está implicado en trata de blancas, un delito penado entre cinco y ocho años de prisión. En un estado de derecho garantista como España, no basta la declaración de la víctima. «Hablamos de mafias que conocen mejor el derecho penal que nosotros», advierte Bermejo.

Los avisos

De la misma manera, estos grupos cuentan con solvencia suficiente pueden alquilar pisos a un precio superior al del mercado, incluso en Ibiza. Por mucho que la Policía Nacional acabe conociendo su localización. Los propios vecinos suelen dar aviso, ya que es una actividad que suele reconocerse por el taconeo a altas horas de la madrugada los clientes que llegan colocados y se equivocan de timbre.

Cuando los agentes van a inspeccionar, normalmente no les dejan entrar. Un domicilio es inviolable en España, salvo autorización judicial. A veces, les recibe la madame y les cuenta una situación de normalidad.

Desde 2017, solo ha llegado un caso de trata de personas para la explotación sexual en los Juzgados de Eivissa

Hay un detalle que deja patente esta aparente impunidad con que operan las mafias de la prostitución. En 2017, se creó el turno de oficio para atender a víctimas de explotación sexual. Solamente se ha dado un caso en Ibiza, cuando cinco mujeres se animaron a denunciar a sus explotadores, como indica Víctor Jiménez, el abogado que lleva el caso. Además, lamenta que, en España «no hay voluntad política para abordar con medios suficientes estos delitos». «Son casos largos, que suponen años de investigación», detalla. Es decir, serían inasumibles para un abogado de oficio de Ibiza, que recibe «15 casos en un solo día».

Más allá de la investigación policial, Àngels Gallardo, de la Unidad de Violencia de Género de la Policía Local, sí que ha podido atender a muchas de ellas para que puedan sacarse la tarjeta sanitaria, a partir de un protocolo conjunto con Metges del Món. Para ello, deben empadronarse primero, por lo que acude a estos pisos en horas sin actividad, como el mediodía, y vestida de paisana. «Lo que nos encontramos allí son mujeres, cocinando o excusándose porque aún no han hecho la cama, y en situación de vulnerabilidad extrema pese a que no son unas sin techo», apunta.

La atención

La Policía y Metges pel Món derivan casos a la Oficina de la Dóna del Consell. Este año, han pasado nueve por su centro de acogida. «Seis de ellas han salido de la prostitución y ahora son felices con un trabajo estable», valoran Adah Cid y Carmen Bella, dos técnicas de esta oficina.

Sin embargo, lamentan que el centro de acogida, planteado para víctimas de violencia de género, no es el espacio adecuado para acoger también a mujeres prostituidas. «No tienen una rutina de sueño, a veces con problemas de consumo, y no sienten confianza para hablar con las demás, por lo que a veces chocan con las demás. Hace falta un recurso específico para ellas», sentencian.

Suscríbete para seguir leyendo